En el Foro Asiático de ONG sobre Desarrollo Internacional 2025, celebrado en Taipéi (Taiwán), el líder de la sociedad civil estadounidense Sam Worthington pronunció un impactante discurso titulado «La democracia en una encrucijada: contrarrestar el autoritarismo y promover el ODS 16». Desde una perspectiva única y sincera de la sociedad civil estadounidense e internacional, Worthington ofreció un análisis aleccionador de las amenazas actuales a la democracia en todo el mundo, con especial atención a los cambios autoritarios bajo la segunda administración Trump. Sus comentarios, basados en décadas de experiencia y pronunciados ante una audiencia de líderes de la sociedad civil asiática y mundial, sitúan el ODS 16 no solo como un objetivo de desarrollo, sino como un imperativo moral global que se encuentra bajo asedio. A continuación se reproduce el texto completo de su discurso.

La democracia en una encrucijada: contrarrestar el autoritarismo y promover el ODS 16

Sam Worthington | Foro de ONG de Asia | 27 de junio de 2025

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Buenos días.

Es un honor estar aquí con ustedes en Taipéi. Quiero dar las gracias a nuestros anfitriones, Taiwan AID, y a todos ustedes por haber asistido a esta importante conferencia. Esta reunión no podría ser más oportuna. Vivimos en una época en la que los ideales de la sociedad civil se ven cuestionados en todo el mundo, y celebro vuestra voz y vuestra resiliencia. Las opiniones que compartiré hoy con vosotros son mías y no representan a InterAction ni a ninguna ONG estadounidense en particular, sino que se basan en cuatro décadas de experiencia en nuestro sector.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 siempre ha sido un objetivo ambicioso. Nos exhorta a todos a construir sociedades basadas en la paz, la justicia y unas instituciones sólidas y transparentes. En esencia, el ODS 16 prevé un mundo en el que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, condición o identidad, puedan acceder a la justicia sin temor ni favoritismos. Un mundo en el que los gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. Un mundo en el que las voces cívicas no sean silenciadas, sino que se incluyan activamente en la elaboración de políticas y decisiones. Afirma que el desarrollo sostenible no es posible sin una gobernanza inclusiva, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Las sociedades pacíficas no surgen por casualidad, se construyen. Las instituciones responsables son los cimientos democráticos que protegen los derechos y controlan el poder. El ODS 16 nos recuerda que el desarrollo no solo debe mejorar los medios de vida, sino que también debe fortalecer la legitimidad, la equidad y la capacidad de respuesta de las instituciones que rigen nuestras vidas. Hoy en día, el ODS 16 está siendo atacado. En todo el mundo, el espacio cívico se está reduciendo. El estado de derecho se está erosionando. Las tendencias autoritarias están en auge. Nos encontramos en una encrucijada. No solo como defensores o profesionales, sino como ciudadanos que se enfrentan a una crisis democrática mundial.

En mi reciente libro, Prisoners of Hope: Global Action and the Evolving Roles of U.S. NGOs (Prisioneros de la esperanza: la acción global y la evolución del papel de las ONG estadounidenses), escribo que nos encontramos en una coyuntura histórica única, marcada por tendencias inquietantes: el cambio climático, los conflictos geopolíticos, la inseguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad... y un giro global hacia ideologías populistas y autoritarias. Para muchos, estos son tiempos oscuros. Sin embargo, no podemos limitarnos a maldecir la oscuridad. Ahora más que nunca, debemos abrazar los ideales y valores de la sociedad civil y actuar en consecuencia para marcar la diferencia. Como parte de los Principios de Estambul para la Eficacia de las OSC, nos hemos comprometido a respetar y promover los derechos humanos y la justicia social, y a centrarnos en el empoderamiento y la participación de las personas.

En el corazón del trabajo eficaz de las ONG se encuentra la creencia en el potencial humano y en el poder de la compasión para abordar los problemas que intentamos resolver. Mi concepción de la sociedad civil como prisionera de la esperanza proviene de Desmond Tutu. Estamos aquí, en esta conferencia, porque creemos en el potencial humano. La esperanza en un futuro mejor no es pasiva. Da forma a nuestro futuro. La esperanza implica la voluntad de imaginar y actuar por un futuro mejor; esbozar los primeros pasos posibles y avanzar con constancia, negándose a dejar que el statu quo defina nuestro potencial. He visto esta realidad repetidamente, trascendiendo las fronteras culturales y uniendo a las personas. La esperanza en un futuro que promueva la dignidad, los derechos y el bienestar humanos es la fuerza motriz del cambio social positivo. La esperanza en un futuro mejor no es pasiva. Es un acto de resistencia contra la deriva autoritaria. Abarca las posibilidades del desarrollo impulsado a nivel local.

Cambio impulsado por la comunidad

Incluso en estos tiempos de considerables dificultades, las organizaciones de la sociedad civil locales y las ONG internacionales están aquí para quedarse. Nuestro papel en la respuesta a los retos mediante la acción humanitaria y el desarrollo seguirá siendo una piedra angular de un mundo globalizado. Junto con otros actores que promueven el cambio social y la justicia, debemos fortalecer nuestra asociación con las comunidades locales en su labor por construir un futuro mejor. Nos hemos reunido aquí hoy por nuestro compromiso común con la humanidad, con el desarrollo y el cambio impulsados por la comunidad. No se trata simplemente de una agenda de desarrollo, sino de una agenda democrática. Las aspiraciones de las personas deben estar moldeadas por sus conocimientos, reforzadas por su liderazgo y protegidas por normas democráticas.

