jue. 12 nov. 2026

Los miembros de Forus reclaman justicia y medidas contra el cambio climático en la COP31

La serie de comunicadores de Forus


Mientras se celebra la #COP31 en Antalya, los miembros de Forus están llevando a los debates mundiales las voces y las prioridades de las comunidades que se encuentran en primera línea frente al cambio climático. Sus llamamientos en favor de la justicia climática, la financiación accesible y la adaptación impulsada a nivel local se hacen eco de la Visión Post-2030 de Forus y de nuestro trabajo a través de la Coalición de Bancos Públicos de Desarrollo y Organizaciones de la Sociedad Civil para lograr que la financiación del desarrollo sea más equitativa, accesible y responsable de cara a la Cumbre «Finance in Common» de 2027.

Mientras se celebra la COP31 en Antalya, los miembros de Forus procedentes de diferentes regiones están transmitiendo una serie de mensajes: los compromisos climáticos deben traducirse en financiación accesible, soluciones impulsadas a nivel local y una participación significativa de las comunidades más afectadas por la crisis climática. 

 

En Nepal, la Federación de ONG de Nepal (NFN) ha ayudado a movilizar a la sociedad civil en torno a una posición común de cara a la COP31. 

 

El llamamiento de Nepal en favor de la justicia climática llega en un momento especialmente difícil para el país. El 26 de agosto de 2026, un movimiento de masas provocado por un glaciar cerca de la frontera entre Nepal y China desencadenó una devastadora crecida repentina y un flujo de escombros a lo largo de los sistemas fluviales del Bhotekoshi y el Trishuli, que afectó a comunidades de Rasuwa, Nuwakot y Dhading. Otra inundación a lo largo del río Budhi Gandaki en octubre causó daños adicionales en Gorkha y Dhading. Miles de personas han sido desplazadas o se han visto afectadas, se han destruido viviendas e infraestructuras esenciales, y muchas comunidades siguen enfrentándose a los retos de la recuperación.  

 

En este contexto, más de 100 organizaciones de la sociedad civil nepalí se unieron antes de la COP31 para elaborar un documento de posición conjunto con 25 prioridades para la acción climática. Presentado oficialmente al Gobierno de Nepal el 27 de octubre, el documento reclama justicia climática y rendición de cuentas por las pérdidas y daños relacionados con el clima, financiación accesible en forma de subvenciones, protección de las comunidades de montaña, una adaptación liderada a nivel local y una participación significativa de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el clima. 

 

La NFN también ha venido dando a conocer estas realidades al público. En Nuwakot, la plataforma organizó una acción artística con personas afectadas por las inundaciones, creando un espacio para que las comunidades expresaran sus experiencias y visibilizaran las consecuencias humanas de los desastres relacionados con el clima. Mientras tanto, Nepal ha intentado incorporar la especial vulnerabilidad de las regiones montañosas a las negociaciones de la COP31. Su propuesta, junto con Bután y Kirguistán, de establecer una agenda específica para las montañas no logró un espacio propio en las negociaciones formales, aunque se espera que las consultas continúen. Para la NFN y sus socios, el reto consiste en garantizar que la financiación climática, los esfuerzos de recuperación y las decisiones sobre la adaptación lleguen a las comunidades que conviven con esos riesgos. 

«Hay miles de personas desaparecidas y miles de familias sumidas en el duelo. Para quienes han perdido a sus seres queridos, sus hogares, sus tierras y sus medios de vida, una disculpa no es suficiente. ¿Hemos pensado en las familias que siguen esperando a sus seres queridos desaparecidos? ¿Hemos escuchado a las personas que viven con miedo cerca de montañas y ríos frágiles? ¿Hemos tenido en cuenta a los niños que han perdido a sus padres, a las familias que lo han perdido todo y a las comunidades que temen otra catástrofe? ¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿Quién proporcionará las reparaciones? ¿Quién protegerá a las personas que viven en las montañas? La justicia climática debe significar algo más que compasión y promesas. Debe significar indemnizaciones por las pérdidas y los daños, financiación climática accesible a través de subvenciones en lugar de préstamos, protección social para las familias afectadas y medidas urgentes para proteger a las comunidades de montaña y a las generaciones futuras. «No pedimos compasión, exigimos justicia, dignidad, rendición de cuentas y medidas», afirma Arjun Bhattarai, presidente de la Federación de ONG de Nepal (NFN) —COP31: No más promesas vacías. ¡Justicia climática ya!

