El 29 de octubre, Forus presentó su informe, Fortalecimiento del entorno propicio para la sociedad civil: datos y prioridades de actuación, en un debate mundial que reunió a plataformas nacionales de ONG, coaliciones regionales, representantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE e instituciones de cooperación al desarrollo, fundaciones y socios de la sociedad civil. 

 

Juntos, analizamos un reto común: ¿cómo podemos traducir los compromisos de facilitar el funcionamiento de la sociedad civil en acciones significativas? 

 

El mensaje central fue claro: las políticas de apoyo y los compromisos formales son importantes, pero no bastan. Un entorno propicio se mide por la capacidad de la sociedad civil para organizarse de forma segura, actuar con independencia, acceder a recursos sostenibles e influir en las decisiones, así como por la capacidad de los socios para responder cuando el espacio cívico se ve sometido a presión. 

 

La presentación relacionó los datos y las recomendaciones del informe con las experiencias nacionales y un debate práctico sobre qué pueden hacer a continuación los gobiernos, los socios para el desarrollo, la sociedad civil y otros financiadores. 

 

 

Principales conclusiones y prioridades del informe 

 

1. La brecha de implementación es el principal reto 

 

Elaborado por las investigadoras Mónica Sánchez de Ocaña y Nicole Walshe, el informe de Forus se basa en consultas realizadas a través de nuestra red global, encuestas a miembros y datos más amplios de la sociedad civil, incluido el seguimiento de la Sistema de la Unión Europea para un entorno favorable a la sociedad civil (EU SEE) en más de 86 países, así como datos más amplios de la sociedad civil recopilados a través del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. 

 

La principal conclusión del informe es que las presiones sobre la sociedad civil están aumentando, solapándose y evolucionando más rápidamente que las respuestas. Las restricciones legales y administrativas, las crisis de financiación, la represión digital y los discursos hostiles se refuerzan cada vez más entre sí, lo que debilita la capacidad de la sociedad civil para actuar de forma segura, independiente y eficaz. 

 

La investigación examina estas presiones a través de seis dimensiones interrelacionadas de un entorno propicio: las libertades fundamentales; los marcos jurídicos y normativos; los recursos y la financiación; la capacidad de respuesta de los Estados; el discurso público y las narrativas; y el entorno digital. El análisis conjunto de estas seis dimensiones pone de manifiesto cómo medidas que pueden parecer rutinarias pueden restringir de forma acumulativa el espacio cívico. 

 

Nicole Walshe destacó que las restricciones no siempre adoptan la forma de ataques explícitos a las libertades cívicas. Los requisitos de registro, las normas bancarias, las obligaciones de transparencia, la normativa sobre orden público y las leyes cibernéticas pueden utilizarse para limitar a las organizaciones y actuar en las «zonas grises», a menudo antes de que se reconozca y se aborde el impacto acumulativo. 

 

Los recortes de financiación no solo suponen una amenaza para proyectos concretos. En 2025, 26 de los 34 miembros del CAD redujeron su AOD, lo que agravó la presión financiera sobre la sociedad civil.  Los recortes de financiación debilitan la labor de seguimiento, la defensa de causas, las coaliciones y las redes, al tiempo que erosionan las relaciones de protección que ayudan a la sociedad civil a hacer frente al poder. Como señaló Nicole: «Sin recursos, no hay sociedad civil». 

 

El informe aborda la represión digital como una cuestión fundamental del espacio cívico, no como un complemento técnico. «La represión digital es un acelerador clave de las restricciones al espacio cívico», subrayó Nicole, señalando el acoso en línea, la vigilancia, los bloqueos y los ataques que se extienden al mundo offline, lo que pone en riesgo a las personas y limita la capacidad de las organizaciones para trabajar. 

 

Los espacios formales de consulta no se traducen necesariamente en influencia. La prueba está en si las aportaciones de la sociedad civil determinan las políticas, las prioridades y los resultados. Como subrayó Nicole: «Es importante medir la participación por su influencia, no por la asistencia».  

 

 

El informe establece siete prioridades para los miembros del DAC y los socios para el desarrollo: 

 

1. Evaluar el impacto real de las políticas desde una perspectiva integral del entorno propicio. Ir más allá de las restricciones individuales y comprender cómo interactúan las diferentes presiones y cómo afectan a la capacidad de la sociedad civil para operar de forma segura, independiente, sostenible y con influencia. 