Como ONG, hemos comprendido que el progreso duradero surge cuando las personas tienen el poder de moldear su propio futuro. El desarrollo impulsado por la comunidad no solo es más eficaz, sino también más justo. Potencia la participación y la equidad y sitúa la toma de decisiones donde debe estar: en manos de las personas. En todo el mundo, innumerables organizaciones de base, a menudo con pocos recursos y poco reconocidas, trabajan cada día para construir sociedades más inclusivas, responsables y sostenibles. Estos grupos no son solo agentes del desarrollo, sino también agentes democráticos. Fomentan la participación ciudadana, defienden los derechos, luchan contra la exclusión y fortalecen nuestro tejido social. Apoyarlos es invertir en la resiliencia democrática desde la base.

Incluso en los entornos más difíciles, donde la democracia puede estar amenazada, donde el espacio cívico se reduce, donde gobiernan Estados autoritarios o donde la corrupción socava la confianza, siempre hay personas que luchan por construir, trabajar y defender un futuro más inclusivo y digno. Estos esfuerzos son actos de desafío democrático. Nos recuerdan que la democracia no se define solo por las elecciones, sino por la participación y la inclusión cotidianas.

Trabajar con los agentes locales del cambio requiere humildad y un compromiso con nuestra humanidad compartida. Cuando miramos de cerca, vemos a personas que actúan no por beneficio personal, sino por el potencial colectivo. Cuando su esperanza se basa en los derechos humanos y cuando las personas tienen libertad para organizarse, expresarse y actuar, se convierte en una fuerza que fortalece el ODS 16. Este trabajo no solo sostiene vidas, sino también los valores democráticos. Empodera a una nueva generación para organizarse y liderar. En ciudades, pueblos, barrios marginales y campos de refugiados, las personas reclaman su espacio, reivindican sus derechos e imaginan nuevas posibilidades. Sus esfuerzos nos muestran que el futuro del ODS 16 no depende solo de las instituciones nacionales, sino también de la voz de las personas.

La colaboración internacional en torno al ODS 16 desempeña un papel fundamental en el fomento de esta energía democrática. Al combinar los recursos y la experiencia a nivel mundial con el conocimiento y la legitimidad locales, creamos un modelo de cooperación basado en la responsabilidad compartida y el respeto mutuo. Las ONG internacionales sirven de puente entre la acción comunitaria y el cambio de políticas, y entre las prioridades locales y las agendas globales.

Entendemos que el desarrollo sostenible no puede lograrse sin la participación democrática. Debe ser moldeado por quienes viven con sus consecuencias. Por eso, el movimiento por la localización no es simplemente una estrategia de desarrollo, sino un imperativo democrático. Los esfuerzos de base para organizarse, exigir cambios e incluir a los excluidos son los pilares de la cultura democrática. En última instancia, el desarrollo impulsado por la comunidad y la democracia son inseparables. Se refuerzan mutuamente. Apoyar a uno es fortalecer a ambos. Y en el mundo actual, en el que el autoritarismo está en auge y el espacio cívico se encuentra bajo asedio, esta labor es más urgente que nunca.

InterAction y el bipartidismo

Durante más de cuatro décadas, InterAction, la mayor plataforma de ONG con enfoque global de Estados Unidos, ha trabajado por encima de las divisiones partidistas para promover una política de desarrollo y democracia basada en principios. Desde la administración Reagan hasta las primeras administraciones Trump y Biden, hemos colaborado con líderes de ambos partidos, incluyendo asociaciones muy constructivas con miembros republicanos y demócratas del Congreso.

Durante setenta años, la ayuda al desarrollo se consideró en general un pilar no partidista de la política exterior de Estados Unidos, una inversión estratégica basada en los valores democráticos y humanitarios estadounidenses y en el interés por la estabilidad mundial. La cooperación bipartidista dio forma a la política humanitaria y de desarrollo de Estados Unidos. En Washington D. C., muchas organizaciones sin ánimo de lucro aprendieron que el compromiso basado en principios, las propuestas pragmáticas y el respeto por las instituciones ayudarían a influir en la política más allá de las divisiones políticas. Ese enfoque funcionó en su momento. En InterAction lo viví en primera persona.