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Galería de fotos: Acción artística en Nuwakot (Nepal) en favor de las personas afectadas por las inundaciones, organizada por NFN y documentada por Sanjog Manandhar, becario de periodismo de Forus. A continuación puedes ver la galería completa. 

 

Para muchos países vulnerables al cambio climático, lo fundamental es cómo se presta la ayuda, en qué condiciones y a quién. El estudio de Oxfam de 2025, Unpacking Climate Finance in Nepal: Gaps, Challenges and Opportunities (Análisis de la financiación climática en Nepal: lagunas, retos y oportunidades), cuantificó en 5.71 mil millones de dólares estadounidenses la financiación para el desarrollo relacionada con el clima entre 2011 y 2021. El estudio reveló que el 61 % procedía de instrumentos de deuda, frente al 38 % en subvenciones y el 1 % en capital. 

 

Los resultados también ponen de relieve las dificultades para hacer llegar los recursos a las comunidades locales, entre las que se incluyen los complejos procedimientos de solicitud, los requisitos de cofinanciación, el acceso directo limitado a los fondos internacionales para el clima y las carencias de capacidad a nivel provincial y local. Estas cuestiones se analizaron en una sesión específica de la COP31 titulada Desentrañando la financiación climática en Nepal: acceso, calidad y equidad, organizada por Oxfam en Nepal, la NFN y sus socios.  

 

El 18 de noviembre, NFN, miembro de Forus, organiza además el evento «De Bhotekoshi a la COP31: de las pérdidas y daños a la justicia climática», en el que se abogará por que la financiación climática llegue a las comunidades más afectadas por el cambio climático, se refuercen los sistemas de protección social para las comunidades vulnerables al clima y se salvaguarde el espacio para que las comunidades participen en la toma de decisiones. 

 

La CANGO (Asociación China para la Cooperación de ONG) aportará experiencias prácticas y perspectivas juveniles a la COP31. El 16 de noviembre, coorganizará el evento paralelo oficial Seguridad climática, resiliencia comunitaria y adaptación: mejores prácticas locales en China, el Sahel y en todo el mundo, junto con la Red Global de Ecoaldeas y ASRAD. El debate pondrá de relieve la resiliencia climática impulsada por las comunidades, la restauración de los ecosistemas y la adaptación basada en el contexto local en toda China, el Sahel y otras regiones.  

 

Del 16 al 19 de noviembre, CANGO presentará también Voces de una generación emergente, una exposición de narraciones visuales en la que se dará protagonismo a jóvenes líderes climáticos de todo el Sur Global y a los proyectos y soluciones que están desarrollando. Estas actividades se basan en la publicación de CANGO de abril de 2026, Armonía y coexistencia: la sociedad civil china en la gobernanza climática global, que documenta cómo las organizaciones de la sociedad civil china contribuyen a la gobernanza climática a través de la colaboración entre múltiples partes interesadas, la resiliencia comunitaria y el desarrollo inclusivo. 

 

Justicia climática, soberanía sobre los océanos y el derecho a forjar el futuro 

 

Para la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de las Islas del Pacífico (PIANGO), la justicia climática es inseparable de los derechos, la soberanía y la supervivencia de los pueblos del Pacífico. 

 

Antes de la COP31, las organizaciones de la sociedad civil del Pacífico se reunieron en Funafuti (Tuvalu), los días 10 y 11 de septiembre de 2026, con motivo del Diálogo regional de la sociedad civil para las voces del Pacífico previo a la Pre-COP31 y la COP31. Sus debates dieron lugar al Llamamiento de Funafuti por la justicia climática, una declaración colectiva en la que se establecen las prioridades regionales para los gobiernos, los socios para el desarrollo y la comunidad internacional. 