2. Pasar de los sistemas de alerta temprana a una acción más temprana y coordinada. Las alertas locales de los actores de la sociedad civil deberían desencadenar respuestas oportunas a través de canales diplomáticos, jurídicos, de protección y de financiación. 

3. Invertir en una financiación sostenible de la sociedad civil. Proporcionar un apoyo básico predecible, flexible y plurianual; hacer que la defensa de causas sea financiable; aplicar un cumplimiento proporcionado; gestionar los recortes de financiación y las salidas de forma responsable; y dotar de recursos a las plataformas y coaliciones como infraestructura cívica. 

4. Tratar la represión digital como una cuestión fundamental del espacio cívico. Abordar la vigilancia, los bloqueos, las restricciones en las plataformas y el uso indebido de las leyes cibernéticas mediante el compromiso político, la seguridad digital, la defensa jurídica y una gobernanza digital basada en los derechos. 

5. Reforzar los discursos que reconocen y protegen a la sociedad civil. Cuestionar los discursos hostiles que socavan la legitimidad de las organizaciones y los activistas. Recurrir a la diplomacia pública y a un trabajo narrativo sostenido para reconocer el papel de la sociedad civil en el desarrollo, la respuesta humanitaria, la democracia y la rendición de cuentas, y contrarrestar la deslegitimación y la difamación. 

6. Medir la participación de la sociedad civil en función de su influencia, seguridad e inclusión, y no simplemente por la asistencia. Evaluar si las contribuciones de la sociedad civil influyen realmente en las decisiones, los presupuestos y las políticas, y si la participación es segura e inclusiva. 

7. Reforzar la coherencia de las políticas en materia de cooperación al desarrollo, asuntos exteriores, seguridad, comercio y otros ámbitos. Evitar que los compromisos en un ámbito político se vean socavados por decisiones tomadas en otro. 

 

2. Las experiencias nacionales muestran por qué es importante la implementación 

 

Colegas de tres plataformas nacionales de la sociedad civil de Forus en Uganda, Venezuela y Marruecos mostraron cómo se manifiestan estas presiones en diferentes contextos, y por qué las organizaciones y plataformas nacionales de la sociedad civil necesitan socios para responder a las realidades a las que se enfrentan. 

 

Uganda – Chris Nkwatsibwe (UNNGOF) 

 

Chris destacó el debilitamiento del consenso político e institucional que en su día reconoció a la sociedad civil independiente como parte esencial de la gobernanza democrática y el desarrollo. 

En Uganda, describió cómo las organizaciones pueden cumplir con el marco jurídico que regula las ONG y, aun así, enfrentarse a restricciones operativas, incluidas las decisiones adoptadas por los organismos de seguridad o los servicios de inteligencia. También señaló la creciente securitización de la vida cívica y la fragmentación de la autoridad institucional. 

 

Asimismo, advirtió que no se debe abordar la crisis actual como si se tratara simplemente de reemplazar la financiación perdida. La cuestión más importante, argumentó, es qué tipo de financiación puede permitir a la sociedad civil mantener su independencia y seguir trabajando en entornos restrictivos. 

 

Chris abogó por una financiación predecible y multiinstitucional, pero también por que las organizaciones cuenten con reservas que les permitan resistir la presión política y las crisis financieras. Destacó la importancia de los recursos nacionales y de las formas alternativas de propiedad que otorguen a la sociedad civil una mayor independencia frente a las acusaciones de influencia extranjera. 

 

Las plataformas nacionales, argumentó, tienen un papel especialmente importante que desempeñar en la construcción de esta infraestructura colectiva: no solo supervisando las tendencias de financiación, sino también fortaleciendo las organizaciones y redes de titularidad y control locales que puedan cuestionar las decisiones y exigir responsabilidades a los gobiernos. 

 

Asimismo, formuló tres recomendaciones concretas para los socios para el desarrollo: 

 

• Actuación proactiva. Las respuestas al deterioro del espacio cívico deben ser coordinadas y oportunas, en lugar de fragmentadas o limitadas a expresiones de preocupación una vez que las restricciones ya se han consolidado. 