Durante las últimas décadas, InterAction ha trabajado con diferentes administraciones, sin dudar en criticar las decisiones ejecutivas o legislativas. Como parte de la sociedad civil, hemos defendido nuestro papel como socios y vigilantes. Esto ha incluido adoptar posturas basadas en principios tanto durante las administraciones demócratas como durante las republicanas. Hemos defendido el espacio cívico, tanto en nuestro país como en el extranjero. Un momento decisivo fue la acción legal USAID contra AOSI, que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A través de InterAction, las ONG estadounidenses reafirmaron un principio democrático fundamental: que las organizaciones sin ánimo de lucro, incluso cuando están parcialmente financiadas por el Gobierno, deben conservar su voz independiente y el derecho a definir sus propias políticas.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos estuvo de acuerdo. Esta victoria para la libertad de expresión reforzó la idea de que la financiación pública nunca debe exigir conformidad ideológica. El poder ejecutivo estuvo de acuerdo, al menos hasta hoy. InterAction sigue trabajando por encima de las divisiones políticas, pero hoy en día, el histórico consenso bipartidista en materia de desarrollo se ha fracturado. A medida que USAID y otras agencias gubernamentales fueron desmanteladas mediante una toma de control hostil, hemos sido testigos de cómo fuerzas están llevando a Estados Unidos hacia una versión del siglo XXI de una ideología autoritaria de extrema derecha que en su día llamamos fascismo. Las acciones radicalmente disruptivas se disfrazan con un lenguaje de eficiencia y gobernanza normal.

Las consecuencias son graves, y las analizaré con cierto detalle, pero primero retrocedamos para tener una visión más amplia.

El ODS 16 en peligro: tendencias mundiales y estadounidenses

En toda Asia y en todo el mundo, el espacio cívico se está cerrando. En muchos países, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los defensores de los derechos humanos se enfrentan a restricciones cada vez mayores, acoso legal e intimidación. Las leyes sobre «influencia extranjera», el registro de ONG, la legislación antiterrorista y la ciberseguridad se utilizan para reprimir la disidencia y controlar el discurso público. Afortunadamente, aquí en Taiwán, el espacio cívico sigue siendo vibrante y abierto, una excepción en esta región, pero, como bien saben, está sometido a una presión constante por parte de campañas de desinformación extranjeras y de esfuerzos por sembrar la división.

En muchas regiones, la independencia judicial está siendo atacada. En Estados autoritarios y semiautoritarios de todo el mundo, los tribunales están siendo politizados y utilizados como arma contra figuras de la oposición y actores de la sociedad civil. Los esfuerzos por erosionar la independencia judicial son fundamentales en la estrategia general de retroceso democrático. Un poder judicial independiente sigue siendo un pilar fundamental de la democracia. Sin embargo, muchos países democráticos se enfrentan a amenazas híbridas, con ataques cibernéticos y legales, y desinformación diseñada para socavar la confianza pública en sus instituciones democráticas, incluidos sus tribunales.

La vigilancia y la represión están aumentando. Los gobiernos de todo el mundo están ampliando rápidamente su capacidad de vigilancia, desplegando tecnologías avanzadas para controlar a los ciudadanos, silenciar a los críticos y prevenir la acción colectiva. En nuevas democracias como Taiwán, el Gobierno se enfrenta al doble reto de contrarrestar la injerencia extranjera maligna y proteger los derechos de los ciudadanos. Es necesario salvaguardar un ecosistema digital abierto frente a la tentación de extralimitarse en nombre de la seguridad nacional. Lograr este equilibrio es esencial, pero no fácil.

Hoy en día, el panorama en Estados Unidos es desolador: estamos asistiendo a un rápido deterioro de nuestra democracia, y las primeras consecuencias de este deslizamiento autoritario son abrumadoras.

La crueldad se ha convertido en una estrategia de gobierno. Se están produciendo dos hambrunas, en Gaza y Sudán, donde la inanición masiva es una consecuencia directa de las políticas deliberadas de la Administración Trump. Se han recortado de la noche a la mañana miles de millones de dólares en ayuda humanitaria estadounidense, se han desmantelado programas y se han cortado las vías de suministro de alimentos. No se trata de efectos secundarios desafortunados, sino de actos calculados de indiferencia y extremismo ideológico.

El miedo se utiliza como herramienta de control. Las libertades civiles se están erosionando sistemáticamente. Continúan las purgas de funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se desacredita a los científicos. Existe una estrategia para infundir miedo atacando a las comunidades vulnerables, destruyendo carreras profesionales y castigando a quienes alzan la voz o denuncian acciones ilegales. Los líderes de la administración no se limitan a rechazar el Estado de derecho, sino que pretenden dominar el discurso y criminalizar la verdad misma.

La xenofobia es ahora un instrumento de gobierno. Los migrantes y los solicitantes de asilo son deshumanizados, la administración está eludiendo el debido proceso: son encadenados, deportados y confinados en centros de detención violentos. La crueldad no es accidental, es estratégica. La policía de inmigración enmascarada, el ICE, está llevando a cabo violentas redadas en hogares y separando a familias en comunidades de todo el país. En las ciudades, estas detenciones son muy impopulares. Y, por primera vez desde la crisis de los derechos civiles de la década de 1960, la Guardia Nacional de los Estados Unidos fue desplegada en una ciudad estadounidense, en el centro de Los Ángeles, contra la voluntad de los funcionarios estatales y locales, incluida la policía local, para reprimir a las comunidades de inmigrantes. Esto provocó enfrentamientos.

Estados Unidos se ha convertido en una nación poco acogedora. Más allá de la prohibición de viajar, entrar en Estados Unidos como turista, estudiante o viajero de negocios conlleva ahora riesgos reales, especialmente para los procedentes de países de mayoría musulmana, comunidades marginadas o cualquier persona considerada «indeseable».

