En una escuela secundaria del sur de Nigeria, una adolescente tuvo su periodo menstrual durante el horario escolar. No tenía compresas higiénicas. El profesor la mandó a casa.

Para Udoka Anita Ikebua, entonces una joven graduada destinada a la escuela para realizar el servicio nacional, ese momento se convirtió en un punto de inflexión. «En el siglo XXI», recuerda haber pensado, «¿cómo es posible que una niña siga sin tener acceso a algo tan básico?».

Así es como la iniciativa de Ikebua se convirtió en una de las victorias más significativas de Nigeria en materia de justicia menstrual: en marzo de 2025, el estado de Bauchi aprobó la primera ley del país que establece bancos de compresas higiénicas gratuitas en las escuelas públicas y los centros penitenciarios, lo que supone un cambio de la caridad a una política basada en los derechos.

En todos los continentes se están produciendo transformaciones similares. En Pakistán, las defensoras feministas están replanteando la protección social como infraestructura democrática. En Paraguay, los activistas por los derechos digitales están cuestionando la normalización de la violencia de género.

Sus luchas pueden parecer diferentes —pobreza menstrual, reforma política, abuso digital—, pero están unidas por una verdad más profunda: la justicia de género hoy en día es inseparable de la seguridad económica, la seguridad digital y la responsabilidad institucional.

Nigeria: de las donaciones de compresas a la reforma política

Ikebua fundó Project Pad A Girl después de presenciar de primera mano cómo la menstruación interrumpía la educación de las niñas. Al principio, la solución parecía sencilla: distribuir compresas higiénicas. Pero pronto se dio cuenta de los límites de la caridad. «Si hoy doy una compresa», explica, «¿qué pasará el mes que viene?».

Las niñas que no tienen acceso a productos sanitarios durante sus períodos suelen recurrir al uso de papel higiénico, trapos, hojas o simplemente quedarse en casa. A veces, los profesores expulsaban a las alumnas si manchaban sus uniformes.

El gran avance se produjo con la creación de bancos de compresas: cajas de suministro de emergencia permanentes, ubicadas en las escuelas y abastecidas con productos menstruales cada trimestre. Las niñas que comienzan a menstruar durante el horario escolar pueden acceder discretamente a los suministros de la oficina del consejero y permanecer en clase.

El impacto ha sido inmediato: mejora de la asistencia, reducción del estigma y sensación de seguridad.

«La idea de que, si me viene la regla, estoy segura, lo cambia todo», afirma Ikebua.

Fundamentalmente, el proyecto Pad A Girl incluye intencionadamente a los chicos en las sesiones de educación menstrual para acabar con la vergüenza. «Al igual que no te avergüenzas de tu cuerpo», dice Ikebua a los estudiantes varones, «no debes hacer que una niña se avergüence del suyo».

La legislación de Bauchi amplió aún más este modelo para incluir los centros penitenciarios, donde las mujeres encarceladas suelen depender de trapos y se enfrentan a graves riesgos de higiene. Al introducir compresas reutilizables diseñadas para durar meses, la iniciativa se centra en la dignidad y la sostenibilidad.

«Se trata de ser vista, incluso tras los muros de la prisión», explica Ikebua.

Sin embargo, siguen existiendo retos. Los productos menstruales están sujetos a un impuesto sobre el valor añadido, cuya eliminación defienden los activistas, pero el progreso es lento en una legislatura dominada por los hombres donde, como admite Ikebua, «a veces, cuando se lo planteas a los hombres, realmente no lo entienden».

Pakistán: la protección social como infraestructura feminista

Para Marium Amjad Khan, directora de programas de la Alianza para el Desarrollo de Pakistán, el feminismo no es una teoría abstracta. Todo comenzó cuando fue testigo de cómo se decidía el futuro de las niñas antes de que tuvieran la oportunidad de soñar.

«Una vez que ves la desigualdad», afirma, «no puedes dejar de verla».

Khan, que trabaja tanto a nivel comunitario como político, se centra en el matrimonio infantil, la violencia doméstica, los derechos de salud sexual y reproductiva y la gobernanza de la educación. Pero cada vez más, hace hincapié en la protección social, es decir, los sistemas económicos que determinan si las mujeres pueden soportar las crisis.

Sin seguridad económica, la participación democrática es frágil. Las mujeres agobiadas por la pobreza, el trabajo de cuidados no remunerado o las crisis climáticas tienen menos capacidad para organizarse, defender sus derechos o presentarse a las elecciones. «Las leyes son solo el principio», explica Amjad. «El cambio real se produce cuando las comunidades empiezan a creer que las niñas merecen una infancia y que las mujeres merecen seguridad».

