Desde las restricciones a la defensa de los derechos de género en Argentina hasta la supresión de las voces indígenas en Paraguay, los acontecimientos actuales en América Latina y Central revelan un patrón de retroceso en los avances que se habían logrado anteriormente en materia de igualdad e inclusión, así como una necesidad urgente de solidaridad, resistencia y visibilidad. Las opiniones de los miembros de nuestra red exploran estos acontecimientos y su impacto en la sociedad civil.

Argentina: silenciando una voz feminista destacada en la OEA

El feminicidio en 2015 de Chiara Páez, de 14 años, desencadenó una acción nacional en Argentina y dio lugar a la primera marcha Ni Una Menos contra la violencia de género. Este movimiento transformador se extendió rápidamente más allá de Argentina, replicándose en Perú, Uruguay, Italia y Alemania, entre otros lugares, pero también inspirando protestas en toda América Latina y más allá.

«Balance ton porc», «Un violador en tu camino» y #MeToo se han convertido en movimientos globales, cada uno de ellos surgido de contextos socioculturales y nacionales diferentes, pero con resonancia más allá de las fronteras.

Arraigado en la larga historia de resistencia de Argentina, en particular de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el activismo feminista en Argentina se ve amenazado desde que el nuevo Gobierno asumió el poder en 2023. Esto supone una advertencia para toda la región, que se enfrenta a agresivos ataques contra los derechos de las mujeres, la justicia social y la protección del medio ambiente.

El Gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, presentó una objeción formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para «desvincularse» de la inclusión de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), alegando que su compromiso con el aborto legal violaba el «derecho a la vida desde la concepción». Aunque la OEA no aceptó el veto, Argentina utilizó una nota al pie oficial para desvincularse de la presencia de CDD, un intento simbólico pero deliberado de socavar la participación de la sociedad civil en los foros internacionales.

CDD es una respetada voz feminista con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva religiosa. Su exclusión es señal de un intento más amplio por parte del Estado de redefinir quién puede hablar en nombre de la sociedad en los espacios multilaterales y quién no. Esto ha suscitado la preocupación de las organizaciones feministas y de derechos humanos, que lo consideran un ataque no solo a una organización, sino a la pluralidad, la expresión cívica y la justicia reproductiva, así como a la «pluralidad de voces en los espacios multilaterales», lo que afecta a la «participación democrática de la sociedad civil argentina».

Los movimientos feministas y sociales de Argentina han demostrado constantemente su resiliencia. Tras el incidente de la OEA, varias organizaciones se reunieron con el representante de derechos humanos de la ONU en Sudamérica para denunciar el intento de censura.

Este patrón de resistencia cívica no es exclusivo de Argentina. En toda la región, amenazas similares a los derechos y la participación están encontrando resistencia.

Paraguay: el cierre de oficinas amenaza la participación indígena

En Paraguay, la reciente decisión del Gobierno de cerrar la oficina central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en la capital, Asunción, ha suscitado preocupaciones similares.

Aunque se presenta como un esfuerzo de descentralización, las organizaciones indígenas advierten que la medida elimina efectivamente su presencia del centro político del país, reduciendo su capacidad para defender sus intereses, acceder a los servicios o influir en las políticas.

Grupos como MAIPy (Mesa de Articulación Indígena del Paraguay), ANIVID (Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna) y CONAMURI (Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas) han denunciado la decisión por considerarla unilateral, no consultiva y perjudicial para la representación indígena. Se produce en un contexto de crecientes tensiones, que incluyen desalojos masivos, negligencia gubernamental y restricciones presupuestarias que ya marginan a las comunidades indígenas.

Panamá: violaciones de los derechos humanos durante las protestas

En Panamá, en la provincia de Bocas del Toro, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura publicaron un informe preliminar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el reciente estado de emergencia, en el que los manifestantes se opusieron a una ley de reforma de las pensiones. Los detenidos denunciaron palizas, esposamiento prolongado y coacción, lo que llevó a la Defensoría del Pueblo a presentar una denuncia penal ante el Fiscal General.

La gravedad de estos abusos pone de relieve el creciente uso de la violencia estatal y los poderes de emergencia para reprimir las protestas públicas y los derechos de los trabajadores y las personas mayores, que ya se enfrentan a condiciones precarias en la primera milla de la cadena de suministro, a menudo sin rendición de cuentas y con una impunidad reinante.