La sociedad civil está sitiada. Cientos de miles de organizaciones sin ánimo de lucro están siendo desfinanciadas en todo el país, en particular las que se dedican a los derechos humanos, la justicia racial y la promoción de la democracia. Las universidades son castigadas por defender la libertad académica. Los bufetes de abogados y las voces progresistas son silenciados mediante la intimidación selectiva y la coacción económica. Estamos siendo testigos de un esfuerzo deliberado por reducir el espacio para la disidencia y el pensamiento independiente.

El nacionalismo cristiano blanco se ha normalizado. El racismo, el antisemitismo, la islamofobia y la transfobia ya no son ideas marginales, sino que son abiertamente aceptadas por los aliados de la Casa Blanca y amplificadas en los medios de comunicación pro-MAGA. Este giro ideológico hacia la extrema derecha está remodelando la cultura política estadounidense de forma peligrosa, alimentando la violencia política, incluidos los asesinatos. La disidencia se criminaliza y la corrupción se tolera ahora como algo legítimo. Las protestas pacíficas y la defensa de causas se tachan de «radicales» y «antiamericanas». Lideradas por enemigos internos considerados extremistas, violentos o incompetentes.

Mientras tanto, la corrupción ya no se oculta, los leales y los operadores políticos no cualificados ocupan abiertamente puestos clave, convirtiendo el servicio público en un instrumento de control partidista y de beneficio personal.

Se está socavando deliberadamente el estado de derecho. Una y otra vez, los tribunales han dictaminado que las acciones de Trump son inconstitucionales o violan la autoridad del Congreso. Sin embargo, esta administración ignora las sentencias judiciales, acelerando una peligrosa erosión del orden constitucional y los controles y contrapesos que definen el gobierno estadounidense. La censura estatal se está expandiendo. Las agencias federales están siendo vaciadas de contenido. Los funcionarios públicos son silenciados o purgados. Los sitios web del Gobierno, los conjuntos de datos y los registros públicos desaparecen. Los medios de comunicación independientes sin ánimo de lucro estadounidenses se enfrentan a amenazas existenciales a medida que se reduce el espacio para la libre expresión y la desinformación inunda el vacío. El Gobierno de Trump está prohibiendo activamente palabras y editando el lenguaje para crear un código de expresión aprobado.

Obtener el control total de las agencias gubernamentales es fundamental para este proyecto autoritario. La estrategia es sofisticada: desmantelar o vaciar selectivamente agencias clave, ignorar las leyes establecidas, eliminar las voces disidentes y trasladar el control operativo a entidades ajenas a la burocracia gubernamental tradicional. Un ejemplo claro es el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), anteriormente dirigido por Elon Musk, una construcción orwelliana diseñada para ocultar una toma de poder hostil bajo el lenguaje de la reforma.

Bajo la bandera de la «eficiencia» y la lucha contra el fraude, el DOGE ha ayudado agresivamente a Trump a consolidar su poder, eliminando los mecanismos de supervisión y anticorrupción y desacreditando a miles de funcionarios de carrera. Mantiene una narrativa constante de culpa, presentando a los profesionales del Gobierno como parte de un «Estado profundo» corrupto e ineficiente que debe ser purgado. Ahora, tras haber asegurado el control del sistema central de pagos del Gobierno estadounidense, DOGE tiene el poder de detener o manipular selectivamente los desembolsos, ya sean salarios, financiación de programas o pagos contratados. No se trata de una racionalización administrativa, sino que ha convertido las finanzas públicas en un arma, una herramienta para imponer la lealtad y castigar la disidencia en toda la maquinaria del Gobierno federal.

Esta tendencia al exceso de poder ejecutivo se ha acelerado con el reciente bombardeo estadounidense sobre Irán. Aunque las intervenciones militares ejecutivas de Estados Unidos en el extranjero no son nuevas, son las consecuencias —la guerra que sigue— las que a menudo conducen a una mayor erosión del espacio cívico. Es probable que Trump utilice cualquier ataque en represalia contra el territorio estadounidense como justificación para tomar medidas antidemocráticas de gran alcance.

En conjunto, todas las acciones de la administración Trump ya no son una advertencia. Estados Unidos se encuentra en plena caída hacia una versión de autoritarismo competitivo. Un Estados Unidos no democrático es una amenaza existencial para el ODS 16 en todo el mundo.

La sorpresa de la USAID

Uno de los ejemplos más claros de cómo esta administración ha convertido el poder gubernamental en un arma y ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestras instituciones democráticas es el desmantelamiento de la USAID. El ataque fue una sorpresa. No estábamos preparados, porque pocos podíamos imaginar que un presidente de los Estados Unidos pudiera dar un golpe de Estado mediante el uso de la tecnología y el desprecio deliberado de la ley, diezmando sistemáticamente una agencia creada por el Congreso. Y luego pasar a perjudicar a otras agencias en todo el país.

