Por Clarisse Sih y Bibbi Abruzzini, Forus, socios del consorcio EU SEE

En todas las regiones y sistemas políticos, la sociedad civil se enfrenta a formas de represión tanto tradicionales como emergentes durante los periodos de reforma constitucional y política, así como durante la actividad electoral, que van desde restricciones legales y administrativas a la libertad de asociación y de reunión hasta formas más recientes, como la vigilancia digital, el acoso en línea y las campañas de desinformación.

A través de las alertas y los informes de su Mecanismo de Alerta Temprana, el EU SEE ha observado tendencias crecientes en este ámbito, con cortes de Internet y otras actividades represivas estructuradas que a menudo se intensifican en torno a estos momentos cruciales de transición política, con el fin de controlar la disidencia y los flujos de información.

En este artículo, analizamos los datos presentados al EU SEE por nuestra red en 86 países para poner de relieve estas tendencias emergentes. Estas restricciones adoptan tres formas generales: acoso directo, vigilancia y violencia contra los actores de la sociedad civil; interferencia digital, incluidos los cortes de Internet y de las redes sociales; e intervenciones administrativas y burocráticas que excluyen las voces cívicas de los procesos institucionales. En conjunto, revelan un patrón en el que las transiciones políticas —lejos de abrir un espacio para la participación— se utilizan cada vez más como oportunidades para consolidar el control.

Acoso directo, vigilancia y violencia

En Zimbabue, el clima en torno a los debates sobre la reforma constitucional se ha caracterizado por detenciones, secuestros y una mayor vigilancia de los críticos. Las reformas que se están debatiendo modificarían de manera significativa el sistema político del país, incluyendo propuestas para ampliar los mandatos presidencial y parlamentario de cinco a siete años y cambiar la elección del presidente, pasando de un voto popular directo a un proceso parlamentario. Estos cambios podrían alterar la forma en que se determina el poder ejecutivo, lo que suscita preocupaciones sobre la rendición de cuentas democrática. Al mismo tiempo, periodistas, figuras de la oposición y actores de la sociedad civil que intentan examinar o debatir estas propuestas se han enfrentado a intimidaciones y detenciones en momentos en los que el debate público abierto y la información independiente son esenciales.

En Colombia, los asesinatos selectivos de líderes comunitarios, en particular de aquellos involucrados en la protección del medio ambiente, ponen de relieve una brecha significativa entre las garantías formales establecidas por el Estado y las condiciones de seguridad reales sobre el terreno, lo que demuestra cómo la violencia sigue socavando la participación ciudadana y la gobernanza local.

«Este fenómeno es crítico en contextos donde se cruzan los intereses políticos y territoriales, ya que estos líderes desempeñan un papel central en la movilización social, la mediación con las autoridades y el apoyo a la participación electoral. Sin embargo, su eliminación física no solo victimiza al individuo, sino que también establece patrones de silenciamiento que debilitan la acción colectiva e intimidan al electorado a largo plazo, reduciendo o condicionando la participación electoral y desmantelando el tejido del control social. En muchas regiones, la inseguridad persistente disuade a los posibles candidatos de presentarse a las elecciones, socava la supervisión electoral independiente y permite que los grupos armados o las élites arraigadas consoliden su control sobre los recursos políticos y económicos, restringiendo el espacio cívico y obstaculizando la consolidación democrática», afirma Foro, miembro de la red EU SEE para Colombia.

En Sierra Leona, una sentencia a favor de un periodista despedido injustamente por compartir contenidos críticos con los dirigentes políticos pone de relieve el papel que pueden desempeñar las instituciones independientes en la salvaguarda de la libertad de los medios de comunicación, incluso cuando persisten retos más amplios. Las medidas de protección son especialmente importantes en vísperas de los periodos electorales, ya que contribuyen a garantizar que los periodistas y la sociedad civil puedan supervisar las campañas, exigir responsabilidades a las autoridades y apoyar la participación ciudadana informada.

