Por Alejandro Aguirre Batres, Director Ejecutivo, CONGCOOP 

Con una macroeconomía saludable, un crecimiento económico estable, contrasta con la realidad que afrontan más de 8.2 de guatemaltecos que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, desigualdad, sin servicios de salud –principalmente en el área rural, sin desarrollo rural-, y pese a que hay crecimiento económico para la élite empresarial, no hay desarrollo para la mayoría de las y los guatemaltecos.

Los registros estadísticos del Índice de Pobreza Multidimensional revelan que en 2019, la población guatemalteca en pobreza abarca el 61.6%, de los cuales el 19.9% estaba en pobreza extrema. Estos indicadores fueron confirmados en el Censo 2018 del INE, el cual refiere que el 59.3% de guatemaltecos vive en pobreza y el 23.4% en pobreza extrema. Es decir, que el Estado y gobierno incumplen los compromisos adquiridos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 2022. 

Guatemala es un país desigual por que la concentración de los ingresos causa enormes brechas de acceso al desarrollo, entre los habitantes más ricos del país y la mayoría de la población empobrecida. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN; del 1 de enero al 21 de agosto 2020, se registraron 13 menores de 5 años fallecidos por desnutrición aguda, mientras que en el mismo período del 2021 fueron 26, todos comprendidos entre los 6 y 24 meses, y solo uno tenía 2 años. 

Crecimiento macroeconómico anclado en el envío de remesas, no es sinónimo de desarrollo porque no llega a millones de campesinas/campesinos e indígenas que afrontan pobreza extrema, desnutrición, lo que dificulta que Guatemala pueda alcanzar las metras trazadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en el 2030.
  

Las políticas que el Estado y gobierno impulsan benefician únicamente a la élite económica, industria de monocultivos, empresarios, comerciantes, industria extractiva, banqueros, finqueros. 

El Estado nacional oculta la desigualdad social, pobreza y exclusión, con el constante encarecimiento de los productos de la canasta básica, inflación. Para mejorar el acceso a los recursos de tierras, agua y su gestión, requiere una mejor gobernanza de los recursos de tierras y aguas y una mayor integración de políticas públicas, junto con inversiones más cuantiosas y estratégicas, destinadas a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y la reducción de la pobreza. Realidad que no es abordada por el Estado y gobierno. 

En Guatemala, la exclusión educativa es evidente lo cual provoca la carencia de un empleo de calidad ya que la oferta laboral no cubre la demanda. Anualmente, el sector productivo nacional genera hasta 40 mil empleos formales; sin embargo; a ese mismo mercado se incorporan cada año 200,000 jóvenes, que se integran al sector “informal de la economía”, generando mayor desempleo. Este indicador genera el fenómeno social de “migración” de jóvenes que arriesgan su vida en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos. De acuerdo con reportes de prensa, unos 300 migrantes salen de Guatemala diariamente. Esta cifra contrasta con los 128,441 migrantes deportados al país en 2021, quienes fueron detenidos en la frontera sur. La migración es un escape, una salida de emergencia ante la falta de empleo por la precaria situación que afrontan los migrantes que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema, violencia, hambre, exclusión y otras realidades. 

Una democracia débil y al punto del colapso es producto de una institucionalidad pública debilitada; con escasa gobernabilidad y la ausencia de justicia pronta y cumplida que convierte en un país donde impera la impunidad. Esa impunidad genera violencia y racismo que constituye uno de los profundos problemas del país. Un Estado ajeno a su población, una élite económica insensible a la pobreza y desigualdad, con un gobierno que defiende la corrupción y la impunidad, con un “pacto de corruptos” encabezado por el presidente de la República, que busca mantener los niveles de corrupción e impunidad en el país. 

Además, las desigualdades de género en todos los órdenes de la vida de las guatemaltecas constituyen una brecha abismal. Según datos de las mujeres en Guatemala, contenidos en el Informe ONU Mujer en Guatemala 2017, revelan una alta tasa de fertilidad en niñas adolescentes de 13 a 19 años (uno de cada cinco nacimientos corresponde a madres niñas y adolescentes. Un desgarrador 28% de analfabetismo en mujeres indígenas y del 19% en mujeres no indígenas. Además, en 2019 se registraron 1,195 mujeres asesinadas, pese a contar con una Ley Contra el Femicidio y otras formas de violencia, agregando que las mujeres víctimas vulnerables comprendían las edades entre los 20 y 30 años. Existe además, una brecha abismal que se refleja en que las niñas y adolescentes guatemaltecas que viven en los territorios, afrontan obstáculos para acceder a los servicios básicos como agua potable, electricidad, menor acceso a la educación, a la participación política, al trabajo digno y bien remunerado. Afrontan discriminación y explotación en todos los niveles de la sociedad y son vistas como objeto sexual sin respeto a sus derechos.
 

Todo lo anterior, evidencia claramente que en Guatemala, hay dos mundos, uno para un pequeño grupo que se beneficia de esa estabilidad macroeconómica, esa debilidad de la Democracia, esa cooptación de las instituciones del Estado, y una gran mayoría de la población que afronta pobreza y desigualdad. Por ello, es imperioso el avance en el cumplimiento de los ODS en el país.