En el sistema de gobierno estadounidense, el poder del dinero reside en el Congreso. Es el Congreso el que controla el presupuesto federal y autoriza la financiación o los recortes mediante la legislación. Un presidente puede proponer recortes presupuestarios o tratar de reorientar los recursos, pero solo el Congreso tiene la autoridad constitucional para limitar o suspender la financiación. Sin embargo, el presidente Trump, actuando a través de Elon Musk y DOGE, eludió este control fundamental del poder ejecutivo. Aunque muchas de las acciones de DOGE han sido declaradas ilegales por los tribunales, cuando se dictaron esas sentencias, el daño ya estaba hecho.

USAID fue el primer caso de prueba de DOGE, y los resultados fueron devastadores. Los operativos de DOGE entraron físicamente en la sede de USAID, despidieron a cualquiera que se opusiera, tomaron el control de los sistemas informáticos de la agencia y comenzaron a desmantelar sistemáticamente sus funciones básicas. Cerraron los sistemas internos, cancelaron subvenciones y contratos y bloquearon los desembolsos. En el proceso se recopilaron enormes cantidades de datos. Cuando los funcionarios de USAID intentaron posteriormente reiniciar las operaciones humanitarias de emergencia, descubrieron que se habían rescindido contratos de apoyo críticos. La infraestructura logística necesaria para entregar la ayuda alimentaria —canales de adquisición, almacenamiento, transporte y sistemas de pago— había quedado inutilizada sin posibilidad de reparación. Reiniciar estas operaciones resultó imposible.

A continuación, DOGE amplió su ataque a todo el Gobierno federal, centrándose en otras agencias, especialmente aquellas que mantienen datos críticos sobre los ciudadanos estadounidenses y las que gestionan servicios públicos esenciales, como los pagos de la Seguridad Social. Se prestó especial atención al Departamento de Justicia y a cualquier institución que pudiera ayudar a vigilar, intimidar o controlar al pueblo estadounidense. Aunque hemos conseguido varias victorias legales que han ralentizado este proceso, con demasiada frecuencia estas victorias han llegado demasiado tarde para evitar daños irreparables.

El Instituto Estadounidense de la Paz (USIP) ofrece otro ejemplo claro. El USIP es una organización independiente, creada por el Congreso pero gobernada por una junta sin ánimo de lucro, no es una agencia gubernamental bajo control presidencial. Sin embargo, Trump destituyó sumariamente a los miembros de la junta del USIP y destituyó a su dirección ejecutiva. El presidente del USIP y varios altos cargos se opusieron, argumentando que el presidente no tenía autoridad legal para interferir en la gobernanza de una organización independiente sin ánimo de lucro. En un acto de resistencia civil, se encerraron en su edificio. DOGE respondió con subterfugios. Utilizando una artimaña que engañó a la policía local y puso la seguridad del edificio bajo el control de DOGE, los agentes de DOGE lograron entrar. Una vez dentro, se apoderaron de los sistemas informáticos del USIP y obligaron al personal restante a abandonar las instalaciones.

Varias semanas después, un tribunal federal dictaminó que la toma de control era ilegal y ordenó que se restableciera el USIP. El edificio ya ha reabierto, pero el daño ya está hecho. De los 300 empleados que trabajaban en el USIP, solo quedan 25, y la capacidad y los programas de la institución han quedado devastados. Sus ordenadores están en silencio. La historia del USIP no es única. No es más que uno de los muchos ejemplos del manual autoritario de esta Administración: desmantelar instituciones independientes, eludir la ley y normalizar el gobierno mediante la fuerza y el engaño.

Repercusiones del fin de la ayuda exterior estadounidense

En Cox's Bazar o Darfur, una niña que antes sobrevivía gracias a la ayuda del Gobierno estadounidense ahora morirá. Su vida se sacrificará en nombre de la eliminación del «gasto público», ya que, al fin y al cabo, una vez que haya muerto, no habrá necesidad de alimentarla. Con un desprecio cruel por la vida humana, la Administración Trump ha promulgado políticas de ayuda exterior que están matando a cientos de miles de personas inocentes, principalmente niños. Su punto ciego, su barbarie, radica en una profunda indiferencia hacia el sufrimiento humano. Se descarta la empatía. Los daños colaterales no son una preocupación. Algunos pueden argumentar que esta devastación es la consecuencia no deseada de reformas equivocadas, un sistema roto que se desmantela para dar paso a algo nuevo. Pero la historia puede registrarlo de otra manera: no como una reforma, sino como un crimen bárbaro.

Una administración estadounidense ha dado la espalda a millones de personas que antes recibían ayuda vital, sacrificando a los más vulnerables para aprobar una rebaja fiscal que beneficia de manera desproporcionada a los multimillonarios. Las operaciones humanitarias de USAID han sido desmanteladas. Las familias que llegan a los centros de alimentación con niños gravemente desnutridos se encuentran ahora con las puertas cerradas. Los centros están cerrados. No hay comida. Los niños mueren.