 

La declaración reconoce a los pueblos del Pacífico como líderes, custodios de sus tierras y océanos, y agentes de la transformación necesaria para hacer frente a la crisis climática. 

 

Exige la eliminación gradual inmediata del carbón, el petróleo y el gas, el fin de la exploración y las subvenciones a los nuevos combustibles fósiles, y una mayor rendición de cuentas por parte de los principales países emisores. Mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C es un umbral no negociable para la supervivencia de las comunidades, las culturas y las generaciones futuras del Pacífico. 

 

Asimismo, sitúa la justicia oceánica en el centro de la acción climática, reclamando la protección de la soberanía y los derechos marítimos del Pacífico ante la subida del nivel del mar, y rechazando las actividades extractivas destructivas, como la minería en aguas profundas. 

 

En cuanto a la financiación climática, la declaración reclama una financiación nueva y adicional, adecuada, predecible y basada predominantemente en subvenciones, que no agrave la deuda ni socave los servicios públicos esenciales. Al igual que las reivindicaciones de la NFN, insta a los financiadores internacionales a simplificar los procedimientos de solicitud y presentación de informes, eliminar las barreras de acreditación y cofinanciación, y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades más expuestas, incluidas las de las islas periféricas, las comunidades marítimas y los asentamientos informales. 

 

La declaración también defiende con firmeza el reconocimiento de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias como infraestructura climática esencial: las redes del Pacífico conservan la memoria institucional, conectan los datos locales con los procesos regionales y globales, y siguen apoyando a las comunidades mucho después de que finalicen los proyectos financiados con fondos externos. 

 

Un llamamiento a la rendición de cuentas y a una financiación justa 

 

Estas preocupaciones también se reflejan en la labor de incidencia de los miembros de Forus en Europa y la región árabe. 

 

En Dinamarca, Globalt Fokus coordina una delegación de la sociedad civil formada por 16 organizaciones en la COP31. En colaboración con la sociedad civil internacional y los defensores del clima y los derechos humanos, la plataforma insta a Dinamarca a que utilice su influencia diplomática para tender puentes entre países y grupos de negociación, reforzar la aplicación del Acuerdo de París y apoyar una transición global justa. 

Una de sus principales prioridades es la financiación para la adaptación al cambio climático. 

 

De cara a la COP31, el último Informe sobre la Brecha de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente puso de relieve la enorme brecha existente entre los recursos necesarios y los disponibles actualmente. Las estimaciones sugieren que los países en desarrollo necesitarán entre 305 000 y 420 000 millones de dólares estadounidenses al año para la adaptación de aquí a 2035. Incluso si se cumple el compromiso de triplicar la financiación para la adaptación, esta solo cubriría una fracción de las necesidades previstas. 

Por ello, Globalt Fokus insta a elaborar planes de contribución para aumentar la financiación internacional para la adaptación de aproximadamente 40 000 millones de dólares a, como mínimo, 120 000 millones de dólares anuales de aquí a 2035.  

 

Para la plataforma danesa, la adaptación al cambio climático es también una cuestión de justicia y responsabilidad: quienes tienen la mayor parte de la culpa de la crisis climática deben ayudar a proteger a quienes sufren sus peores consecuencias. 

 

En Irlanda, Dóchas está llevando el debate sobre la financiación climática al ámbito europeo. Su documento de políticas de noviembre de 2026, titulado De la ambición a la ejecución: realidades, lagunas y el camino a seguir para la financiación climática de la UE, examina si la Unión Europea está aportando su parte justa a la financiación climática internacional y si su arquitectura de financiación responde a las necesidades de los países vulnerables al clima. 

 

En 2024, los préstamos representaron el 51 % de la financiación climática proporcionada por los Estados miembros de la UE, frente al 42 % en subvenciones. Solo el 15 % de la financiación climática declarada por los Estados miembros y la Comisión Europea pudo identificarse directamente como destinada a los países menos desarrollados. 

