La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 2025 (WSSD2), celebrada en Doha del 4 al 6 de noviembre, conmemoró los treinta años transcurridos desde Copenhague y tuvo lugar en un momento de profundos cambios estructurales. La sociedad civil acudió con expectativas claras: una participación significativa, una influencia genuina y un impulso colectivo «para pasar de los eslóganes a los sistemas». En el período previo a la Cumbre, muchas organizaciones de la sociedad civil esbozaron cinco medidas prácticas y orientadas a la acción: crear plataformas nacionales inclusivas, ampliar la protección social, vincular las promesas a la financiación, abordar la brecha digital e integrar la rendición de cuentas. Sus propuestas se difundieron ampliamente, pero ¿se escucharon estas prioridades? ¿Se defendieron? Y, lo que es más importante, ¿se tuvieron en cuenta a medida que avanzamos?

Este artículo reflexiona sobre estas cuestiones a través de la experiencia de los miembros de Forus que asistieron a la CMDS2, examinando las expectativas previas a Doha, los resultados de la Cumbre y lo que vendrá a continuación en el seguimiento de estas cinco propuestas.

¿Aportó Doha respuestas?

Antes de Doha, se intercambiaron prioridades, riesgos y retos previstos, con un objetivo común: garantizar que la sociedad civil no solo estuviera presente, sino que fuera reconocida como experta y proveedora de soluciones a lo largo de todo el proceso.

Tras su regreso de Doha, los miembros de Forus evaluaron si la Cumbre había ofrecido la claridad, los compromisos y las oportunidades de transformación que la sociedad civil había reclamado.

Plataformas nacionales: más participación, pero el poder sigue siendo incierto

La primera demanda de la sociedad civil fue la creación, para 2026, de plataformas nacionales para el desarrollo social en todos los países: espacios que reúnan a los gobiernos, la sociedad civil, los jóvenes, las personas con discapacidad, los sindicatos y las comunidades locales para co-crear y supervisar las estrategias de desarrollo social.

En Doha se debatió ampliamente la inclusión. La sociedad civil tenía un asiento, pero ¿tenía realmente voz o influencia? ¿Los gobiernos y las agencias de la ONU estaban realmente involucrando a las OSC más allá de las declaraciones formales? Surgieron muy pocos compromisos concretos sobre el establecimiento de mecanismos permanentes de creación conjunta a nivel nacional.

«Varios delegados hicieron hincapié en que los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de la toma de decisiones; sin embargo, la capacidad de la sociedad civil para desempeñar su función complementaria de rendición de cuentas sigue estando limitada. Pidieron que se «desmutara» a la sociedad civil para que pudiera aportar contribuciones más completas, como evaluaciones independientes o aportaciones de tipo paralelo, dentro del proceso.

Una característica positiva fue que los eventos paralelos organizados por la sociedad civil se celebraron en el mismo espacio que los eventos paralelos oficiales. En principio, era fácil pasar de una sala a otra y escuchar las opiniones de los ministros y las ONG. Pero, ¿hasta qué punto esto realmente trajo a la sala las voces ignoradas, y hasta qué punto las ONG actuaron como pastores, reuniendo un conjunto de voces que no diferían mucho del consenso gubernamental?

«Muchos de los representantes de la sociedad civil con los que hablé durante el último día y medio sintieron que se veían obligados a ser muy educados en ese espacio», dijo Essi Lindstedt, asesora de derechos globales de Fingo. «Este año, muchas organizaciones contaban con menos recursos, lo que provocó una menor coordinación. Muchas ONG grandes no se involucraron y dejaron que las organizaciones más pequeñas reclamaran la igualdad y la transparencia sin su respaldo político y organizativo. Podemos criticar a los gobiernos, pero también debemos reflexionar en la sociedad civil sobre las oportunidades que hemos perdido este año. La pobreza sigue siendo una elección política de los gobiernos, pero nosotros nos mostramos educados al respecto».