Las ONG estadounidenses siguen funcionando, pero con recursos drásticamente reducidos. Muchas están reduciendo sus actividades y algunas están cerrando por completo sus programas humanitarios. Para quienes viven con el VIH/sida con solo unos pocos dólares al día, la ayuda vital ha sido sustituida por un simple aviso: «El medicamento del que depende ya no está disponible. Todo el personal ha sido despedido. No hay ningún lugar adonde ir». A finales de 2025 o principios de 2026, es probable que se produzca una hambruna generalizada en algún lugar. Sin embargo, su trayectoria no se seguirá: FEWS NET, el principal sistema de alerta temprana de hambrunas del mundo, que en su día fue financiado por USAID, ha sido cerrado. Los moribundos ya no serán contados.

No es la primera vez que la ideología alimenta el sufrimiento masivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin reestructuró la agricultura de Ucrania para reforzar el control, lo que desencadenó el Holodomor, una hambruna provocada por el hombre que mató de hambre a más de tres millones de personas. Hoy, el régimen de Trump lleva a cabo su propia revolución cultural, imponiendo un brutal ajuste de cuentas a los más vulnerables del mundo. ¿Llegarán algún día los historiadores a calificar estas muertes, totalmente evitables, de crimen estadounidense? No hay guerra, solo la devaluación de la vida humana, reducida a una partida contable etiquetada como «residuo», considerada indigna del interés de la nación.

Este es el legado de un gobierno que abraza el autoritarismo y traiciona a sus aliados, al ignorar las normas de nuestra democracia. En su núcleo se encuentra la barbarie que la historiadora alemana Hannah Arendt denominó tan acertadamente en sus escritos sobre el totalitarismo: el resultado inevitable cuando los líderes abandonan la empatía y cierran servicios vitales en nombre de la eficiencia, viendo solo números en una pantalla donde antes había personas.

También estamos siendo testigos de un intento deliberado de desmantelar la sociedad civil organizada, tanto a nivel mundial como nacional. No se trata solo de una negligencia presupuestaria, sino de un ataque ideológico a la empatía, la justicia y la acción colectiva. Se está atacando a pilares fundamentales de la sociedad civil, que dan empleo a millones de personas. Una de las fuerzas más poderosas del siglo XX fue la fusión de la justicia social y la empatía humana. Afirmaba que podíamos y debíamos actuar para mejorar el bienestar humano en todas partes. Esa visión dio lugar a la sociedad civil global y sirvió de base para la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La mayoría de las ONG internacionales operan con reservas mínimas, a juzgar por la cantidad que destinan a sus programas. Sin un nuevo flujo de efectivo, muchas no pueden sobrevivir. El resultado es una oleada de despidos temporales y definitivos y el colapso de las organizaciones de la sociedad civil local en todo el mundo. Con la ayuda europea también en declive, muchas están reduciendo o cerrando sus programas. Parte de la resiliencia vendrá de la filantropía privada. Las organizaciones sin ánimo de lucro nacionales de Estados Unidos estarán en mejor situación, gracias al apoyo de casi medio billón de dólares en donaciones benéficas anuales. No será suficiente para compensar el colapso de la financiación pública, pero puede mantener viva a parte del sector. Para las ONG estadounidenses que trabajan a nivel mundial, el futuro será diferente: las que cuenten con una sólida financiación privada podrán sobrevivir; el resto desaparecerán. A nivel mundial, miles de organizaciones comunitarias cerrarán sus puertas.

Hoy en día, la empatía y la equidad social son consideradas amenazas por líderes como Elon Musk y Donald Trump. Promueven soluciones tecnocráticas desprovistas de compasión y teñidas de intolerancia, la misma combinación que ha alimentado las atrocidades autoritarias a lo largo de la historia.

La respuesta de la sociedad civil: una resistencia frágil pero decidida

Afortunadamente, la democracia estadounidense no se está rindiendo sin luchar. Incluso en estos momentos oscuros, la historia no ha terminado. En todo el país, los estadounidenses se niegan a ceder. La lucha por la democracia no está perdida, sino que está entrando en su fase más crítica. Desde periodistas y funcionarios públicos hasta activistas, estudiantes y cargos públicos, la gente se está levantando con claridad y valentía. Se han presentado cientos de demandas para impugnar las acciones ilegales del ejecutivo. Miles de protestas pacíficas continúan habitualmente en los 50 estados, tanto en zonas rurales como urbanas, rojas y azules. Puede que no siempre aparezcan en los titulares nacionales, pero su persistencia es poderosa. La sociedad civil no ha sido silenciada. Los líderes de organizaciones sin ánimo de lucro están defendiendo a las comunidades vulnerables. Equipos jurídicos están documentando los abusos y defendiendo el Estado de derecho. Estudiantes universitarios, desde Harvard hasta universidades históricamente negras, se están organizando para proteger las libertades civiles y exigir responsabilidades. Las redes comunitarias están dando refugio a personas que huyen de la violencia estatal y de las redadas del ICE. Grupos religiosos, sindicatos y bibliotecarios están marcando límites.

Estados como California, Illinois y Massachusetts se niegan a acatar las extralimitaciones federales. Están presentando demandas, rechazando mandatos inconstitucionales y protegiendo los derechos civiles dentro de sus propias jurisdicciones. Los líderes estatales y locales están emergiendo como guardianes cruciales de las normas democráticas, a menudo desafiando a Washington.