 

Dóchas insta a la UE y a sus Estados miembros a comprometerse con una hoja de ruta clara para proporcionar entre 70 000 y 91 000 millones de euros anuales en financiación pública para el clima de aquí a 2035, con un mayor apoyo en forma de subvenciones, especialmente para la adaptación y las pérdidas y daños. 

 

La plataforma también pide que al menos el 50 % de la financiación pública internacional para el clima se destine a la adaptación, en forma de subvenciones, y que se establezcan mecanismos de financiación que permitan a las comunidades locales, las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos acceder directamente a los recursos. 

 

Dado que Irlanda ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2026, Dóchas insta asimismo a la Presidencia irlandesa a forjar alianzas con los países más vulnerables al cambio climático y a reforzar el papel de la financiación pública en la consecución del objetivo global de financiación climática. 

 

Desde Finlandia, Fingo se une a otras organizaciones de la sociedad civil finlandesa para reclamar una acción climática más firme en la COP31. En su declaración conjunta, las organizaciones subrayan que la UE debe mantener sus compromisos de reducción de emisiones y acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles, garantizando al mismo tiempo que esta transición sea justa y respete los derechos humanos.  

 

La declaración también destaca la necesidad de invertir en servicios que protejan a los niños de los efectos del cambio climático y de garantizar que la sociedad civil, los pueblos indígenas, los jóvenes y otras partes interesadas puedan participar de forma significativa en las decisiones sobre el clima. Para Fingo y sus socios, el mundo debe pasar de las promesas climáticas a la puesta en práctica, al tiempo que se limita la duración y la intensidad del exceso de 1,5 °C en las temperaturas. 

 

El documento de posición de ForUM para la COP31 insta a Noruega a asumir una mayor responsabilidad a la hora de traducir los compromisos climáticos globales en acciones concretas, en consonancia con su papel como importante productor de petróleo y gas y su capacidad para contribuir a la financiación internacional para el clima. La plataforma insta a Noruega a elaborar una hoja de ruta creíble para una transición rápida y justa que abandone los combustibles fósiles, lo que incluye poner fin a nuevas exploraciones de petróleo y gas, y a reforzar el apoyo a la reducción de emisiones, la adaptación y las pérdidas y daños en los países en desarrollo. Sus reivindicaciones también abordan la protección de los bosques tropicales, exigiendo derechos sobre la tierra más sólidos y acceso directo a la financiación para los pueblos indígenas y las comunidades locales.  

 

Por su parte, la Red Árabe de ONG para el Desarrollo (ANND), junto con organizaciones de la sociedad civil de toda la región árabe, aporta una perspectiva política y económica más amplia a las negociaciones. 

«El énfasis en la aplicación confiere urgencia a la demanda de larga data, repetida a lo largo de 30 años, de que los compromisos deben traducirse en acciones. Sin embargo, la aplicación tiene una dirección, una distribución y una economía política», afirma Habib Maalouf en un reciente editorial de la ANND.  

Su documento de posición para la COP31, titulado No hay justicia climática sin un orden mundial justo, sostiene que la crisis climática no puede separarse de las desigualdades del sistema económico y político mundial, incluidos los patrones de extracción de recursos, el acceso desigual a la tecnología y la distribución del poder de decisión. 

 

El documento aboga por una financiación climática que no agrave la deuda, por un aumento de la financiación destinada a la adaptación y a las pérdidas y daños, y por una mayor rendición de cuentas por parte de los Estados y las empresas. También destaca la necesidad de proteger la soberanía hídrica y alimentaria, apoyar a los pequeños agricultores y la agroecología, y garantizar que la transición para abandonar los combustibles fósiles no reproduzca las desigualdades a través de nuevas formas de extractivismo. ANND también vincula la justicia climática con la protección del espacio cívico y el derecho de las comunidades, los trabajadores y los pequeños agricultores a participar en la elaboración y el seguimiento de las políticas climáticas. 

