MASERU, Lesotho, 2 de abril de 2024 - En el camino hacia la igualdad y la justicia de género, en las últimas décadas se han logrado avances, pero el camino por recorrer sigue siendo traicionero. En la carrera por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, la atención se está centrando en el papel que podrían desempeñar los más de quinientos bancos públicos de desarrollo (BPD) de todo el mundo.

Los bancos públicos de desarrollo están explorando cada vez más cómo promover la inclusión financiera de manera más eficaz, como un vehículo importante para el empoderamiento económico de las mujeres. La inclusión financiera trasciende el mero acceso al capital; es un cambio radical de las normas sociales, que aborda los problemas sociales que obstaculizan el avance de la mujer.

Sin embargo, en muchos proyectos financiados por los BPDs, las mujeres no sólo quedan excluidas y rezagadas, sino que se las coloca en una posición perjudicial. Uno de estos casos es el Proyecto de Agua en las Tierras Altas de Lesotho (LHWP), en el que cada vez hay más pruebas de una amplia gama de impactos de género negativos en las comunidades afectadas.

El objetivo del Proyecto Hidrológico de las Tierras Altas de Lesotho (LHWP) es suministrar agua a la región sudafricana de Gauteng y generar energía hidroeléctrica para Lesotho aprovechando las aguas del río Senqu/Orange en las tierras altas de Lesotho mediante la construcción de una serie de presas.

Aclamado como una notable hazaña de ingeniería con previsibles beneficios económicos, ha adquirido notoriedad internacional por sus graves repercusiones socioeconómicas y medioambientales en las comunidades. La Fase I del proyecto provocó el desplazamiento de miles de personas sin compensación justa, sumergió tierras de cultivo y pastoreo, exacerbó la erosión, generó empobrecimiento, "desintegración social" y limitó el acceso a los recursos hídricos.

A pesar de las reiteradas preocupaciones y de los impactos documentados en las comunidades, incluido el aumento del riesgo de VIH/SIDA, el proyecto sigue adelante con la Fase II sin abordar adecuadamente los problemas residuales.

Las repercusiones del proyecto afectan desproporcionadamente a las mujeres, exacerbando las vulnerabilidades mediante el aumento del riesgo de desplazamiento, la falta de acceso al agua y a la atención sanitaria, y el aumento de los casos de explotación sexual, lo que contribuye a un ciclo de marginación socioeconómica y disparidades sanitarias.

La desigualdad de género en Lesoto sigue siendo un problema a pesar de los avances legales en los últimos años. La aplicación y el cumplimiento de las leyes, especialmente en las comunidades rurales, sigue siendo un problema. Las prácticas culturales anticuadas y los estereotipos siguen creando barreras a la propiedad de la tierra, negando a las mujeres los recursos necesarios para asegurarse el sustento y aumentando su vulnerabilidad económica y su susceptibilidad a la violencia de género.

El Centro Jurídico Seinoli (Seinoli) es un centro jurídico de interés público con sede en Lesoto que ha estado trabajando directamente con las comunidades afectadas en el distrito de Mokhotlong, donde se está ejecutando la Fase II del LHWP, desde la firma del Acuerdo sobre la Fase II en 2011.

En las comunidades afectadas por el proyecto se ha denunciado un aumento de los incidentes de vulneraciones basadas en el género, lo que no debería de ser una sorpresar; los proyectos de esta naturaleza y envergadura, incluido el desplazamiento forzoso resultante, suelen amplificar los riesgos de violencia de género.

Además, hay miles de trabajadores migrantes procedentes del propio Lesotho y de Sudáfrica que han venido a trabajar en el LHWP. Los trabajadores migrantes deben ser alojados en campamentos designados, en alojamientos saludables y en condiciones de vida acordes con las mejores prácticas. La situación sobre el terreno contrasta totalmente con esto; hay contratistas que viven y alquilan alojamiento en las comunidades de Masakong, Ha Ramonakalali y Tloha-re-Bue. En el caso de Ha Ramonakalali, también hay un campamento temporal perteneciente a una de las empresas privadas contratadas para trabajar en LHWP que se encuentra dentro de las comunidades, lo que tiene profundas repercusiones.