• Proteger la capacidad institucional colectiva. La retirada repentina de los donantes puede dejar a las organizaciones en una situación de fragilidad y socavar la capacidad de acción cívica y la rendición de cuentas pública que proporciona la sociedad civil. 

• Reafirmar el compromiso político que sustenta el fortalecimiento de la sociedad civil. Los donantes y socios deben defender los principios que sustentan una sociedad civil independiente, incluso cuando estos compromisos resulten políticamente difíciles. 

De cara al futuro, Chris nos retó a pensar más allá de cómo la sociedad civil puede sobrevivir a la crisis actual: «Tenemos que empezar a examinar qué tipo de sociedad civil surgirá de esta crisis» y si las organizaciones, las plataformas nacionales y los socios están preparados para apoyar nuevas formas de acción colectiva que puedan prosperar incluso en entornos cívicos limitados. 

 

 

Venezuela – Luisa Rodríguez Táriba (Sinergia) 

 

Luisa describió cómo las restricciones al espacio cívico en Venezuela se han ido acumulando a lo largo de casi tres décadas. Su intervención trazó una evolución gradual: desde los intentos de controlar y supervisar la financiación recibida por las organizaciones de la sociedad civil hasta medidas reguladoras cada vez más restrictivas y una presión que dificulta el funcionamiento de las organizaciones. 

 

También destacó las consecuencias de la reducción de la financiación internacional. A medida que los recursos escasean, las organizaciones se enfrentan a mayores dificultades para mantener sus equipos y sostener el trabajo necesario para defender el espacio cívico. La reducción del apoyo internacional también ha afectado a las organizaciones que responden a la compleja emergencia humanitaria de Venezuela, ya que la limitada financiación que queda se concentra cada vez más en las necesidades humanitarias. 

 

Para Luisa, esto crea una situación difícil en la que la sociedad civil debe hacer frente a múltiples presiones a la vez. Describió el impacto de los factores económicos, políticos, emocionales y geopolíticos en la capacidad de las organizaciones para seguir trabajando, así como la necesidad de comprender cómo interactúan estas diferentes fuerzas. 

 

Su intervención también incluyó una importante reflexión sobre la forma en que la sociedad civil responde a las restricciones. Reconoció que las organizaciones han tenido a menudo oportunidades para mejorar sus enfoques, pero que las respuestas pueden volverse demasiado reactivas. Su mensaje fue que la sociedad civil debe comprender los diferentes intereses y fuerzas que configuran el espacio cívico —no solo los del Gobierno, sino también los intereses económicos y políticos más amplios, tanto dentro como fuera del país—. 

 

Esto exige un mayor pensamiento estratégico, una coordinación más sólida y la capacidad de aprender de las experiencias anteriores. También implica encontrar formas de mantener las organizaciones que prestan apoyo social y humanitario esencial, al tiempo que se sigue defendiendo la participación democrática y la posibilidad de una futura recuperación democrática. 

 

«Lo más importante es la gente», afirmó. 

 

A pesar de las difíciles circunstancias, Luisa destacó que la sociedad civil venezolana ha acumulado una valiosa experiencia y lecciones que podrían compartirse con organizaciones de otros lugares. Concluyó con un recordatorio sencillo pero contundente:  

 

Su intervención también puso de relieve la importancia de plataformas nacionales como Sinergia a la hora de conectar a las organizaciones, compartir aprendizajes y ayudar a la sociedad civil a adaptarse a un entorno cambiante. El reto no consiste en encontrar una fórmula única para trabajar en contextos restrictivos, sino en desarrollar estrategias que respondan a las realidades a las que se enfrentan las organizaciones, manteniendo siempre las necesidades de las personas en el centro. 

 

 

Marruecos – Latifa Soufiani (Espace Associatif) 

 

Latifa se centró en la brecha existente entre las garantías legales y la práctica administrativa. En Marruecos, el marco jurídico que regula las asociaciones se basa en la libertad de asociación y en un sistema de registro declarativo. Según la ley, las autoridades deben expedir un recibo provisional inmediatamente después de que una asociación presente su declaración, seguido de un recibo definitivo en un plazo máximo de 60 días. 