Protección social: reconocida, pero aún politizada y fragmentada

Forus y muchas coaliciones de la sociedad civil abogaron enérgicamente por reforzar la protección social como un derecho universal y permanente. La Declaración de Doha reafirmó las normas universales de protección social y, por primera vez, hizo referencia explícita a los derechos de las personas mayores, lo que supone un importante paso adelante. Hubo referencias y debates muy positivos sobre la economía del cuidado desde el discurso de apertura de Guterres, que situó la economía del cuidado a la par de la economía digital y la economía verde como sectores que ofrecen nuevas posibilidades de trabajo decente. En sesiones posteriores se analizaron las dimensiones remuneradas y no remuneradas del cuidado y el apoyo, así como la necesidad de garantizar que quienes prestan cuidados (en su mayoría mujeres) sean reconocidas en los sistemas de protección social.

Sin embargo, en la práctica, los sistemas de protección social de muchos países siguen siendo inadecuados, insuficientemente financiados y desiguales. Están condicionados por dinámicas políticas nacionales y mundiales que pueden dar lugar a desigualdades como las que sufren las mujeres (que son más propensas a realizar trabajos informales y, por lo tanto, a quedar fuera de los sistemas de protección social) y a enormes disparidades mundiales en la cobertura de la protección social, que deja sin redes de seguridad a las personas de los países más pobres. Los delegados observaron que los programas de pensiones, atención sanitaria, seguridad social y educación se ven a menudo debilitados por las restricciones fiscales o las presiones financieras internacionales, pero no existía un impulso político para crear una nueva presión para invertir en protección social. Si bien los gobiernos hicieron hincapié en la inclusión y la protección durante todo el ciclo de vida, muchas OSC argumentaron que estas siguen siendo en gran medida retóricas, ya que las personas con discapacidad y otros grupos que han sido históricamente marginados siguen enfrentándose a importantes barreras prácticas.

Los 4000 millones de personas que no están cubiertas por ninguna forma de protección social no lo estarán ahora porque se haya celebrado la Cumbre», compartieron los miembros de Forus. El cambio se producirá a través de procesos nacionales más transparentes, pero también a través de que la comunidad mundial se tome en serio la protección social como una inversión necesaria para la seguridad regional y mundial. Hasta que esto ocurra, la pobreza seguirá siendo una opción política que muchos gobiernos seguirán tomando.

Financiación: el puente que sigue faltando

Mucho antes de la CMDS2, la sociedad civil hizo hincapié en que los compromisos seguirían siendo vacíos si no se acompañaban de financiación, haciéndose eco de los mensajes de la Cuarta Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla. La Declaración de Doha reconoció los retos que plantean la deuda y la necesidad de una reforma fiscal, pero no llegó a ofrecer soluciones concretas y aplicables.

Esta laguna se percibió ampliamente como la cuestión más importante sin resolver de la Cumbre. Sin una financiación previsible y adecuada, la sociedad civil y las comunidades a las que sirve siguen en una posición vulnerable, especialmente porque muchos países se enfrentan al aumento de la deuda, la reducción de los recursos nacionales y los recortes en el gasto social. Para que los compromisos se materialicen, la arquitectura financiera internacional debe evolucionar para apoyar el desarrollo social.

Mientras que los gobiernos donantes elogiaron las virtudes de la movilización de recursos nacionales como fuente adecuada de financiación para el desarrollo social (basándose principalmente en la expectativa de que los países de ingresos bajos y medios puedan recaudar más impuestos), muchos países africanos pidieron una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana y destacaron el reto que supone el desarrollo social en el contexto actual de endeudamiento.

Como señaló Essi Lindstedt, de Fingo: «Doha fue un buen resultado en un año fragmentado y con recursos limitados, pero necesitamos recuperar nuestra energía y volver a centrarnos. Es positivo que Estados Unidos no impidiera la aprobación de la declaración y que casi todos los demás países se presentaran para expresar su apoyo. Pero ahora tenemos que pasar de las promesas a las posibilidades. El trabajo no ha terminado. La pobreza extrema sigue atacando el bienestar y la dignidad de las personas en los países de bajos ingresos, y las desigualdades y la discriminación perjudican a las personas y frenan las oportunidades».

