¿Hay sitio para todos? Obesidad, derechos y el fracaso de las políticas públicas en Venezuela. En Venezuela, la salud y la dignidad parecen tener un límite de peso. Actualmente, el 54 % de los adultos del país tiene un índice de masa corporal (IMC) elevado, una realidad que apunta a una emergencia sanitaria sin precedentes: para 2030, esta afección afectará a 10,52 millones de personas, según el informe World Obesity Atlas 2025.

Para esta mayoría creciente, los espacios públicos se han convertido en una carrera de obstáculos y el sistema sanitario en un callejón sin salida. Esta investigación revela una combinación de infraestructuras excluyentes y políticas públicas inexistentes que, en conjunto, violan la dignidad humana y condenan a los ciudadanos al silencio y a la segregación institucional.

Vivir a merced de la indiferencia: El rastro de un sistema que excluye

La historia de Luis Beltrán Lara es el testimonio más doloroso de cómo la falta de infraestructura hospitalaria equivale a una sentencia de muerte. En 2016, Luis pesaba más de 140 kilos y padecía complicaciones derivadas de la diabetes y la hipertensión. Logró una victoria personal al perder 56 kilos, pero su entorno nunca le dio tregua. Confesó a su familia que evitaba ir al estadio o a lugares de ocio porque los asientos eran incómodos y temía molestar a los demás; simplemente no había sitio para él.

Años más tarde, tras volver a ganar peso y alcanzar los 120 kilos, Luis sufrió un derrame cerebral en agosto de 2023. Fue entonces cuando la exclusión institucional reveló su cara más técnica y cruel: aunque necesitaba urgentemente una resonancia magnética, no pudo hacérsela porque en Venezuela las máquinas de resonancia magnética no pueden superar un límite de peso de 99 kilos. La justificación médica fue que las ruedas del equipo, todas importadas, no podían soportar una carga mayor. La lucha continuó con insuficiencia renal y traslados en ambulancias inadecuadas que convirtieron su dolor en un extremo malestar físico. Luis Beltrán falleció en junio de 2025 de un infarto. Su hijo, Beltrán Humberto Lara, afirma que la familia sufrió debido a las restricciones que Venezuela impone a las personas con sobrepeso.

Esta odisea la comparte Ramón Veliz, quien, con un peso de 174 kilos, experimentó la exclusión en la vida cotidiana: «Tenía que pagar dos asientos en el transporte público porque no hay asientos para una persona obesa; era bastante incómodo. También limitaba mi capacidad para salir; rechazaba invitaciones porque en bares y restaurantes no siempre hay sillas que puedan soportar el peso», dijo.

Marcos Lucena relata cómo el acoso y la falta de oxígeno al cerebro lo llevaron a situaciones críticas, mientras quienes lo rodeaban lo estigmatizaban: «Fui al psicólogo; estaba en tratamiento psiquiátrico. Empezaron a llamarme “gordo” y eso hirió mi orgullo; me costaba sentarme en una silla de plástico». Marcos se hace eco de las palabras de su madre, enfermera de quirófano, que ve cada día cómo los pacientes se sienten como si se estuvieran asfixiando en camillas que no pueden soportar su peso.

Incluso emigrar es una experiencia aterradora, como admite Anthony Rauseo, quien solía pensar en cómo sería su vuelo pesando 168 kilos. También relata las dificultades de sus experiencias en los centros de salud. «Acceder a las pruebas es muy difícil y el personal no está preparado para estos casos; a menudo me maltrataban los brazos para extraerme sangre».

Esta vulnerabilidad física descrita por los pacientes coincide con la postura técnica de la profesión médica. El endocrinólogo Félix Saavedra sostiene que la obesidad de clase III debe entenderse como una afección que requiere necesidades especiales, ya que el entorno físico en Venezuela no está diseñado para la diversidad corporal. «Se trata de pacientes que se enfrentan a dificultades en su vida cotidiana: ponerse camisetas y pantalones, encontrar ropa adecuada, subir a los vehículos y usar los aseos», explica.

En el sector sanitario, Saavedra advierte de que la infraestructura hospitalaria actual carece de equipamiento reforzado.

