Por Clarisse Sih y Bibbi Abruzzini, Forus, socios del consorcio EU SEE

En muchas partes del mundo, el entorno propicio para la sociedad civil se ha visto condicionado durante mucho tiempo no solo por prohibiciones abiertas, detenciones o el cierre de organizaciones, sino también por formas más sutiles de restricción. Entre ellas se encuentra la supresión de contenidos, una táctica más silenciosa y a menudo menos visible utilizada por los gobiernos y otros actores poderosos para limitar el espacio cívico y controlar los discursos.

En lugar de prohibir abiertamente la acción cívica, las autoridades controlan cada vez más lo que se puede ver, compartir, archivar o amplificar, tanto en línea como fuera de línea. Se cancelan obras de teatro, se borran archivos, se eliminan cuentas de redes sociales, se prohíben símbolos y se eliminan conceptos enteros del discurso público. El resultado es similar: menos espacios para la disidencia, menos narrativas que desafíen al poder y menos registros de voces alternativas.

En todas las regiones, los actores de la sociedad civil advierten de que la supresión de contenidos se ha convertido en un mecanismo central para restringir el entorno propicio, a menudo bajo el pretexto de la legalidad, alegando motivos como los derechos de autor, el orden público, la protección de las marcas registradas o los valores nacionales. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funcionan estas prácticas en diversos contextos políticos y culturales.

Nigeria: visibilidad bajo presión

En Nigeria, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes se enfrentan cada vez más a la supresión algorítmica, la eliminación selectiva y la restricción de contenidos, especialmente cuando abordan cuestiones de gobernanza, elecciones, corrupción o abusos en el sector de la seguridad. Aunque las plataformas siguen siendo accesibles, las voces críticas denuncian una disminución de su alcance, eliminaciones inexplicables y mayores riesgos cuando los contenidos desafían las narrativas políticas dominantes.

«La supresión algorítmica es la nueva forma de ataque al espacio cívico a la que ahora deben hacer frente los actores cívicos en su trabajo. Si bien las plataformas permiten un pensamiento descentralizado o distribuido, la eliminación selectiva y la restricción de contenidos amortiguan la idea misma de expresión, lo que en última instancia debilita la participación y la inclusión. El desacuerdo (la falta de consenso) es permisible en una democracia y es la única forma en que la sociedad puede seguir siendo civilizada.

Las eliminaciones inexplicables eliminan la esencia de la civilidad de la sociedad civil», explica Oyebisi Oluseyi, de la Nigeria Network of NGOs.

Tal y como documenta la EU SEE, esta forma de supresión no siempre deja un rastro legal claro. En cambio, crea incertidumbre, lo que disuade a las organizaciones de publicar material sensible y debilita el acceso público a información independiente. La opacidad de los mecanismos de gobernanza de las plataformas dificulta la impugnación de las decisiones o la búsqueda de soluciones.

Hong Kong: borrado cultural y eliminación de archivos

En Hong Kong, la supresión de contenidos se ha extendido más allá de las plataformas digitales a las instituciones culturales y los archivos académicos.

En octubre de 2025, la Autoridad del Distrito Cultural de West Kowloon canceló repentinamente las representaciones de «We are Gay», una obra teatral galardonada de la dramaturga Candace Chong, apenas unas horas antes de que se abriera la venta de entradas. Las autoridades citaron quejas del público y confirmaron que la decisión se tomó tras consultar con las autoridades gubernamentales. Los artistas describieron la cancelación como parte de una tendencia más amplia de censura cultural desde la introducción de la Ley de Seguridad Nacional.

Semanas más tarde, la cadena pública de Hong Kong RTHK ordenó a las bibliotecas universitarias que eliminaran todo el contenido archivado de RTHK, incluidos programas de importancia histórica que documentaban la vida social y política a lo largo de décadas. Desaparecieron colecciones digitales completas, mientras que también se eliminaron archivos ciudadanos independientes en plataformas como YouTube.

«El Centro de Derechos Humanos de Hong Kong ha estado siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos. Criticó esta medida como una campaña continua patrocinada por el Estado con el objetivo de combatir la «resistencia blanda», un concepto deliberadamente vago utilizado para justificar la represión de las voces disidentes y las narrativas que no se ajustan a la perspectiva del Gobierno. El Centro hace un llamamiento a la acción para apoyar las iniciativas que protegen y preservan la historia de la sociedad civil de Hong Kong, y para garantizar las oportunidades de libre expresión artística y cultural». – Anónimo, Centro de Derechos Humanos de Hong Kong.

En conjunto, estas medidas sugieren una estrategia que va más allá de limitar la expresión actual. También afectan a la memoria histórica. Cuando los archivos desaparecen, las sociedades pierden no solo las voces críticas, sino también el registro de cómo se desarrollaron los debates, cómo evolucionaron los movimientos y cómo respondieron las instituciones.