En un hecho más reciente en Sierra Leona, el presidente del Parlamento suspendió una moción de iniciativa parlamentaria que pretendía crear una comisión parlamentaria para investigar a National Elections Watch (NEW), una organización de la sociedad civil dedicada a la observación electoral. La moción, presentada en marzo de 2026, pedía un escrutinio de la financiación y la gestión financiera de NEW —presentado por sus proponentes como una medida de transparencia, pero ampliamente interpretado como un intento de intimidar y deslegitimar a un organismo de control independiente antes de futuros periodos electorales—. Cabe destacar que este no fue el primer intento de este tipo; el vicepresidente del Parlamento había hecho un llamamiento similar en febrero de 2026. Si bien la decisión del presidente de suspender la moción supuso un alivio temporal, el episodio ilustra un patrón preocupante en el que los políticos tratan de utilizar los mecanismos parlamentarios para censurar y debilitar a las organizaciones de la sociedad civil que les exigen rendir cuentas, lo que pone de manifiesto la profunda vulnerabilidad del espacio cívico en Sierra Leona, incluso allí donde existen nominalmente protecciones institucionales formales.

En la República del Congo, las organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado a restricciones directas en vísperas de momentos políticos clave. Se prohibió al Observatorio Congoleño de Derechos Humanos celebrar una rueda de prensa para presentar su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país. Las autoridades justificaron la prohibición por motivos de «orden público», lo que ilustra cómo se pueden utilizar las medidas administrativas para limitar el escrutinio y el debate público con el fin de «depurar» la percepción de la población sobre temas políticamente sensibles. A medida que el país se acercaba al ciclo electoral de marzo de 2026 y a otras transiciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que este clima de creciente intolerancia hacia las voces disidentes corre el riesgo de socavar la transparencia y la rendición de cuentas en un momento en que el debate abierto y la participación ciudadana son fundamentales para la gobernanza democrática.

Interferencia digital

Además de las presiones normativas sobre la sociedad civil y los medios de comunicación, las autoridades también pueden recurrir a restricciones digitales. En la India, las tensiones relacionadas con las elecciones en Meghalaya llevaron a las autoridades a imponer un toque de queda y a suspender el acceso a Internet. Aunque se presentaron como una respuesta a la violencia, estas medidas también restringen el acceso a la información y limitan la capacidad de la sociedad civil y los medios de comunicación para seguir los acontecimientos y participar en el debate público.

Las restricciones digitales también son evidentes en Gabón, donde las decisiones judiciales han respaldado de hecho el cierre de las redes sociales. Tras una suspensión de las redes sociales que duró aproximadamente dos meses, las autoridades gabonesas optaron por una medida extraordinaria: en lugar de presentar una ley al Parlamento, el presidente emitió un decreto ejecutivo sobre la regulación de las plataformas digitales, publicado en el Boletín Oficial el 8 de abril de 2026 y con fuerza legal inmediata. En virtud del artículo 4 del decreto, todos los usuarios de redes sociales están obligados a identificarse facilitando datos personales, mientras que las empresas deben proporcionar su número de registro mercantil y su capital social —medidas que suscitan serias preocupaciones en materia de anonimato, privacidad y el efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. El texto contiene importantes ambigüedades jurídicas, dejando conceptos como «orden público» y «seguridad nacional» a la discreción de la Alta Autoridad de Comunicación, e introduciendo un principio de responsabilidad colectiva por el que los administradores de las plataformas pueden ser sancionados por los contenidos publicados por los usuarios. Si bien el decreto pone fin formalmente a un periodo de bloqueo digital que había perturbado gravemente la comunicación, el acceso a la información y la actividad económica digital, la decisión de eludir el escrutinio parlamentario plantea cuestiones fundamentales sobre los controles y equilibrios institucionales. En la práctica, el enfoque de Gabón ilustra una tendencia más amplia visible en toda la región: las autoridades utilizan cada vez más instrumentos legales y normativos —no solo cierres directos— para institucionalizar el control sobre los espacios digitales, incorporando restricciones a la libertad de expresión en la propia arquitectura de la gobernanza.

2025 fue un año devastador y sin precedentes en cuanto a cortes de Internet y redes sociales a nivel mundial. La coalición #KeepItOn documentó al menos 313 cortes en 52 países, superando el récord anterior de 2024, que fue de 304 cortes en 55 países. Otro año que confirma el dramático aumento de los cortes como medio y método de guerra para silenciar la disidencia, aterrorizar a las comunidades, ocultar abusos y castigar colectivamente a poblaciones enteras.

