Proteger el entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil en Marruecos

En un contexto de rápidas transformaciones a nivel geoestratégico, ecológico y digital, se pide a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que intensifiquen sus esfuerzos para posicionarse eficazmente en favor de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Uno de los principales instrumentos de acción de las OSC marroquíes es la influencia en las políticas públicas mediante la movilización de alianzas asociativas y sociales. Sin embargo, este papel se enfrenta actualmente a una creciente restricción del espacio cívico. Esto se manifiesta en disposiciones legales que no están alineadas con el espíritu de la Constitución de 2011, el incumplimiento de la ley por parte de ciertas autoridades públicas, prohibiciones arbitrarias de actividades y la ausencia de un marco de financiación pública permanente, previsible y transparente.

 

Desde las reformas de 2002 y 2005, y más recientemente el Llamamiento de Rabat de 2013, el movimiento asociativo marroquí ha tomado conciencia de la necesidad de una hoja de ruta renovada para un marco actualizado de la acción asociativa.

 

Este proyecto está liderado por Espace Associatif, que garantiza su liderazgo autónomo. Sin embargo, permanece abierto a las dinámicas de las plataformas de las que Espace Associatif es miembro, incluidas Mirla y Rabat.

 

A nivel institucional, Marruecos se prepara para celebrar elecciones legislativas en septiembre. La dinámica que rodea este evento y los debates que genera sobre las prioridades programáticas de los partidos políticos representan oportunidades de incidencia y compromiso político que la sociedad civil debe aprovechar y seguir de cerca.

 

El objetivo es lograr una reforma legislativa avanzada que garantice un entorno favorable, protector y propicio para la acción ciudadana en Marruecos. Con este fin, Espace Associatif desarrollará una estrategia nacional de incidencia basada en evidencia dirigida a los actores políticos antes y después de las elecciones legislativas de septiembre de 2026, con el fin de integrar las demandas de la sociedad civil en los programas de los partidos políticos y asegurar el seguimiento de los compromisos adquiridos.