Han aumentado los casos de transacciones sexuales entre trabajadores migrantes y mujeres jóvenes y niñas, incluidos casos de aborto y encubrimiento de partos, trata de seres humanos, explotación sexual y abandono escolar.

Recientemente, Seinoli fue alertado de la difícil situación de Lineo (nombre ficticio para proteger a la víctima y a su familia ), de quince años, y de sus padres. Esta joven quedó embarazada de uno de los jornaleros migrantes que trabajaban para un contratista de la LHWP. Lineo decidió abortar ilegalmente -ya que el aborto está prohibido en el país- por miedo a sus padres. El aborto provocó complicaciones de salud, lo que obligó a informar a sus padres de lo sucedido. Los padres de Lineo presentaron una denuncia a la policía. Seinoli recibió el informe de que la policía no pudo presentar cargos contra el agresor al no poder localizarlo después de que sus empleadores lo trasladaran a otro campo. En consecuencia, la joven ha quedado con la secuela y el estigma de haber abortado y vive avergonzada en su comunidad. También se ha visto obligada a abandonar la escuela, lo que tendrá graves repercusiones en su futuro y en su capacidad para obtener ingresos.

El LHWP recibe importantes fondos de bancos de desarrollo como el Banco de Desarrollo del Sur (DBSA), el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) y el Banco Africano de Desarrollo (AfDB). Aunque estos bancos muestran preocupación por la igualdad de género, es necesario hacer más por desarrollar y reforzar sus estrategias de género para garantizar que los proyectos que financian no vulneran la seguridad de las mujeres.

En la actualidad, Lesotho Highlands Development (LHDA), la autoridad encargada de la ejecución del proyecto, no cuenta con una política de salvaguarda para proteger a las comunidades contra la explotación sexual, los abusos y el riesgo de acoso para garantizar la rendición de cuentas.

Las comunidades deben estar mejor informadas sobre sus derechos y tener acceso a mecanismos de denuncia que puedan agilizar el apoyo a las víctimas y, al mismo tiempo, exigir responsabilidades al agresor y a sus empleadores.

Han pasado cinco años desde que comenzó la Fase II del LHWP, con obras de infraestructura avanzadas desde enero de 2019. Sin embargo, no se ha producido ningún cambio hacia la protección de los derechos de las mujeres y niñas vulnerables desde que comenzó el proyecto.

El papel de las instituciones financieras internacionales y los BPDs en el fomento de la igualdad de género se ha debatido ampliamente en muchos ámbitos, incluidas las comunidades académicas y de investigación.

Sin embargo, sigue habiendo muchos interrogantes sobre el compromiso de los BPDs para promover la igualdad de género y la capacitación de las mujeres.

En la práctica, en lo que respecta a algunos de los financiadores públicos del LHWP, el NDB todavía no cuenta con una estrategia o política de género a pesar de llevar casi 10 años en pleno funcionamiento. El DBSA y el BAfD son financiadores del LHWP con una política o estrategia de género, pero la eficacia de sus marcos de género son cuestionables teniendo en cuenta los retos a los que se enfrentan las mujeres en proyectos como la Fase II del LHWP.

Las mujeres de Basotho se enfrentaron a dificultades similares durante la primera fase del LHWP, cuando las mujeres, incluidos los hogares encabezados por mujeres, fueron excluidas de las familias que recibieron una compensación mínima limitada para el reasentamiento. Las mujeres eran extremadamente vulnerables a la violencia de género, no sólo física sino también económica. En aquella época, el Banco Mundial era uno de los principales financiadores de la construcción de la presa de Katse.