«En 2025, no pasó un solo día sin que los cortes de Internet impuestos por los gobiernos silenciaran a poblaciones enteras, negando a millones de personas el derecho a comunicarse con sus seres queridos, el acceso a la educación, a información que salva vidas y a la participación democrática, además de obstaculizar las operaciones humanitarias. Los cortes de Internet no son inofensivos: son herramientas de represión y violencia que causan muertes evitables y sufrimiento sistemático. Pero el poder y la resistencia de la gente están aumentando, tanto en línea como fuera de ella, exigiendo rendición de cuentas, que se respeten sus derechos y que se escuchen sus voces», afirma Felicia Anthonio, directora de la campaña global #KeepItOn de Access Now.

Restricciones administrativas y burocráticas

En Paraguay, la preocupación por la integridad de las próximas elecciones se ha intensificado tras la implantación de unas controvertidas máquinas de voto electrónico. La sociedad civil y los actores políticos han expresado su profunda inquietud respecto a la transparencia, la auditabilidad y la falta de una consulta significativa, factores que pueden socavar la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

Estos acontecimientos se producen en un contexto cada vez más restrictivo para la sociedad civil. En diciembre de 2025, varias organizaciones interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada «ley anti-ONG», que amplía el control estatal sobre la constitución, el funcionamiento y la financiación de las OSC e introduce sanciones desproporcionadas. En un momento en que la supervisión cívica independiente es esencial para garantizar la integridad electoral, tales restricciones erosionan el «mecanismo fundamental» de la democracia que la sociedad civil existe para proteger.

Las restricciones durante los procesos de reforma políticamente delicados no se limitan a atacar a activistas y críticos. También pueden afectar a la capacidad de los medios de comunicación para operar libremente. En Panamá, las reformas legales propuestas que afectan a la regulación de los medios de comunicación han despertado la alarma entre los periodistas, especialmente debido a la falta de consulta y al posible impacto en la independencia editorial.

Otro ejemplo de este patrón en Panamá se produjo en abril de 2026, cuando la Asamblea Nacional eligió a Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo en un proceso que las organizaciones de la sociedad civil condenaron ampliamente por ser excluyente y estar orquestado políticamente. A pesar de que la Ley 504 de 2025 exige explícitamente que la Comisión Gubernamental promueva la participación de la sociedad civil en el proceso de selección, la elección se llevó a cabo con una transparencia mínima: se presentaron diez objeciones ciudadanas, dos de ellas directamente contra Russo, pero ni su contenido ni los motivos de su desestimación se hicieron públicos. Tres declaraciones emitidas por organizaciones de derechos humanos no fueron reconocidas ni incorporadas al debate parlamentario. El proceso se vio aún más empañado por el hecho de que el partido gobernante ordenara abiertamente a su bancada que respaldara la candidatura de Russo, lo que socavó cualquier apariencia de independencia institucional. Los actores de la sociedad civil también expresaron su preocupación por los antecedentes judiciales de Russo, en particular por su papel en una sentencia que, según advirtieron expertos jurídicos internacionales, había obstaculizado la rendición de cuentas sobre los fondos públicos. Este episodio es un claro recordatorio de que la erosión del espacio cívico en momentos políticamente delicados no siempre se logra mediante la represión abierta; puede adoptar igualmente la forma de procesos institucionales diseñados para excluir las voces disidentes, al tiempo que se mantiene una apariencia de legitimidad democrática.

Conclusión y recomendaciones

En conjunto, estos casos ilustran cómo las elecciones y las transiciones políticas se están convirtiendo repetidamente en momentos de mayor restricción, en lugar de garantizar la participación de todos.

A medida que los países siguen atravesando complejas transiciones políticas, la protección de un entorno propicio para la sociedad civil y la garantía de que los ciudadanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil puedan actuar libremente siguen siendo esenciales, ya que aseguran la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, elementos todos ellos indispensables para unas transiciones políticas y unos procesos democráticos sanos y legítimos.

A continuación se presentan los puntos de atención de toda la red de la UE para Europa Sudoriental, junto con recomendaciones sobre cómo proteger el entorno propicio durante las reformas constitucionales y políticas, así como en los periodos electorales.