Pakistán ha aprobado importantes leyes en los últimos años, pero su aplicación sigue siendo desigual. Según señala, uno de los principales retos es la concienciación: muchas comunidades desconocen sus derechos. Por lo tanto, las coaliciones son esenciales. La Alianza para el Desarrollo de Pakistán reúne a más de 115 organizaciones de la sociedad civil, amplificando las voces colectivas en los espacios políticos. «Cuando las comunidades hablan al unísono, los responsables políticos escuchan», afirma Khan. «Tienen que hacerlo».

En un contexto de reducción del entorno propicio para la sociedad civil, la solidaridad feminista global proporciona un refuerzo.

«Cuando el espacio se reduce en un país, las redes internacionales nos recuerdan que no estamos solos».

Para Khan, el liderazgo feminista no consiste en ser la voz más fuerte, sino en crear espacio para otras voces.

Paraguay: la violencia digital es real

Mientras que la dignidad menstrual y la protección social operan en espacios físicos, en Paraguay la lucha se desarrolla en línea.

TEDIC, una organización de derechos digitales, lidera la campaña La Violencia Digital es Real (Digital Violence is Real), para desafiar la idea de que el abuso en línea es de alguna manera menos grave que el daño fuera de línea.

«Un mensaje en Internet puede costarle a alguien su trabajo, su seguridad, su paz», explica la directora del proyecto, Jazmín Ruiz Díaz.

Durante años, Internet se consideró un espacio neutral que promovería naturalmente la igualdad. En cambio, las desigualdades se han amplificado.

El caso emblemático de TEDIC es el de Belén Whittingslow, una estudiante que acusó a un poderoso profesor universitario de acoso mediante mensajes explícitos. El caso fue desestimado como «cortejo». Más tarde, fue criminalizada y obligada a buscar refugio en el extranjero. El profesor no enfrentó consecuencias legales.

El caso ilustra la naturaleza compleja de la violencia digital, cómo se entrecruzan el poder, las instituciones y las plataformas. Más allá de los ataques individuales, las activistas se enfrentaron a un acoso coordinado en línea que intentaba silenciar su defensa y desacreditar su trabajo. Las respuestas de las instituciones y las limitaciones de la moderación de las plataformas complicaron aún más la situación, revelando cómo las lagunas en la rendición de cuentas y la regulación pueden permitir que persista el abuso en línea. De este modo, la experiencia pone de relieve que la violencia digital no es solo un ataque personal, sino también una cuestión estructural determinada por las dinámicas de poder social, las respuestas institucionales y la gobernanza de las plataformas digitales.

Ruiz Díaz también señala que los autores no son solo trolls anónimos. Estos actores pueden ser desde redes de acoso coordinadas y granjas de trolls respaldadas por el Estado hasta las propias plataformas, donde se han criticado ampliamente los sistemas de moderación opacos y el sesgo algorítmico. Las investigaciones y los informes de los medios de comunicación han documentado casos en los que los ataques en línea contra mujeres periodistas, políticas y activistas se amplifican mediante redes organizadas, mientras que las respuestas de las plataformas siguen siendo inconsistentes.

A través de su iniciativa Free and Safe on the Internet (Libre y segura en Internet), TEDIC ofrece formación en seguridad digital a activistas, comunidades LGBTQ+ y grupos de la sociedad civil. El trabajo es lento, gradual —«un trabajo de hormigas», dice Ruiz Díaz—, pero necesario.

A medida que surgen nuevas tecnologías, también lo hacen nuevas formas de daño. Los deepfakes, la manipulación de imágenes sin consentimiento, las tecnologías de vigilancia y las herramientas de inteligencia artificial han intensificado los riesgos.

«El ciberespacio no está separado de la realidad», subraya Ruiz Díaz. «La violencia en línea tiene efectos reales en los cuerpos y las mentes».

Abordar este problema requiere una acción coordinada por parte de los gobiernos, las empresas tecnológicas y la sociedad civil. Pero también requiere el cuidado de la comunidad.

«La salida es colectiva», afirma, «y la alegría también es una forma de resistencia».

Redefinir la justicia de género

¿Qué conecta una caja de compresas en una escuela nigeriana, una reunión de coalición en Pakistán y un taller de seguridad digital en Paraguay? Cada uno de ellos aborda una barrera estructural que limita la participación de las mujeres en la educación, la gobernanza y la vida pública digital.

La dignidad menstrual afecta a la permanencia en la escuela y a las oportunidades económicas a largo plazo. La protección social da forma a la agencia política. La seguridad digital determina quién puede hablar libremente.

No se trata de cuestiones periféricas. Son pilares de la democracia.

Desde las aulas hasta los tribunales y el ciberespacio, las feministas de base están redefiniendo la justicia de género, no como un reconocimiento simbólico, sino como una transformación sistémica.

Y al hacerlo, están remodelando las instituciones que rigen la vida cotidiana.

Este artículo se publicó por primera vez en Global Voices.