Los tribunales se han convertido en uno de los controles institucionales más fiables contra la extralimitación del ejecutivo. Aunque a menudo son lentos y cautelosos en los procedimientos, los jueces de todo el país han fallado en contra de los esfuerzos de la administración por reescribir la ley por decreto. Han bloqueado políticas que violan los derechos civiles, restringen las protecciones laborales, hacen un uso indebido de los fondos federales o infringen la autoridad estatal. Estas sentencias frenan los abusos de poder y defienden los principios constitucionales, incluso cuando los políticos fallan. Sin embargo, la batalla legal está lejos de haber terminado. La reorganización conservadora del Tribunal Supremo ha permitido a la administración obtener medidas cautelares en algunos casos, pero siguen pendientes revisiones completas. Muchas órdenes ejecutivas siguen inmersas en litigios.

Los tribunales están actuando como un freno vital, pero lo hacen bajo una presión inmensa y sin resultados garantizados. Pero no se trata solo de una lucha legal. La democracia se defiende cada día, no solo en los tribunales, sino también en las aulas, los ayuntamientos, los barrios y las calles. Para millones de estadounidenses, la empatía, la justicia y la solidaridad siguen siendo más fuertes que el miedo.

Algunos antecedentes. Para gran parte de la población estadounidense, la actual crisis política sigue siendo confusa. La comprensión es fragmentaria y a menudo distorsionada, moldeada por un flujo constante de desinformación procedente de la Casa Blanca y sus redes de medios de comunicación afiliados. Se manipulan los discursos para ocultar la erosión de las normas democráticas y se reformulan las tácticas autoritarias como reformas necesarias. Estados Unidos nunca ha sido una democracia perfecta. Siempre ha existido una contradicción entre sus ideales fundacionales y la realidad vivida. Pero para muchos estadounidenses, la idea de que podamos caer en el autoritarismo sigue pareciendo exagerada o abstracta. Muchos siguen centrados en las preocupaciones cotidianas: el aumento de los costes, la seguridad laboral y el acceso a la sanidad. Algunos simpatizan con ciertos discursos del Gobierno, como el apoyo a los recortes del gasto público o a políticas de inmigración más duras. La imagen de los migrantes como peligrosos delincuentes y de las agencias federales como organismos inflados y corruptos se ha arraigado en los círculos conservadores.

Y, sin embargo, los signos de malestar público son cada vez mayores, reflejando muchos de los movimientos prodemocráticos de Asia. Hace dos semanas, mi tía de 86 años asistió a su primera protesta en la ciudad de Nueva York. Se unió a más de diez millones de personas en más de 2100 manifestaciones pacíficas en todo el país. La marcha del «No King» se convirtió en un acto de resistencia a nivel nacional, alegre, decidido y profundamente patriótico. Contrarrestó el intento de la Casa Blanca de provocar el caos al ordenar a los marines que entraran en una ciudad estadounidense por primera vez en la historia moderna. La administración buscaba el conflicto, con la esperanza de justificar un mayor uso de la fuerza militar y crear un espectáculo de fuerza.

En cambio, lo que obtuvieron fueron familias con carteles, personas ondeando banderas estadounidenses al revés, ancianos con andadores y niños bailando en las calles. La imagen que esperaban —una triunfante demostración de fuerza— se vio superada por un mar de desafío pacífico. La gente salió con grupos de iglesias y comunidades, como individuos que acudieron a pesar de las advertencias de violencia y caos. La alarma pública se está extendiendo. Solo el 33 % de los estadounidenses cree que el presidente está utilizando adecuadamente los decretos presidenciales. Una gran mayoría desaprueba los recortes generalizados en los departamentos y agencias federales y su gestión de la política de inmigración. Los aranceles unilaterales, junto con los ataques a la Seguridad Social, la educación pública y la sanidad, también han resultado muy impopulares.

Sin embargo, la Casa Blanca parece imperturbable ante la opinión pública general. Su estrategia de gobierno se centra en la movilización de su base MAGA, no en el consenso nacional. Cambia la sustancia del gobierno por el espectáculo de la dominación, privilegiando la lealtad sobre la ley y el poder sobre los principios. El objetivo no es persuadir, sino polarizar. Los legisladores republicanos, aunque no siempre aprueban los métodos, siguen apoyando gran parte de la agenda de Trump. Por ahora, el partido sigue alineado con una estrategia que socava las normas democráticas para alcanzar objetivos ideológicos y mantenerse en el poder.

MAGA, el Proyecto 2025 y el manual autoritario

Para comprender a qué nos enfrentamos, es importante trazar una línea clara entre la ideología MAGA y el manual autoritario moderno. Ambos conforman una estrategia coherente para concentrar el poder, desmantelar las salvaguardias democráticas e imponer una visión ideológica estrecha de Estados Unidos.

La ideología MAGA no es solo un movimiento conservador. Tiene sus raíces en el nacionalismo cristiano blanco, el sentimiento antiinmigrante y el desprecio por el pluralismo. Rechaza las normas democráticas, presenta a los oponentes como enemigos y exige lealtad no a la Constitución, sino al líder. El Proyecto 2025 pone en práctica esta visión. Es una hoja de ruta para que la administración Trump tome el control del gobierno federal. Pide purgar a los funcionarios públicos, politizar las agencias independientes y consolidar el poder en manos del ejecutivo. Su objetivo es sustituir a los profesionales no partidistas por ideólogos leales y desmantelar los departamentos que apoyan la equidad, los derechos y la cooperación internacional.

