Forus, una red global de 73 plataformas nacionales de ONG y 7 coaliciones regionales de ONG, rechaza la acción militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026 y denuncia el peligroso precedente que sienta para la paz y la seguridad internacional y regional.

Como han subrayado las organizaciones de la sociedad civil venezolana, esta crisis debe entenderse a través de la realidad vivida por las personas que se enfrentan a una prolongada emergencia social, política y humanitaria. El uso de la fuerza por parte de una gran potencia militar en estas circunstancias es profundamente desproporcionado y corre el riesgo de causar daños a la población civil, daños estructurales y traumas colectivos a largo plazo. La normalización del uso unilateral de la fuerza fuera de los marcos multilaterales socava el orden internacional basado en normas y expone a la población civil a decisiones impulsadas por el poder en lugar de por normas jurídicas universales.

En un momento de escalada de conflictos y profundización de las tensiones geopolíticas en todo el mundo, es esencial reafirmar los fundamentos del orden internacional basado en normas. La Carta de las Naciones Unidas, los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política, y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza no son opcionales. Existen para proteger a las personas y prevenir la escalada. Cualquier acción que socave estos principios podría normalizar la ley del más fuerte en los asuntos internacionales, con consecuencias que podrían extenderse rápidamente por toda América Latina y el Caribe, y más allá. La paz en la región debe construirse mediante el diálogo, la cooperación y el respeto del derecho internacional, y no mediante amenazas, coacción o uso de la fuerza.

El derecho internacional debe prevalecer sobre el principio de «la ley del más fuerte»

Forus reitera la necesidad imperiosa de respetar plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados de defender estos principios, de manera coherente y sin doble rasero.

La operación del 3 de enero suscita serias preocupaciones sobre su conformidad con las normas de la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, y refleja un uso desproporcionado del poder militar en un contexto en el que la población civil ya es muy vulnerable, lo que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Si el objetivo declarado es combatir la corrupción o las redes delictivas transnacionales, el derecho internacional ofrece vías que no requieren el uso de la fuerza militar y no cuestan vidas civiles.

En estos tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca recordar los derechos y libertades fundamentales universalmente reconocidos que se establecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) hace más de 70 años. El artículo 3 afirma que «Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». El artículo 5 establece que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Todos, y en primer lugar quienes ocupan puestos de poder, tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten y protejan los derechos consagrados en la DUDH y las obligaciones establecidas en el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

El derecho internacional ofrece vías para abordar cuestiones graves, como las violaciones de los derechos humanos, la delincuencia transnacional y las disputas relacionadas con los recursos, mediante mecanismos multilaterales, investigaciones independientes y mecanismos judiciales competentes. Estas herramientas deben utilizarse. Las acciones militares unilaterales nunca deben sustituir al derecho, la diplomacia o la rendición de cuentas.

La parálisis multilateral no debe ser una excusa para el uso unilateral de la fuerza

La sociedad civil venezolana lleva años alertando sobre el aumento de los riesgos y las graves violaciones, y ha pedido que se adopten medidas preventivas y de protección a través de canales multilaterales. La ausencia de respuestas internacionales sostenidas y eficaces ha contribuido a crear un peligroso vacío, que ha dejado a la población atrapada entre la represión interna y la falta de una protección multilateral creíble, y ha dado lugar a respuestas coercitivas con un alto coste humano. Este momento debe ser un punto de inflexión para un compromiso multilateral coherente, preventivo y centrado en las personas, y no un precedente para una escalada unilateral.

También nos preocupa que enmarcar la rendición de cuentas principalmente a través de cargos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo corra el riesgo de desplazar el historial bien documentado y de larga data de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y presuntos delitos cometidos contra la población venezolana. Cualquier vía creíble de rendición de cuentas debe abordar la responsabilidad del Estado y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la verdad, la justicia, la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas, a través de mecanismos competentes e independientes.

La desescalada y la protección de los civiles deben ser la prioridad inmediata

La desescalada y la protección de los civiles deben ser la prioridad inmediata. Todos los actores deben abstenerse de tomar medidas que puedan intensificar la violencia, ampliar la inestabilidad o agravar el sufrimiento. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos deben respetarse plenamente en todo momento, incluida la protección de los civiles, las salvaguardias para todas las personas privadas de libertad, las garantías del debido proceso y el trato humano.

Venezuela ya se enfrenta a importantes retos humanitarios y de protección, además de una grave crisis de desplazamiento que ha ejercido una fuerte presión sobre las comunidades de acogida de toda la región.

Según fuentes de las Naciones Unidas, casi 7,9 millones de venezolanos son refugiados y migrantes en todo el mundo, y casi 8 millones de personas dentro del país necesitan asistencia humanitaria. El seguimiento de la sociedad civil nacional también pone de relieve las graves privaciones, incluida la inseguridad alimentaria generalizada y las profundas barreras para acceder a los servicios esenciales.

Cualquier escalada corre el riesgo de agravar estas realidades, tanto en Venezuela como en toda América Latina y el Caribe. Esta situación también exige prestar atención a los impactos psicológicos, sociales y colectivos en las comunidades, determinados no solo por los acontecimientos del 3 de enero, sino también por las narrativas políticas y mediáticas contradictorias y en rápida evolución que profundizan la incertidumbre, el agotamiento emocional y la confusión sobre las garantías, los derechos y el camino a seguir.

El camino sostenible hacia adelante debe ser pacífico y centrado en las personas

Forus reafirma un principio fundamental: el futuro de Venezuela debe ser determinado por los propios venezolanos, mediante medios pacíficos compatibles con el derecho internacional y los principios de derechos humanos, con un apoyo multilateral creíble. Cualquier enfoque que sugiera una «administración» externa o la determinación del futuro de un país mediante el control de recursos estratégicos es incompatible con el derecho a la libre determinación y corre el riesgo de provocar una mayor desestabilización.