 

Sin embargo, en la práctica, algunas autoridades locales se niegan a aceptar los expedientes presentados legalmente por las asociaciones o no emiten la documentación requerida. Latifa describió esto como una brecha entre lo que garantiza la ley y la forma en que se aplican los procedimientos administrativos a nivel local. 

 

Sin un recibo definitivo, las asociaciones pueden tener dificultades para abrir o actualizar cuentas bancarias, firmar acuerdos de colaboración, acceder a financiación pública e internacional, acreditar la condición jurídica de sus representantes y participar en determinados espacios y servicios. 

 

Como explicó Latifa: «La no expedición de un recibo definitivo puede convertir el reconocimiento legal en un obstáculo efectivo para la acción asociativa». 

 

Destacó que, cuando las asociaciones no pueden obtener la documentación a la que tienen derecho legalmente, se ve mermada su capacidad para funcionar, acceder a recursos y participar en la vida pública. 

 

Latifa también destacó cómo los requisitos de los donantes pueden reforzar involuntariamente estas barreras. Muchas instituciones financiadoras exigen un recibo definitivo como documento obligatorio a la hora de evaluar la elegibilidad de una organización. Esto significa que las asociaciones pueden quedar excluidas de oportunidades de financiación debido a retrasos administrativos o denegaciones de las que no son responsables. 

 

Por ello, instó a los donantes, a las instituciones financieras y a los socios internacionales a adaptar sus procedimientos. En particular, recomendó que la ausencia de un recibo definitivo no descalifique automáticamente a una asociación si esta puede aportar pruebas de que ha presentado su expediente legal completo ante las autoridades. 

 

También propuso que los acuerdos de colaboración incluyan disposiciones alternativas, especialmente para las organizaciones que ya hayan trabajado con el donante. Dichas medidas permitirían a los socios seguir cooperando con las asociaciones, respetando al mismo tiempo el marco jurídico y evitando las consecuencias no deseadas de los obstáculos administrativos. 

 

«No solo defendemos los intereses de nuestra propia organización. Defendemos un principio más amplio: una administración que respete la ley y unos ciudadanos que disfruten de igualdad de derechos a la hora de tratar con los servicios públicos». 

 

 

3. Convertir los compromisos compartidos en medidas concretas 

 

La segunda parte del debate reunió a Carla Musi y Matilde Ferretti, de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE; a Brian Tomlinson, del Grupo de Referencia del CAD-OSC; y a David Kode, de la EU SEE, en una mesa redonda moderada por Akio Takayanagi, de JANIC (Japón). 

 

La Secretaría de la OCDE destacó la fuerte convergencia entre la revisión quinquenal oficial de la Recomendación del CAD y las conclusiones del informe Forus, lo que crea una base común para la siguiente fase de aplicación. 

 

Matilde Ferretti explicó que la revisión quinquenal identificó dos fases distintas de aplicación, entre las que se incluyen un mayor reconocimiento de la sociedad civil, un apoyo más específico a los grupos marginados, un uso más amplio de las evaluaciones de riesgos para el espacio cívico y algunos avances en la financiación flexible y plurianual. En 2025, los recortes en la AOD, los cambios en las prioridades y las crecientes restricciones ralentizaron o incluso revirtieron algunos de los avances ya logrados. 

 

También destacó las deficiencias persistentes: la proporción de la AOD destinada a las OSC de los países socios aumentó del 7 % en 2020 al 10 % en 2024, pero la mayor parte de la financiación sigue destinándose a organizaciones de los países donantes o a organizaciones internacionales. El diálogo con la sociedad civil sigue siendo puntual, con pocos canales de retroalimentación y un alcance insuficiente a las organizaciones de los países socios. 

 

Carla Musi subrayó que la prioridad ahora es la aplicación. La Comunidad de Práctica de la OCDE sobre el Fomento de la Sociedad Civil se reuniría de nuevo a finales de noviembre para examinar las conclusiones desde una perspectiva de futuro, debatir cómo los miembros del CAD pueden impulsar las prioridades y explorar qué herramientas o materiales adicionales podrían apoyar la aplicación. 

