Este artículo fue escrito por Rigo GENE del Conseil National des ONG de Développement (CNONGD), miembro de Forus en la República Democrática del Congo como parte de nuestros proyectos de desarrollo de capacidades con el apoyo de la AFD 

El contexto general en la RDC sigue dominado por la guerra impuesta al país por el grupo armado M23. Este conflicto armado ha provocado una grave crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de las poblaciones locales. En este contexto, es difícil ejercer plenamente las libertades públicas.

Es en este contexto que el país se prepara para las próximas elecciones presidenciales, legislativas y locales programadas para finales de 2023. La charla sobre la educación primaria gratuita será uno de los temas más importantes durante la campaña electoral. Ningún sistema educativo en el mundo es gratuito y la República Democrática del Congo no es una excepción.

La aplicación de la medida de educación básica gratuita tiene en cuenta, por una parte, los instrumentos jurídicos internacionales debidamente ratificados por la República Democrática del Congo, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Constitución de la UNESCO; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Declaración Mundial sobre Educación para Todos; la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y, por otro lado, la Constitución de la República Democrática del Congo de 2006 en su artículo 43, la Ley de Protección del Niño y la Ley Marco Nº 14/004 de 11 de febrero de 2014 de educación nacional, especialmente en su exposición de motivos.

A través de estos diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los objetivos mencionados constituyen la base de las orientaciones fundamentales del Estado congoleño para aliviar a los hogares pobres y promover el acceso a la educación de todos los niños, tanto niñas como niños. Antes de la implementación de la Política de Educación Básica Gratuita, los hogares tenían una contribución muy alta del 73% de los gastos educativos, mientras que las participaciones del Estado y los socios externos eran respectivamente del 23% y el 4% (RESEN, 2014). El costo total de garantizar la educación gratuita en el nivel primario desde el comienzo del año escolar 2019-2020 fue de más de 225 mil millones de francos congoleños por año, o casi 2,6 mil millones de dólares. La educación gratuita significa que la financiación de la educación, en su totalidad o en parte, no debe ser responsabilidad de los padres, sino que debe ser asumida por el Estado.

Sin embargo, un requisito previo para ello es pagar bien al personal docente, aumentar el número de edificios que cumplen con los estándares, garantizar la formación continua de los maestros, etc. Para hacer frente a estos desafíos de movilizar recursos para financiar la educación gratuita, se invita al Gobierno central y a las provincias a poner en marcha una estrategia adecuada para lograr este objetivo. Así, CNONGD y las OSC asociadas del sector educativo, reunidas durante el Día Nacional del Compromiso Político en Kinshasa, el 21 de noviembre de 2022, han formulado una serie de recomendaciones:

El Gobierno central debería: 

• Aumentar el presupuesto de educación en línea con los costos requeridos. El presupuesto del EPST debe tener en cuenta los elementos de costes directos, en particular la remuneración de los profesores y agentes de las oficinas de gestión, la responsabilidad de las evaluaciones de certificación (TENAFEP, etc.), el pago de los gastos de funcionamiento de las escuelas; la construcción y rehabilitación de escuelas, incluido el suministro de equipo, mobiliario escolar y material didáctico, etc.
• Implementar reformas institucionales y organizativas, incluida la absorción e integración de nuevas unidades; eliminación de estructuras presupuestarias no esenciales; racionalización de los agentes de la oficina de gestión en consonancia con las normas y estándares EPST; el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control en el uso de los fondos; el fortalecimiento de la comunicación y la interacción entre las estructuras del EPST a nivel nacional y provincial; Revisión del proceso o buena planificación de la creación de escuelas con respecto al mapa escolar · Utilizar una financiación innovadora para hacer frente a los efectos de la educación básica gratuita, que han creado necesidades adicionales significativas y crecientes, en particular el coste adicional de la contratación de unidades nuevas y no remuneradas.
• Destinar al menos el 25% del presupuesto nacional a la educación primaria y secundaria con el fin de satisfacer las necesidades de las personas vulnerables para acceder a una educación básica de calidad.
• Eliminar de la nomenclatura las tasas para la celebración del Test de Fin d'Etudes Primaires (TENAFEP) y los Exámenes de Estado (EXETAT): ambos ya están financiados por el Gobierno Central y existe una línea presupuestaria para su cobertura por el Estado.
• Sancionar a todo gestor de enseñanza primaria, secundaria y profesional del sector público que cobre tasas distintas a las previstas en los textos legales y reglamentarios vigentes. · Actualizar permanentemente la base de datos de personal de EPST.

Los gobiernos provinciales deberían:

• Abstenerse de fijar tarifas para TENAFEP y EXETAT que se tengan en cuenta en el presupuesto nacional (Ley de Finanzas Públicas). Cada Ejecutivo Provincial debería, si hay necesidades adicionales, alinearse con el presupuesto provincial o pedir al Gobierno Central que presupueste y ejecute de acuerdo con las necesidades reales, ya que el número de personal es auténtico.
• Involucrar a la Sociedad Civil en el sector Educación en el proceso de fijación de tarifas para los grados 7º y 8º para los que cuentan con la autorización.

PORQUE

El derecho a la educación está consagrado en nuestra Constitución y la investigación muestra que la educación de calidad para niñas y niños conduce a una mejor salud, desempeña un papel clave en las perspectivas y oportunidades de vida de los jóvenes, y sienta las bases para que los estudiantes prosperen en su vida cívica, social, laboral y personal.