 

A través de ocho análisis, Habib Maalouf examina cuestiones clave que marcan el camino hacia la COP31, desde la financiación de los residuos y la biodiversidad hasta las discrepancias científicas, el agua, la electricidad, la seguridad energética y la posición árabe emergente en las negociaciones climáticas. En conjunto, sus contribuciones exploran una cuestión central: ¿está el debate climático pasando finalmente de negociar objetivos a negociar la aplicación, y cómo puede hacerse que dicha aplicación sea equitativa? Más allá de estos análisis, otros cuatro elaborados por la red ANND vinculan las negociaciones internacionales sobre el clima con las experiencias y realidades cotidianas de la población en el Líbano, Túnez, Jordania y Egipto. 

 

Desde Burkina Faso hasta Honduras, los miembros de Forus están poniendo en práctica acciones climáticas impulsadas a nivel local.  

 

En Burkina Faso, SPONG ha coordinado el programa Communities Regreen the Sahel desde 2018, colaborando con organizaciones y comunidades locales para restaurar tierras degradadas y reforzar la seguridad alimentaria. El programa, de ocho años de duración, concluyó oficialmente este mes de octubre, en un taller nacional de clausura organizado por SPONG en Uagadugú. Al término del programa, se habían restaurado 38 956 hectáreas de terreno, 26 579 productores habían recibido formación en regeneración natural asistida (ANR) y 23 608 productores habían adoptado estas prácticas, con 30 municipios movilizados en torno a la restauración de la tierra. La experiencia también pone de relieve lo que se necesita para mantener estos logros más allá del programa: derechos sobre la tierra garantizados, una mayor implicación de la comunidad y financiación pública a largo plazo.

«En la COP31, transmitimos un mensaje sencillo: las comunidades más afectadas por la crisis climática no son solo víctimas, sino también proveedoras de soluciones. A través de la movilización de 24 delegados de la sociedad civil de Burkina Faso, nuestro objetivo es llevar estas soluciones impulsadas a nivel local a los espacios de toma de decisiones y abogar por una justicia climática que sitúe a los actores locales en el centro de la acción climática», compartió el equipo de SPONG en un artículo para Forus. 

En Honduras, ASONOG apoya a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas y rurales para reforzar su resiliencia frente al cambio climático. A través de un programa de agroecología con sus socios OIKOS y OCDIH, trabaja con 1 077 familias agricultoras de 42 comunidades de Honduras y El Salvador para mejorar la seguridad alimentaria y hacer que la producción agrícola sea más resiliente.  

 

Su labor en Yoro también apoya a las mujeres indígenas tolupanas y campesinas en la defensa de sus derechos territoriales, el fortalecimiento de la agricultura sostenible y el desarrollo de su capacidad para participar en la toma de decisiones comunitarias. 

 

Vincular la justicia climática con la financiación para el desarrollo 

 

Estas reivindicaciones también se vinculan con la visión más amplia de Forus sobre el futuro de la cooperación internacional. En su Visión Post-2030 colectiva, elaborada con miembros de toda la red global, Forus aboga por que la justicia climática se integre en el próximo marco global de desarrollo, con compromisos más firmes en materia de adaptación, resiliencia y transiciones justas, así como el reconocimiento de las pérdidas y los daños.  

 

La visión también cuestiona la distribución desigual de la responsabilidad por el daño ecológico y aboga por reformas de la financiación que aborden las desigualdades estructurales y otorguen a los actores locales mayor poder y recursos. Ahora que los gobiernos comienzan a plantearse qué debe suceder tras los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mensaje de los miembros de Forus en la COP31 es que los compromisos climáticos deben basarse en la justicia, la rendición de cuentas y las realidades de las comunidades que se encuentran en primera línea.  

 

Las posiciones de la red que surgen de la COP31 también se vinculan directamente con un debate más amplio sobre el papel de los bancos públicos de desarrollo en la financiación de la acción climática. 