«Si tienes una camilla con una capacidad de 80 o 90 kg, no puedes colocar en ella a un paciente de 120 kg porque existe el riesgo de que se rompa y le cause lesiones. Hay que saber exactamente dónde se va a colocar al paciente y aproximadamente cuántos kilos puede soportar la camilla», explica.Más allá de los obstáculos físicos, el médico destaca que la falta de espacios adecuados alimenta el estigma social: «Incluso entrar en una piscina es un reto para ellos porque entonces se preguntan: “¿Es una escalera de barco?”. Si es así, entonces no. Todo este tipo de cosas han hecho que el paciente se sienta muy estigmatizado».El marco legal: un derecho social que no se respetaSi la infraestructura física no es adecuada para las personas con obesidad, es porque el marco legal ha permitido una laguna en la protección. La ironía es que las leyes venezolanas prometen lo que el sistema niega. La Constitución (art. 83) define la salud como un derecho social fundamental, pero Isandra Villegas, especialista en gestión pública y movilidad, señala que los espacios se diseñan basándose en medidas medias que ignoran la realidad:«Los bancos, el transporte, los parques y los asientos en restaurantes o cines suelen ser estrechos, lo que causa incomodidad a las personas con obesidad».Villegas advierte que la Ley de Personas con Discapacidad (2007) no incluye explícitamente a quienes viven con obesidad, lo que limita su aplicación. Añade que la Norma COVENIN 1588-88 sobre mobiliario urbano sigue basada en medidas que no ofrecen adaptaciones. Al compararla con otros países, Villegas destaca el retraso:«A nivel mundial, algunos países están avanzando en materia de inclusión: en Estados Unidos se aplican normas ergonómicas inclusivas en el transporte y los aeropuertos; en el Reino Unido, el transporte y los parques incluyen asientos prioritarios y más amplios; Canadá incorpora dimensiones mínimas en los códigos de construcción; y Australia adapta los asientos en hospitales, escuelas y transporte. Estas prácticas ponen de relieve la brecha existente en Venezuela».Este vacío legislativo lo confirma el ingeniero Gustavo Farache, presidente de la Cámara de la Construcción del Estado de Carabobo: «Somos partidarios y respaldamos cualquier propuesta que ayude al país, pero no existe, que yo recuerde, ninguna relacionada con la obesidad o que aborde este tema en el país», afirmó. María Isabel Agostini, presidenta de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, afirma que el país no se ha adaptado a la atención que requieren las personas que viven con esta afección. Recientemente, el departamento de endocrinología del Hospital Militar abrió una unidad separada para pacientes con obesidad, pero la tecnología es muy básica. No tienen muchas opciones».Hambre y sobrepeso: la paradoja de la desnutriciónEsta falta de infraestructura y legislación choca de frente con una emergencia epidemiológica. El Dr. Ronnie Villasmil, cirujano bariátrico, advierte que la obesidad afecta actualmente al 30 % de los venezolanos y que en los últimos años ha superado a la desnutrición infantil. Para la Dra. Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, se trata de la «doble carga de la desnutrición»: personas con sobrepeso que sufren anemia grave debido a una dieta basada en lo que sus bolsillos les permiten comprar.Debido al bajo poder adquisitivo, los venezolanos han sustituido las proteínas por carbohidratos de bajo coste, según Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Sinergia, quien informa de que la crisis ha llevado a que los refrescos sustituyan al agua —debido a la falta de gas para hervirla— y el agua de la pasta sustituya a la leche en los biberones, normalizando la imagen de niños «regordetes» pero desnutridos. También destaca que la estructura social y los problemas de seguridad de Venezuela han agravado la falta de actividad física. «El problema de la inseguridad ha hecho que la gente se encierre en sus casas, lo que equivale a menos movilidad y menos actividad física».

La obesidad va acompañada de hipertensión y enfermedad del hígado graso no alcohólico, complicaciones que, según advierte Villasmil, no siempre pueden resolverse ni siquiera con cirugía bariátrica, por lo que hace un llamamiento urgente a intensificar el cribado: en los últimos tres años, su equipo ha operado a más de 300 pacientes, la mayoría de los cuales tienen entre 35 y 45 años.

Villasmil propone que Venezuela siga el ejemplo de países como China o Estados Unidos, implementando políticas públicas específicas para garantizar programas obligatorios de tratamiento y ejercicio: «un camino hacia el que debería aspirar todo el sector sanitario venezolano».

Sanar la relación con el cuerpo y el entorno

Pero el daño causado por un sistema excluyente también se mide en términos de salud mental. La sociedad venezolana «vive en un ambiente de hostilidad» hacia quienes tienen sobrepeso, señala la psicóloga Anyibeth Sequera. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol e impulsa el consumo de azúcar como mecanismo de supervivencia: «No es ningún secreto que la población venezolana está sometida a una carga de estrés e incertidumbre que, evidentemente, eleva los niveles de cortisol, lo que empuja a las personas a buscar el azúcar».

Sequera sostiene que la falta de servicios básicos paraliza la vida: «Detener las actividades diarias de una persona —como la falta de acceso a los servicios públicos, el transporte público, sillas, ropa, o enfrentarse a críticas, burlas y acoso—. Debemos rescatar a las personas con obesidad de esta narrativa... que en realidad tiene que ver con la supervivencia». Aboga por que el sistema público ofrezca refugio y herramientas para la regulación emocional: «Es importante ofrecer técnicas y espacios que fomenten una sensación de seguridad para que las personas puedan encontrar refugio, calma, amabilidad y autocompasión».

La psicóloga Scarlet Celis coincide en que el aumento de peso a menudo enmascara viejas heridas o traumas que se gestionan a través de la gratificación inmediata de la comida. Sin un apoyo integral, el paciente acaba siendo su propio juez en un entorno social punitivo.

Por este motivo, el nutricionista deportivo Luis Guillermo Ojeda destaca que la prevención no puede separarse de los derechos humanos: «Necesitamos mejores infraestructuras, equipos médicos adaptados y formación para el personal sanitario con un enfoque más humano y holístico. No se trata solo del peso, sino de comprender el contexto completo de la persona y ayudarla a mejorar su salud sin perder de vista su dignidad». Ojeda, quien identifica la causa raíz en una cultura educativa que recompensa con comida chatarra, propone un modelo multidisciplinario que garantice un trato digno.

A partir de las declaraciones y testimonios de esta investigación, se concluye que es urgente dejar de ver la obesidad a través del lente de la culpa y comenzar a tratarla con ciencia y sensibilidad. El Plan Especial de Salud y Vida 2026 del Estado menciona mejoras en las infraestructuras, pero la pregunta sigue siendo: ¿se tendrá en cuenta a las personas con obesidad? ¿Hay espacio para todos nosotros en esta Venezuela, o seguiremos construyendo un país donde el tamaño corporal determine quién tiene derecho a la asistencia sanitaria?

Este artículo se ha escrito como parte del programa de becas de periodismo Forus. Más información aquí