Por Iara Pietricovsky, directora ejecutiva de Abong

ABONG (organizaciones en defensa de los derechos y los bienes comunes, nuestro miembro brasileño) se ha manifestado en contra de las declaraciones del entonces candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, que el pasado 21 de octubre volvió a desafiar a la democracia con declaraciones que son auténticas amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC) brasileñas. 

En un discurso pronunciado para los manifestantes a favor de su candidatura, Bolsonaro afirmó que va a hacer una «limpia» y que los «rojos marginales» serán «vetados» en el país, en referencia a sus adversarios. «Ahora, la limpia va a ser mucho más exhaustiva. Si quieren quedarse aquí, esa gente va a tener que someterse a la ley de todos nosotros. O se van fuera o van a la cárcel. Esos rojos marginales serán vetados en nuestra patria». (…) «Ya no van a contar con más ONG para saciar el hambre de mortadela que tienen. Será una limpieza nunca vista en la historia de Brasil». (Aquí puede leer sobre el Observatorio).

Al realizar declaraciones tan inaceptables como estas, Bolsonaro no solo hace referencia a un proyecto de dictadura, sino que se comporta como si ya estuviéramos inmersos en una, obviando por completo la Constitución de 1988 y el Estado Democrático de Derecho, así como las muchas garantías institucionales que sustentan los derechos civiles y políticos, muchas de las cuales garantizan, por ejemplo, la existencia de partidos como el suyo.

Apreciamos la libertad de expresión, si bien esta no puede servir de excusa para una secuencia de expresiones de odio que aprueban la violencia y el desprecio por la diversidad, característica intrínseca de la sociedad brasileña.

La gran mayoría de las ONG brasileñas son instituciones responsables y respetables que luchan contra la desigualdad, y muestran un profundo compromiso con la democracia. El artículo 5.º de la Constitución Federal de 1988 garantiza la libertad de pensamiento y de organización independiente. Las OSC solamente se pueden cerrar mediante una decisión judicial tramitada en un juzgado, estando prohibida la interferencia del Ejecutivo en su funcionamiento.

No existe ningún área de las políticas públicas brasileñas sin la participación efectiva de las OSC. Somos distintas, diversas e independientes de partidos, iglesias y gobiernos. Sin embargo, no somos apolíticas. Defendemos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estamos en contra de cualquier forma de dictadura o de dictadores.

Somos conscientes de que el principal problema de Brasil es la desigualdad, causa de la violencia, del hambre y de la exclusión de la mayor parte del pueblo brasileño en el acceso a los derechos. La salida para Brasil no es más violencia, ni enfrentar al pueblo contra el pueblo.

Las declaraciones del presidente electo demuestran un sesgo autoritario e irrespetuoso con lo diferente, y van en contra de los valores de la democracia, de la justicia y de la paz.