 

Los bancos públicos de desarrollo (BPD) son actores importantes en la arquitectura financiera mundial. Sus decisiones influyen en qué proyectos reciben financiación, qué tipos de energía e infraestructuras se apoyan y si las inversiones responden a las prioridades de las comunidades locales. 

 

Forus ha estado trabajando con socios de la sociedad civil para reforzar la colaboración con estas instituciones y garantizar que la financiación pública para el desarrollo anteponga a las personas y al planeta a los beneficios económicos. 

Como copresidente de la nueva Coalición de Bancos Públicos de Desarrollo y Organizaciones de la Sociedad Civil, Forus está contribuyendo a crear canales de diálogo más sólidos entre los bancos públicos de desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que aboga por la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos y una participación significativa de las comunidades. 

 

Estas prioridades ya se articularon en la Declaración de la Sociedad Civil de la Cumbre Finance in Common de 2025, elaborada por Forus y una coalición de más de 50 organizaciones de la sociedad civil. 

En materia climática, la declaración insta a los bancos públicos de desarrollo a: 

  • Redirijan la financiación, alejándola de los combustibles fósiles y orientándola hacia una transición justa hacia las energías renovables, guiada por los derechos humanos, la igualdad de género, la transparencia y las soluciones impulsadas por las comunidades. 

  • Amplíen la financiación climática basada en subvenciones, en particular para las energías renovables y la acción climática en los países más vulnerables a los efectos cada vez más graves del cambio climático, sin agravar la carga de la deuda existente. 

  • Reforcen el apoyo a la adaptación y a las pérdidas y daños, guiándose por los principios de quien contamina paga y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. 

  • Hagan que la financiación sea accesible para las comunidades locales, entre otras cosas mediante soluciones descentralizadas de energías renovables, la transferencia de tecnología e inversiones que respondan a las necesidades identificadas a nivel local. 

  • Garantizar la rendición de cuentas y las salvaguardias, incluida una participación significativa de la comunidad a lo largo de todo el ciclo del proyecto, mecanismos independientes de resolución de reclamaciones y acceso a vías de recurso cuando los proyectos causen daños. 

  • Apoyar los sistemas alimentarios sostenibles, dando prioridad a la agroecología y a la agricultura diversificada frente a los modelos agrícolas intensivos que socavan la biodiversidad, los medios de vida y la seguridad alimentaria. 

La declaración también subraya la importancia de distinguir la financiación climática de la ayuda oficial al desarrollo, y de evitar la doble contabilización de los recursos destinados a cumplir diferentes obligaciones internacionales. 

«En la COP31, Forus llama la atención sobre el trabajo y las perspectivas de sus miembros, en particular sobre la necesidad de que la financiación climática sea accesible, equitativa y responda a las prioridades locales. Las experiencias de países como Nepal ponen de relieve la importancia de garantizar que la financiación climática llegue a las comunidades y organizaciones locales, incluso a través de subvenciones accesibles y predecibles. La financiación climática no solo debe movilizarse a gran escala, sino que también debe llegar a quienes se encuentran en primera línea frente al cambio climático y permitir una acción climática liderada a nivel local», afirma Marianne Buenaventura Goldman, responsable de Financiación para el Desarrollo Sostenible de Forus.

Estas demandas cobran relevancia ahora que comienzan los preparativos para la sexta Cumbre Finance in Common, que tendrá lugar en Bangkok (Tailandia) del 31 de marzo al 2 de abril de 2027. 

 

FiCS 2027, la primera edición de la cumbre que se celebrará en Asia, reunirá a bancos públicos de desarrollo y a sus socios bajo el lema Lograr un crecimiento sostenible para un futuro más resiliente. Su agenda incluirá el desarrollo positivo para la naturaleza, la financiación para la adaptación y la resiliencia, y la expansión de las energías limpias. 

 

Los miembros de Forus y los socios de la sociedad civil tendrán una importante oportunidad para incorporar las prioridades de las comunidades y las organizaciones nacionales a estos debates, basándose en la labor de la coalición para hacer que la financiación pública para el desarrollo sea más inclusiva, responsable y sensible a las realidades sobre el terreno.