Mhafe del Mundo, Oficial de incidencia politica de CODE-NGO

La declaración de la ley marcial por parte del antiguo presidente y dictador Ferdinand Marcos, el 21 de septiembre de 1972, y las consiguientes violaciones de los derechos humanos, corrupción, perturbación económica y pobreza generalizada bajo su régimen, fueron los años más oscuros en la historia reciente de Filipinas. No podemos permitir que esa parte de nuestra historia se repita.

Sin embargo, los últimos acontecimientos políticos, que atacan la Constitución y los derechos y libertades del pueblo filipino, apuntan de manera alarmante a un autoritarismo que se abre paso sigilosamente. La campaña del Gobierno filipino contra las drogas ilegales, que ha dado lugar al asesinato de 23 000 personas sospechosas de consumir y distribuir droga, ha pasado por alto abiertamente los derechos humanos y el procedimiento debido, sin que ni siquiera haya habido una sola condena a los perpetradores. La declaración y ampliación de la ley marcial en Mindanao hasta final de año para luchar contra el terrorismo, tras el incidente acaecido en Marawi, y que en realidad no ha mejorado la situación de paz y orden en Mindanao, es considerada por muchos como medida precursora de una ley marcial a nivel nacional. El presidente demuestra tendencias dictatoriales mientras él y sus aliados continúan persiguiendo a quienes critican las políticas gubernamentales, incluyendo a sus propios representantes, miembros de los medios de comunicación, dignatarios extranjeros, y defensores de la democracia y de los derechos humanos. La senadora Leila de Lima, quien estaba investigando los asesinatos en relación con la campaña contra las drogas, fue encarcelada en febrero del año pasado, después de que el entonces secretario de Justicia, Vitaliano Aguirre, presentara cargos contra ella relacionados con drogas. Se presentó un caso de destitución contra la Defensora del Pueblo, Conchita Carpio-Morales, cuya agencia estaba investigando las cuentas bancarias ocultas del presidente. La presidenta del Tribunal Supremo, Maria Lourdes Sereno, fue destituida de su puesto mediante una petición quo warranto interpuesta por el Fiscal General, Jose Calida, que cuestionó su cualificación cuando la primera falló en contra de algunas de las políticas del presidente que vulneran los derechos humanos y el estado de Derecho, tales como la declaración de la ley marcial en Mindanao y las alegaciones infundadas que involucran a algunos jueces con las drogas ilegales. El presidente y sus seguidores en los medios sociales también han atacado verbalmente a las destacadas firmas de los medios de comunicación ABS-CBN y Philippine Daily Inquirer, así como a la publicación en los medios sociales Rappler, obviamente con objeto de ocultar las acciones del presidente. Más recientemente, el presidente ha revocado la amnistía concedida al senador Antonio Trillanes Jr. (conocido antagonista suyo) y ha ordenado su arresto alegando que Trillanes supuestamente no solicitó la amnistía en un principio.  Además, la amenaza de la Administración del país, de declarar un Gobierno revolucionario (lo que significaría la suspensión de la Constitución de 1987), resurgió cuando el Presidente y sus aliados manifestaron su firme creencia en que ese es el único medio para instalar un sistema federal de gobierno.

Al recordar el 46 aniversario de la declaración de la ley marcial, CODE-NGO, la mayor coalición nacional de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja para el desarrollo social, con sus redes de 6 miembros nacionales y 6 miembros regionales, y que representa a cerca de 2 000 ONG para el desarrollo, cooperativas y organizaciones de ciudadanos a nivel nacional, reitera su petición de levantar la ley marcial en Mindanao, y denuncia vehementemente todos y cada uno de los avances hacia el autoritarismo y la declaración de una ley marcial a nivel nacional.

En su lugar, el Gobierno debería centrarse en desarrollar e implementar estrategias eficaces para resolver cuestiones más acuciantes que repercuten seriamente sobre los pobres, como el debilitamiento del peso filipino, el avance de la desigualdad, la carencia de arroz, el alza en los precios de bienes básicos, el largo y lento proceso de respuesta de emergencia y de recuperación de desastres en las catástrofes acaecidas recientemente, la difusión de propaganda y de noticias falsas, y el debilitamiento de las reclamaciones territoriales del país.

Entre las citadas amenazas a la democracia, nos comprometemos a seguir salvaguardando las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos y a promover, proteger y reafirmar el derecho al desarrollo de las personas, tal como consagra el Pacto de CODE-NGO por los principios de desarrollo en Filipinas. Además, declaramos nuestro compromiso con el desarrollo de una ciudadanía informada y su participación en las cuestiones nacionales y locales.

Por consiguiente, instamos a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos a seguir oponiéndose a cualquier acción relacionada con los planes del Gobierno de declarar una forma revolucionaria de gobierno y de implementar la ley marcial, y a seguir vigilantes frente a los preocupantes indicios que apuntan al autoritarismo.

Instamos al presiente Rodrigo Duterte, a la Policía Nacional Filipina y a las Fuerzas Armadas de Filipinas a que ejerzan fielmente su mandato de defender los derechos humanos y salvaguardar las libertades de todos, de conformidad con la Constitución de Filipinas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras leyes e instrumentos jurídicos internacionales.