Con la proximidad de importantes elecciones en múltiples regiones en 2026, la violencia relacionada con las elecciones sigue siendo una amenaza crítica para la participación democrática y el entorno propicio en todo el mundo. Más allá del día de las elecciones, la violencia antes, durante y después de los procesos electorales sigue erosionando la confianza en las instituciones, silenciando las voces disidentes e impidiendo que la sociedad civil ejerza plenamente sus libertades fundamentales de reunión y asociación pacíficas.

Estas dinámicas fueron el tema central del seminario web de la EU SEE «La violencia relacionada con las elecciones y su impacto en el entorno propicio: ¿qué papel desempeña la sociedad civil?», que reunió a líderes de la sociedad civil, académicos y expertos internacionales para examinar las causas fundamentales, las realidades vividas y las posibles vías de avance el pasado 15 de enero de 2026.

Restricciones y narrativas como herramientas para reducir el entorno propicio

La violencia relacionada con las elecciones no se produce de forma aislada. Según Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, las restricciones impuestas durante los períodos electorales suelen tener consecuencias a largo plazo.

«Cada vez que se imponen restricciones a la reunión y la asociación, se socava la confianza en el sistema. Estas medidas no desaparecen después de las elecciones, sino que crean un efecto en cadena que agrava la angustia y debilita la democracia con el tiempo», advirtió.

Para muchas organizaciones de la sociedad civil, las elecciones son momentos de mayor riesgo. Aunque desempeñan un papel fundamental en la educación, la supervisión y la documentación de los votantes, a menudo se las trata como amenazas en lugar de como aliadas en los procesos democráticos.

Realidades vividas: cuando las elecciones están marcadas por el miedo

Los ponentes destacaron cómo los patrones de violencia están profundamente arraigados en los sistemas políticos en los que el poder se disputa mediante la coacción en lugar de las ideas. El autor y defensor de los derechos humanos ugandés Kakwenza Rukirabashaija describió las elecciones en su país como ciclos de represión en lugar de opciones democráticas.

«Las papeletas electorales son lo último. Lo primero son las porras, los tribunales y las cárceles. Mientras seas visible, se te considerará una amenaza para el poder», afirmó, señalando el acoso judicial, la presión financiera y las repetidas represiones contra la oposición y la sociedad civil.

Desde Honduras, José Ramón Ávila Quiñonez, director ejecutivo de ASONOG y miembro de Forus, describió un contexto electoral muy polarizado, marcado por la inestabilidad política, la violencia de género y la injerencia extranjera.

«Se documentaron más de 560 incidentes de violencia relacionada con las elecciones antes de las elecciones de 2025, incluidas amenazas, coacción y el asesinato de al menos siete candidatos», explicó.

«Los estados de excepción y los fuertes despliegues de seguridad se presentaron como soluciones, pero restringieron aún más el espacio cívico y aumentaron el miedo», añadió.

Las organizaciones de la sociedad civil documentaron los abusos, llevaron a cabo campañas de prevención y presentaron denuncias ante las autoridades electorales, esfuerzos que contribuyeron a reducir los incidentes en algunas zonas urbanas, pero que a menudo supusieron un riesgo significativo para los activistas.

Las mujeres sufren un daño desproporcionado

En todos los contextos, los ponentes hicieron hincapié en que la violencia relacionada con las elecciones tiene un marcado carácter de género. Las candidatas, activistas y periodistas se enfrentan a acosos selectivos, incluidas amenazas de carácter sexual y ataques digitales destinados a desalentar su participación.

«Esta violencia no es incidental, sino que está diseñada para expulsar a las mujeres de la vida pública», señaló José Ramón, destacando el número de candidatas que se retiraron por motivos de seguridad.

Manjula Gajanayake, directora ejecutiva del Instituto de Reformas Democráticas y Estudios Electorales (IRES) de Sri Lanka, se hizo eco de esta preocupación y subrayó que, incluso en contextos en los que las reformas han reducido la violencia, las mujeres siguen estando especialmente expuestas.

«Los retos persisten, especialmente para las candidatas. Los mecanismos de protección deben ser intencionados y sostenidos, no respuestas temporales durante las elecciones».

Lo que funciona: instituciones, sociedad civil y tecnología

A pesar de estos retos, los ponentes destacaron ejemplos de progreso. En Sri Lanka, la violencia electoral disminuyó tras la creación de una comisión electoral independiente, combinada con una fuerte participación de la sociedad civil y la cooperación formal con las plataformas de redes sociales.

«Las instituciones sólidas, la sociedad civil activa, el diálogo político y el uso inteligente de la tecnología pueden cambiar juntos la dinámica electoral», explicó Manjula.

Desde una perspectiva académica, Sarah Birch, profesora de Ciencias Políticas en el King's College de Londres, identificó los factores estructurales que impulsan la violencia relacionada con las elecciones, entre ellos la debilidad del Estado de derecho, la corrupción y las elecciones de alto riesgo, pero subrayó que la prevención es posible.

«La observación electoral, la rendición de cuentas de los actores violentos y los mensajes de paz pueden funcionar, pero las estrategias deben adaptarse al contexto», afirmó.

El papel de los actores internacionales: ¿demasiado poco, demasiado tarde?

Una preocupación recurrente fue si la comunidad internacional responde de forma reactiva en lugar de preventiva. Aunque las misiones de observación electoral están cada vez más presentes, su credibilidad se cuestiona a menudo.

«Existe una brecha entre el discurso y la práctica», advirtió José Ramón.

«Los actores internacionales reclaman seguridad, pero a menudo no denuncian las violaciones cuando están en juego intereses políticos».

Los ponentes pidieron una mayor coherencia, una actuación temprana y un apoyo sostenido a la sociedad civil —en particular a las organizaciones dirigidas por mujeres— antes de que la violencia se intensifique.

Un llamamiento a proteger el espacio cívico más allá del día de las elecciones

El seminario web subrayó que la violencia relacionada con las elecciones no es solo una cuestión electoral, sino también una cuestión de entorno propicio. Si bien las medidas de emergencia y los estados de excepción pueden, en principio, justificarse legalmente con garantías estrictas, los períodos electorales suelen caracterizarse por una expansión de las respuestas basadas en la seguridad y los discursos restrictivos que enmarcan la disidencia como una amenaza. En la práctica, estos enfoques pueden concentrar el poder en manos de las autoridades, debilitar la supervisión y reducir el espacio cívico.

Las elecciones también tienden a intensificar el discurso político ya combativo, reforzando una cultura política que trata a la sociedad civil como oposición en lugar de como un actor democrático legítimo, una dinámica que no desaparece una vez que se cuentan los votos.

Como concluyó Gina Romero:

«Las elecciones libres y justas son imposibles sin libertad de reunión y de asociación. Proteger a la sociedad civil no es opcional, es un requisito previo para la democracia».

A medida que se acerca el ciclo electoral de 2026, el mensaje de la sociedad civil es claro: para prevenir la violencia se requiere una participación temprana, instituciones sólidas, medidas de protección sensibles al género y un apoyo internacional genuino, no solo durante las elecciones, sino mucho después de que se hayan emitido los votos.