Esta ideología sigue el conocido manual autoritario:

• Capturar y convertir en armas las instituciones.
• Desacreditar a los disidentes como amenazas.
• Explotar el miedo y la división, especialmente en torno a la raza y la migración.
• Eliminar las normas jurídicas y los controles sobre el poder ejecutivo.
• Centralizar el poder mientras se erosiona la rendición de cuentas.

El movimiento MAGA alimenta la ideología. El Proyecto 2025 proporcionó herramientas a los ideólogos de extrema derecha de la Casa Blanca. El presidente Trump aporta el carisma, la voluntad política y la capacidad de contar grandes mentiras de forma convincente. Mientras muchas ONG estadounidenses promovían la gobernanza democrática en el extranjero, no lograron hacer frente al desmoronamiento democrático que se estaba produciendo en su propio país.

El poder y la fragilidad del ODS 16

¿Por qué es importante el ODS 16? Porque sustenta todos los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin justicia, gobernanza responsable e instituciones sólidas, ninguna sociedad puede ser verdaderamente sostenible. Puede haber crecimiento económico, pero si las personas —especialmente las marginadas— carecen de voz, si los sistemas judiciales son inaccesibles o corruptos y si se niega a los individuos la posibilidad de decidir sobre su propio futuro, se derrumba la base del progreso duradero.

Es imperativo que los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales se unan para proteger y fortalecer las instituciones democráticas, fomentar la gobernanza inclusiva y ayudar a las personas a adaptarse a entornos políticos y sociales en rápida evolución. Como actores de la sociedad civil, debemos rechazar la falsa dicotomía entre la defensa de los derechos y la prestación de servicios. No se trata de ámbitos separados, sino de estrategias entrelazadas en defensa de la justicia, la dignidad y los valores democráticos. El ODS 16 no es un objetivo técnico. Es un imperativo moral.

El avance del ODS 16 también requiere un cambio de mentalidad, pasando de la caridad a la solidaridad. La colaboración transfronteriza debe considerarse recíproca. Una sociedad civil verdaderamente global reconoce que el conocimiento, las estrategias y las innovaciones fluyen en ambas direcciones, desafiando las jerarquías tradicionales de la ayuda y el desarrollo.

Para avanzar en esta agenda, debemos:

· Fortalecer la infraestructura cívica e invertir en movimientos liderados por jóvenes y en favor de los derechos digitales.

· Promover la toma de decisiones participativa, garantizar el acceso a la información, vigilar las violaciones de los derechos y participar en mecanismos de rendición de cuentas.

· Involucrar al sector privado en iniciativas contra la corrupción, la gobernanza responsable y las normas ESG.

· Invertir en la prevención de conflictos y coordinar las organizaciones humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz para abordar la fragilidad desde sus raíces.

· Y, en todo momento, debemos impulsar una verdadera localización, transfiriendo el poder y los recursos a quienes están más cerca de las comunidades a las que servimos.

A nivel mundial, necesitamos forjar redes cívicas resilientes, redes de solidaridad lo suficientemente fuertes como para resistir las perturbaciones, desafiar la impunidad y exigir responsabilidades a los gobiernos y las empresas por sus acciones. Estados Unidos apenas está comenzando a enfrentarse a la amenaza del autoritarismo interno. En cambio, muchos en Asia tienen décadas de experiencia resistiendo la autocracia y defendiendo el espacio democrático. Ahora es el momento de aprender unos de otros, de construir solidaridad más allá de las fronteras y de forjar la resiliencia mutua que exige nuestro futuro común.

Cierre: La esperanza es un acto de resistencia

Termino con esta reflexión: la esperanza no es optimismo ciego. Es claridad ante el peligro. Es el acto de levantarse cuando la democracia flaquea. Sí, nos encontramos en una encrucijada. Pero también es un punto de encuentro. Juntos, como actores de la sociedad civil en Asia, Estados Unidos y todo el mundo, debemos renovar nuestro compromiso con los ideales consagrados en el ODS 16: justicia, rendición de cuentas y paz. Somos, sin duda, prisioneros de la esperanza, porque hemos elegido construir un futuro que promueva el ODS 16. Avancemos, no solos, sino juntos.

Gracias.

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El discurso de Sam Worthington subraya una verdad fundamental: la democracia no es autosuficiente. Ya sea en Washington, Manila, Taipéi o Nairobi, los principios consagrados en el ODS 16 —justicia, gobernanza responsable y paz— requieren una defensa y una reinvención constantes. Su llamamiento a la acción es urgente y esperanzador: la sociedad civil debe servir de tejido conectivo de la resiliencia democrática, haciendo frente a la deriva autoritaria y construyendo nuevas formas de solidaridad transfronteriza. En un momento de crisis democrática, el papel de las ONG no es solo prestar servicios, sino encarnar y promover los valores que hacen posible el desarrollo sostenible.