Los responsables políticos deben sentarse urgentemente y determinar qué dinero se destina a qué inversión en desarrollo social: «Deben adoptar una visión más realista de las posibilidades de la financiación privada y la filantropía, y deben preguntarse si pueden permitirse la inestabilidad de un mundo que no invierte en vías para salir de la pobreza. En Doha no se puso sobre la mesa dinero nuevo, ni de los donantes oficiales, ni de los mecanismos financieros para crear más espacio fiscal, ni de la filantropía. Si creen que este año han resuelto la financiación del desarrollo social y el cambio climático, por favor, que nos digan cómo».

Pero igual de importante es que, mientras ellos se ponen serios con las cifras, nosotros, como sociedad civil, elevemos nuestro propio nivel de ambición y les mostremos nuestra visión. Esto tiene que ir más allá de las educadas sesiones informativas sobre nuestros logros con soluciones locales y eficiencias a pequeña escala, como los servicios públicos digitales. Los grupos más audaces de la sociedad civil están replanteando lo que es posible, cómo es una buena vida. Los pueblos indígenas nos han hecho pensar de forma diferente sobre quién protege realmente la biodiversidad. Las organizaciones dirigidas por mujeres han trabajado con gobiernos desde Chile hasta Kenia y Jordania para crear respeto por el trabajo de cuidados y forzar un nuevo debate sobre lo que se valora en las economías. Tenemos que inspirarnos en ejemplos como estos y mostrar a la gente que podemos y vamos a construir un mundo que cambie la pobreza por posibilidades y la discriminación por comunidad. Es entonces cuando realmente encenderemos una nueva visión del desarrollo social que nos puede llevar hasta 2030 y al establecimiento de nuevos objetivos globales», comparte Essi.

La brecha digital: ¿del reconocimiento a la inclusión real?

La sociedad civil esperaba que Doha afirmara el acceso digital como un derecho social, más allá de un marco puramente tecnológico. La Declaración reconoció la necesidad de reducir la brecha digital, en particular para las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las comunidades rurales.

Si bien el reconocimiento de la transición digital fue ampliamente acogido, los delegados señalaron la falta de compromisos concretos relacionados con la infraestructura digital pública, la accesibilidad de los datos y la gobernanza. Muchos subrayaron que esos detalles deben figurar en el Pacto Digital Global. Como destacaron el secretario general y la ministra Baerbock, el Pacto Digital Global será fundamental para garantizar que las economías digitales emergentes no reflejen ni afiancen las brechas digitales actuales. Sin inversión, la brecha digital corre el riesgo de afianzarse aún más.

Rendición de cuentas: un pilar aún por completar

Las recomendaciones iniciales de la sociedad civil incluían mecanismos sólidos de rendición de cuentas: revisiones públicas anuales, supervisión formalizada de la sociedad civil y un punto de control en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas de 2026.

Aunque la Declaración de Doha menciona el seguimiento, no establece ningún sistema de rendición de cuentas vinculante. Los gobiernos no están obligados a asumir compromisos específicos, publicar informes de progreso ni involucrar a la sociedad civil en la supervisión. Si bien la Declaración fue adoptada por consenso, siguen existiendo numerosas reservas.

Esto hace que el papel de la sociedad civil como vigilante y defensora sea aún más esencial, no solo para participar, sino para supervisar, verificar y garantizar que los compromisos no se olviden después de la Cumbre.

Convertir los eslóganes en sistemas dependerá del trabajo que se realice a continuación, a nivel nacional, en la Comisión de Desarrollo Social de 2026 y en la movilización continua de la sociedad civil en todo el mundo.

Este artículo ha sido redactado con aportaciones de los miembros de Forus, con el apoyo de Essi Lindstedt, Bibbi Abruzzini y Clarisse Sih.