El marco de género del Banco Mundial ha evolucionado, proporcionando financiación a la Fase I del LHWP. El Banco Mundial ha integrado ahora políticas de salvaguarda contra la explotación y el abuso sexual en su Marco Medioambiental y Social, así como en su Marco de Adquisiciones.

Estos marcos garantizan que los proyectos de desarrollo tomen medidas para reducir el riesgo de explotación, abuso y acoso sexual, especialmente dentro de las comunidades. Después de que grupos de la sociedad civil plantearan quejas sobre violencia de género asociada a un proyecto de carreteras financiado por el Banco Mundial en Uganda, el Banco adoptó varias medidas para abordar esta cuestión.

En 2020, el Banco Mundial introdujo un mecanismo que puede descalificar a los contratistas por incumplir las obligaciones relacionadas con la prevención de la violencia de género. El Banco Mundial también lanzará pronto su Estrategia de Género del Banco Mundial 2024 - 2030: Acelerar la Igualdad de Género para un Futuro Sostenible, Resiliente e Inclusivo, que reconoce la igualdad de género como fundamental para el desarrollo sostenible. La estrategia hace hincapié en los resultados de género en la ejecución de proyectos, incluida la erradicación de la violencia de género.

Todos los BPDs deben garantizar que se pongan en marcha medidas de este tipo (políticas y prácticas) para evitar las continuas violaciones contra las mujeres que ponen en alto riesgo a chicas jóvenes como Lineo.

Existe un diálogo creciente entre los BPDs y los organismos de las Naciones Unidas como ONU Mujeres, incluidos los que participan en el movimiento de la Cumbre  Finanzas en Común, sobre la importancia de la inclusión financiera, que hace hincapié en la mejora del acceso de las mujeres a la financiación. Los BPDs deben asumir un liderazgo más firme para garantizar que la inclusión financiera aborde las cuestiones sociales que suponen un obstáculo para el avance de las mujeres. Esto incluye la eliminación de prácticas culturales obsoletas y estereotipos que siguen creando barreras a la propiedad de la tierra. Las mujeres de hasta la mitad de los países del mundo no pueden hacer valer la igualdad de derechos sobre la tierra y la propiedad a pesar de las protecciones legales.

Los BPDs suelen aportar fondos sustanciales a megaproyectos de infraestructuras como el LHWP II, en los que las comunidades suelen estar expuestas a altos niveles de vulnerabilidad, incluido el empeoramiento de los niveles de pobreza, desigualdad y violencia de género. Una de las formas en que los BPDs pueden contribuir a lograr avances reales en la Agenda 2030 es abordando las causas profundas de la pobreza y la desigualdad e integrando el ODS 5, "lograr la igualdad de género", una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible. En las últimas décadas se han producido avances, pero el mundo no está en vías de alcanzar la igualdad de género para 2030.

Para ello, los BPDs (nacionales, regionales e internacionales) deben contar con políticas y prácticas de género sólidas que apoyen proyectos centrados en la igualdad de género, la justicia y el empoderamiento de las mujeres.

Todos los proyectos financiados por los BPDs deben tener imperativos de igualdad de género desde el inicio del ciclo del proyecto, a través de rigurosos procesos de evaluación de impacto que impliquen a las mujeres y a sus comunidades.

Los costes en materia de derechos humanos son elevados en la segunda fase del LHWP, con cientos de familias en riesgo de reasentamiento involuntario y desplazamiento de sus hogares y tierras. La consecución de los ODS requerirá una acción transformadora que pueda generar un impacto y un cambio reales para las mujeres y las niñas, como en Lesoto. El DBSA, el AfDB, el NDB y otros PDBs que participan en el LHWP II pueden desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que la segunda fase no repita los mismos errores cometidos en el LHWP I y en tantos otros proyectos de desarrollo.

Este artículo se ha escrito en el marco de la campaña de Forus Marcha Con Nosotras por la justicia de género