Filipinas: los sistemas de plataformas como instrumentos de silencio

En Filipinas, la supresión de contenidos ha adoptado una forma digital coordinada. En diciembre de 2025, cinco cuentas destacadas de Facebook pertenecientes a organizaciones de medios de comunicación, verificadores de datos y comentaristas —entre ellas Rappler, de la premio Nobel de la Paz Maria Ressa— fueron eliminadas simultáneamente tras denuncias idénticas por infracción de marca registrada presentadas por una sola fuente.

Aunque las cuentas se restablecieron posteriormente, el incidente puso de manifiesto cómo los sistemas de plataformas y las herramientas de moderación automatizadas pueden ser explotados para silenciar el periodismo crítico, aunque sea temporalmente, en momentos de sensibilidad política.

«El incidente demostró cómo el cambio de las plataformas de redes sociales como Facebook hacia la moderación de contenidos basada en la inteligencia artificial (IA) puede ser utilizado indebidamente por ciertas fuerzas para suprimir la libertad de expresión. Un moderador humano habría podido frustrar los claros intentos de censura. Los internautas deben exigir a las empresas de redes sociales y a los gobiernos que protejan las libertades fundamentales frente a las fuerzas represivas en línea». — Miembro de la red EU SEE en Filipinas.

Estos ataques crean un efecto disuasorio que va mucho más allá de las páginas afectadas, ya que indican a otros actores que la visibilidad puede ser revocada sin previo aviso. Incluso las interrupciones breves pueden perturbar el periodismo de investigación, limitar el acceso a la verificación de datos y socavar la confianza del público en el periodismo independiente.

Indonesia: criminalización de los símbolos y la identidad compartida

En Indonesia, la supresión de contenidos se ha extendido al ámbito de la expresión simbólica. En agosto de 2025, las autoridades prohibieron la exhibición pública de la bandera de «One Piece», ampliamente utilizada por los ciudadanos como símbolo de resistencia, solidaridad y crítica a las políticas gubernamentales.

Los funcionarios calificaron la bandera de provocación y sugirieron que podría equivaler a traición. En varias regiones, la prohibición fue aplicada por las fuerzas de seguridad, con casos documentados de uso excesivo de la fuerza.

«Tratar la bandera de One Piece como «traición» muestra hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para castigar la disidencia simbólica. Al tratar un símbolo inofensivo de solidaridad como un enemigo subversivo, las autoridades están reduciendo el espacio cívico y enviando un mensaje escalofriante de que cualquier crítica, por muy creativa o pacífica que sea, puede provocar represión. Esta medida también profundiza el miedo público y la autocensura, lo que indica que el Estado está más interesado en controlar los símbolos que en abordar las verdaderas quejas que los ciudadanos intentan expresar», explica un miembro de la red EU-SEE en el país.

El auge de la bandera de One Piece como símbolo global de la generación Z también pone de manifiesto los límites —y, en ocasiones, la paradoja— de la represión estatal. Los intentos de controlar el símbolo amplificaron su significado, transformándolo en un lenguaje compartido de resistencia más allá de las fronteras. Al intentar suprimir un símbolo, las autoridades contribuyeron a que se extendiera aún más.

Paraguay: borrar el lenguaje de las políticas públicas

En Paraguay, la supresión de contenidos ha adoptado la forma de borrado institucional. En noviembre de 2025, el Ministerio de Educación ordenó la eliminación de la palabra «género» de todos los materiales educativos, ampliando las prohibiciones anteriores sobre lo que las autoridades denominan «ideología de género».

Las organizaciones de la sociedad civil argumentan que esta decisión socava la educación cívica, el pluralismo y la igualdad, al tiempo que refuerza las narrativas contrarias a los derechos que presentan la igualdad de género como algo ajeno o ilegítimo.

«En realidad, con la eliminación de la perspectiva de género o el enfoque de género, se adopta una concepción estrictamente biológica que ignora la construcción de estereotipos y relaciones de poder, lo que limita gravemente el ejercicio de los derechos, la prevención de la violencia y las diferentes formas de discriminación, que son especialmente graves en Paraguay», afirma un miembro de la red EU-SEE en el país.

Al eliminar el lenguaje en sí, el Estado estrecha los límites del debate público, configurando lo que se puede discutir, enseñar y cuestionar en la sociedad. Cuando el vocabulario desaparece de los planes de estudio y del discurso oficial, también lo hacen los marcos que permiten a los ciudadanos articular reivindicaciones basadas en los derechos.

Pakistán: silenciar el arte, los medios de comunicación y las voces de los jóvenes

Los recientes acontecimientos en Pakistán ilustran cómo la supresión de contenidos puede operar en múltiples formas de expresión, desde el arte tradicional hasta el periodismo digital.

El 3 de enero de 2026, durante una Noche Musical y Cultural patrocinada por el Gobierno en los históricos Jardines Shalimar de Lahore, el qawwal Faraz Amjad Khan interpretó un qawwali que incluía una frase que hacía referencia al «Prisionero n.º 804». Al día siguiente, se presentó una denuncia preliminar (FIR) contra él en virtud de varios artículos del Código Penal de Pakistán. Las autoridades alegaron que la actuación introducía contenido político en un evento cultural no político y ponía en riesgo el orden público.