Cualquier camino centrado en las personas debe reconocer también la profundidad del agotamiento social. Las expresiones de esperanza o «alivio» entre parte de la población no deben interpretarse como un apoyo a la guerra, sino como un reflejo de la desesperación ante una crisis prolongada y la reducción de las opciones. Al mismo tiempo, la falta de alternativas políticas inclusivas y la erosión de las estructuras representativas de confianza han alimentado la fragmentación y la polarización. En este panorama, la sociedad civil organizada sigue siendo uno de los pocos actores que sostiene la acción humanitaria, documenta los abusos y preserva la cohesión social, y su protección es indispensable para cualquier proceso creíble de distensión, rendición de cuentas y paz sostenible.

Hacemos un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas, a los mecanismos pertinentes de la ONU y a los actores regionales e internacionales para que utilicen sus buenos oficios para apoyar la distensión, el diálogo y las soluciones negociadas, y para ayudar a prevenir una crisis regional más amplia.

Prevenir las represalias contra el espacio cívico y los actores cívicos

En momentos de mayor inseguridad, los actores cívicos suelen ser los primeros en sufrir represalias. Nos preocupa profundamente el aumento del riesgo de represalias y represión contra las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y los defensores de los derechos humanos, incluso en el marco de medidas de emergencia o excepcionales. Dichas medidas no deben utilizarse como pretexto para perseguir la disidencia o restringir aún más las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.

En toda la región, la sociedad civil también se enfrenta a una polarización y una presión crecientes, incluido el riesgo de que las crisis se utilicen para justificar nuevas restricciones al espacio cívico, la búsqueda de chivos expiatorios o la intimidación. La protección de las libertades cívicas es esencial para cualquier vía pacífica hacia el futuro y para la resiliencia de las sociedades sometidas a tensión.

Los actores cívicos, las ONG locales y las plataformas nacionales y regionales de ONG en las que se organizan son esenciales para la respuesta humanitaria, la cohesión social, la documentación de los abusos y cualquier proceso de transición creíble. Su protección debe considerarse una condición fundamental para la estabilidad, y no una cuestión secundaria. Reconocemos su dedicación a mejorar la vida de sus comunidades a pesar de todos los retos a los que se enfrentan.

Rendición de cuentas y justicia, sin erosionar el derecho internacional

Forus reconoce las demandas de larga data de verdad, justicia, rendición de cuentas y reparación en contextos marcados por graves violaciones de los derechos humanos. Estos objetivos son indispensables, pero no pueden perseguirse normalizando el uso ilegal de la fuerza que erosiona el derecho internacional, pone en peligro a la población civil y sienta precedentes que otros pueden replicar en otros lugares. El poder de la ley debe prevalecer.

Llamamientos a la acción

En consonancia con estos principios, Forus hace un llamamiento a:

• El Gobierno de los Estados Unidos de América: que cese cualquier uso unilateral o amenaza de uso de la fuerza; que cumpla plenamente con la Carta de las Naciones Unidas; y que aborde cualquier preocupación a través de mecanismos diplomáticos, multilaterales y legales.

• A todos los Estados, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: que respeten la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario y de derechos humanos; que den prioridad a la protección de la población civil y al debido proceso; que actúen con moderación; y que apoyen los esfuerzos diplomáticos urgentes para evitar la escalada y proteger a la población civil.

A los actores externos con influencia sobre la situación: que se abstengan de acciones unilaterales que socaven el derecho internacional y aumenten los riesgos para la vida de los civiles y la estabilidad regional.

• A las autoridades venezolanas y a todos los actores nacionales: que garanticen la protección de los actores cívicos y las libertades fundamentales; que eviten represalias contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos; que garanticen un trato humano y el debido proceso a todos los detenidos; y que permitan la acción humanitaria independiente.

• Las Naciones Unidas, los organismos regionales y los Estados miembros: actuar con urgencia, utilizando sus buenos oficios, el apoyo a la mediación y los mecanismos multilaterales, para apoyar la desescalada, prevenir una mayor desestabilización regional y defender de manera coherente la Carta de las Naciones Unidas; dar prioridad a la protección de la población civil y la vigilancia de los derechos humanos; y ayudar a mantener el espacio y el acceso humanitarios, al tiempo que se reafirma a América Latina y el Caribe como una zona de paz, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de la diplomacia preventiva, la vigilancia independiente de los derechos humanos y mecanismos multilaterales de protección creíbles que reduzcan el espacio percibido para el uso unilateral de la fuerza.

• Donantes y socios internacionales: proporcionar un apoyo flexible y rápido a la sociedad civil y a los mecanismos de protección, como el apoyo jurídico, la seguridad digital, la asistencia de emergencia, las capacidades de documentación y la respuesta humanitaria, incluida la protección basada en la comunidad y el apoyo psicosocial, y apoyar a los actores locales que trabajan para contrarrestar el miedo, la polarización y la desinformación que ponen en peligro a las comunidades y el espacio cívico; reforzar las salvaguardias del espacio cívico en toda la región; y aumentar el apoyo a las comunidades afectadas, incluidas las comunidades de acogida que apoyan a los venezolanos desplazados.
• Forus se solidariza con la sociedad civil y las comunidades afectadas por esta crisis en Venezuela y en toda la región. Seguiremos instando a todos los actores a que respeten el derecho internacional, defiendan los principios de los derechos humanos y adopten todas las medidas posibles para lograr la paz y evitar una mayor escalada.

En solidaridad,

Forus