Según la fundación libertad ciudadana, «declarar el estado de emergencia para restablecer el orden es legítimo si se utiliza dentro de las formas y límites del artículo 55», pero no permite la violación de «garantías esenciales como el hábeas corpus, la supervisión judicial o la privacidad de las comunicaciones».

México: la aceleración legislativa socava la participación ciudadana

En México, el poder legislativo aprobó 22 importantes reformas legales en solo 10 días, muchas de las cuales tienen implicaciones de gran alcance para el espacio cívico, la privacidad y las operaciones de la sociedad civil. En particular, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública introduce la vigilancia masiva a través de un sistema de información centralizado, lo que suscita alarmas sobre la extralimitación del Estado y las violaciones de las libertades fundamentales y la privacidad personal en Internet.

Si bien algunos movimientos de base (como los colectivos de madres que buscan a personas desaparecidas) lograron hacer oír su voz, esto se debió a la presión pública y no a una inclusión significativa. Los grupos de la sociedad civil han advertido que la nueva ley corre el riesgo de institucionalizar la vigilancia, regular en exceso a las OSC y consolidar el poder ejecutivo.

Perú: restricción y control de la sociedad civil

En Perú, la Ley APCI (Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional) se diseñó originalmente para regular y coordinar los esfuerzos de cooperación internacional en Perú. Sin embargo, desde su creación ha suscitado preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil, especialmente cuando se aplica para restringir o controlar sus fuentes de financiación y sus actividades, en una situación ya de por sí difícil.

Por ejemplo, la reciente aplicación de la Ley APCI en el contexto del caso Baguazo —un conflicto entre comunidades indígenas y fuerzas estatales en 2009— ha desencadenado protestas por el uso de esta ley para investigar a las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos o la protección del medio ambiente, lo que sienta un peligroso precedente y podría criminalizar la labor legítima de la sociedad civil.

Proética considera que «esta medida puede sentar un precedente en términos de violación de derechos fundamentales como la asociación, la expresión, la opinión y la participación ciudadana, ya que califica como delito muy grave el hecho de emprender acciones administrativas y judiciales contra el Estado. La Ley APCI se está utilizando para restringir el ejercicio de la representación legal que antes proporcionaban las asociaciones civiles, lo que afecta directamente al derecho a la defensa de las personas y comunidades que se enfrentan al Estado por casos de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción».

Colombia: homicidios y amenazas contra líderes sociales

En Colombia se ha producido un aumento sostenido de los homicidios y las amenazas contra líderes sociales, defensores de los derechos humanos y signatarios del Acuerdo de Paz. Más recientemente, el 11 de agosto de 2025, el senador Miguel Uribe Turbay falleció tras recibir un disparo durante un mitin político en Bogotá el 7 de junio, mientras se postulaba para las elecciones presidenciales de 2026.

Estos acontecimientos se producen en un contexto de fragmentación de los actores armados y de debilidad de la capacidad del Estado para garantizar la protección preventiva en las zonas rurales y periurbanas. El clima electoral ya estaba marcado por la polarización; la Misión de Observación Electoral ha informado de un aumento de los incidentes violentos contra actores políticos, especialmente a nivel local. Las organizaciones internacionales, incluida la ONU, también han advertido del aumento de las denuncias de homicidios contra defensores. Este repunte amenaza la coordinación comunitaria, reduce la participación social y erosiona la credibilidad del sistema democrático. Crea un clima de miedo en los espacios de participación política y refuerza la vulnerabilidad de los candidatos electorales.

"Este resurgimiento de la violencia tiene efectos directos en los entornos favorables para la participación ciudadana: el miedo desplaza la acción cívica, se restringe la acción colectiva, crece la desconfianza entre los actores y se debilita la legitimidad de las autoridades. La democracia pierde credibilidad como horizonte compartido, y esta situación es aprovechada por los actores de la guerra, que refuerzan sus consignas de control y seguridad, relegando a un segundo plano otros derechos y la justicia social", explica un miembro de la red de la EU SEE en Colombia.

Estos acontecimientos exigen una resistencia colectiva y una defensa estratégica. La sociedad civil de América Latina y Centroamérica debe seguir creando alianzas transnacionales, documentando las violaciones y exigiendo responsabilidades a los gobiernos. La EU SEE está dispuesta a apoyarlos.

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Este artículo ha sido elaborado con el apoyo de los miembros de la red EU SEE en América Latina.