Khan negó cualquier intención política y afirmó que interpretó la pieza a petición del público. Un tribunal de Lahore le concedió la libertad provisional bajo fianza el 5 de enero, mientras continúan las investigaciones.

Más allá del caso individual, los cargos suscitan una preocupación más amplia sobre la libertad artística. Históricamente, el qawwali, la poesía y las tradiciones populares en Pakistán han servido como vehículos para el comentario social y la expresión colectiva. Criminalizar las actuaciones en estos contextos corre el riesgo de disuadir a los artistas de participar en críticas con raíces culturales y contribuye a un clima de autocensura.

Semanas más tarde, otro incidente puso de relieve la vulnerabilidad de los medios digitales. El 1 de enero de 2026, el académico paquistaní Zorain Nizamani publicó un artículo de opinión titulado «Se acabó» en The Express Tribune, en el que analizaba la desilusión de los jóvenes, la pérdida de confianza en las instituciones y la desconexión generacional. En cuestión de horas, el artículo fue retirado del sitio web del periódico sin explicación alguna.

Las capturas de pantalla circularon ampliamente en las redes sociales y muchos interpretaron la retirada como censura. Irónicamente, la retirada amplificó la visibilidad del artículo, pero también señaló a los escritores y académicos que los comentarios sobre la gobernanza, las relaciones entre civiles y militares o las tendencias migratorias pueden tener consecuencias inmediatas.

«La libertad de expresión se aplica a los espacios públicos culturales, simbólicos y cotidianos, no solo a la actividad política formal. Cuando dicha expresión se somete al control político, se refleja una reducción del espacio cívico y se imponen límites injustificados a los derechos fundamentales, lo que lleva a las personas a sentirse impotentes y cada vez más alejadas de la vida pública. Como resultado, las sociedades experimentan un retroceso en su trayectoria de progreso general, lo que debilita el entorno propicio para la participación cívica y la expresión democrática», afirma una fuente del país.

En conjunto, estos incidentes revelan cómo la represión puede dirigirse simultáneamente a diferentes ámbitos: el patrimonio cultural, el periodismo, el discurso académico y las perspectivas de los jóvenes.

Regulación de la diversidad de opiniones

Aunque estos casos difieren en su forma —restricción algorítmica, denuncias por marcas registradas, eliminación de archivos, prohibiciones simbólicas, eliminación de vocabulario, criminalización artística o retiradas inexplicables de medios de comunicación—, comparten una lógica común: regulan la visibilidad.

En lugar de prohibir directamente las organizaciones, las autoridades y los actores poderosos moldean cada vez más el propio ecosistema informativo. Influyen en qué narrativas ganan alcance, qué símbolos siguen siendo legítimos, qué historias se conservan y qué ideas pueden nombrarse.

Esta regulación de la diversidad de opiniones tiene efectos acumulativos.

En primer lugar, fragmenta el discurso público. Cuando algunos puntos de vista son ocultados algorítmicamente, borrados culturalmente o desalentados legalmente, las sociedades pierden la exposición a las perspectivas plurales necesarias para el debate democrático.

En segundo lugar, debilita la rendición de cuentas. El periodismo, la crítica artística y los comentarios académicos desempeñan un papel esencial en el escrutinio del poder. Cuando se restringen estas formas de expresión, la supervisión disminuye.

En tercer lugar, altera la memoria colectiva. La eliminación de archivos y la modificación de los planes de estudio remodelan la forma en que las sociedades entienden su pasado e imaginan su futuro.

En cuarto lugar, produce autocensura. Incluso cuando las consecuencias son inconsistentes u opacas, la incertidumbre en sí misma fomenta la cautela. Los escritores, artistas, educadores y activistas pueden evitar de forma preventiva los temas que se consideran delicados.

El denominador común no son los marcos jurídicos o los sistemas políticos idénticos. Es la gestión estratégica de la expresión a través de diferentes medios y formas culturales, desde los símbolos callejeros hasta las plataformas digitales, desde la poesía hasta el lenguaje político.

Defender la visibilidad

En conjunto, estos incidentes no apuntan necesariamente a una única estrategia global coordinada, pero sí revelan un patrón común: la supresión de contenidos funciona como un poderoso mecanismo para reducir el entorno propicio sin recurrir a prohibiciones abiertas. En algunos contextos, estas medidas pueden incluso preceder o culminar en detenciones.

Por lo tanto, para la sociedad civil, el desafío está evolucionando. No se trata solo de resistir los cierres o las detenciones. Se trata de defender la visibilidad en sí misma: el derecho a ser visto, escuchado, documentado y recordado en diversas plataformas y espacios culturales.

Defender el entorno propicio para la sociedad civil hoy en día significa enfrentarse a estas formas más silenciosas de supresión y garantizar que el silencio no se confunda con consentimiento.