 

Asimismo, abogó por un diálogo más amplio en el que participen entidades ajenas al CAD, con el fin de incluir a los donantes de desarrollo no pertenecientes al CAD, a las organizaciones filantrópicas, al sector privado y, en particular, a las organizaciones y redes de la sociedad civil de los países socios. 

 

Brian Tomlinson subrayó la importancia del CAD como espacio para establecer normas comunes y examinar cómo los miembros las ponen en práctica. Sin embargo, destacó que el propio CAD de la OCDE no se encarga de aplicar la Recomendación. Su función consiste en proporcionar un espacio para el diálogo, el aprendizaje entre pares y la rendición de cuentas. «En realidad, la acción se lleva a cabo a nivel nacional», explicó, tanto en los países donantes como en los países socios. 

 

Brian también advirtió de que la actual crisis de financiación refleja un cambio más profundo en la finalidad de la cooperación al desarrollo. «No se trata solo de que dispongamos de menos dinero. Disponemos de menos dinero para fines fundamentalmente diferentes». 

 

Dado que la ayuda se utiliza cada vez más para perseguir intereses de política exterior, económicos, comerciales y de inversión, argumentó, la sociedad civil y los socios para el desarrollo deben plantearse cómo defender la acción independiente a medida que cambian las prioridades políticas. 

 

Brian abogó por estrechar los vínculos entre las redes de la sociedad civil de los países donantes y socios para identificar puntos de partida prácticos, forjar alianzas y generar impulso político en favor de la agenda de creación de un entorno propicio. 

 

David Kode compartió las conclusiones preliminares de un estudio de la EU SEE relativo a los efectos de los recortes de financiación, basado en datos de unas 800 organizaciones de la sociedad civil. 

 

Destacó que la crisis va más allá de la pérdida de financiación: también está erosionando la confianza, las relaciones, la autonomía organizativa y la capacidad de la sociedad civil para influir en las decisiones. Señaló que los procesos de financiación y cumplimiento normativo son cada vez más onerosos, que la financiación es menos flexible y hay menos apoyo básico, y que las estrategias de supervivencia a corto plazo no son sostenibles. Instó a los donantes a utilizar los datos de alerta temprana disponibles, a proporcionar subvenciones en el país y financiación puente de forma más rápida y flexible, a proteger las voces independientes y a comunicar con antelación los cambios en la financiación. «La crisis a la que se enfrenta la sociedad civil en este momento es más que una disminución de la financiación. Implica una erosión de las relaciones. Hay un problema de ruptura de la confianza». 

 

Esto refuerza la necesidad de reconstruir las relaciones que permiten a la sociedad civil operar de forma independiente, colaborar con las instituciones e influir en las decisiones. El seguimiento y los datos son esenciales, pero deben conducir al diálogo, a respuestas coordinadas y a cambios prácticos en la forma en que los socios para el desarrollo colaboran con la sociedad civil. 

 

En conjunto, el panel destacó varias oportunidades para la próxima fase de implementación: 

 

• Utilizar la Comunidad de Práctica del CAD para convertir las recomendaciones en acciones concretas. Los próximos debates, que tendrán lugar del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2026, ofrecen a los miembros del CAD la oportunidad de identificar medidas prácticas e intercambiar experiencias. 

• Reforzar la participación a nivel nacional. Las redes de la sociedad civil, las plataformas nacionales y los socios para el desarrollo deben colaborar allí donde se aplican las políticas y se toman las decisiones de financiación. 

• Vincular el seguimiento con las respuestas políticas y prácticas. Las pruebas de las restricciones deberían contribuir a desencadenar una actuación más temprana, en lugar de limitarse a documentar el deterioro a posteriori. 

• Mejorar las prácticas y las relaciones de los donantes. La financiación debería apoyar a las organizaciones independientes, las infraestructuras colectivas y las acciones lideradas a nivel local, en lugar de crear dependencia o socavar la confianza. 

• Incorporar a más actores al diálogo. Los proveedores de ayuda al desarrollo ajenos al CAD, las organizaciones filantrópicas, el sector privado y la sociedad civil de los países socios tienen todos un papel que desempeñar. 

 

 

4. Es necesario que el entorno propicio se haga realidad en la práctica 

 

Al clausurar el evento, Marie L'Hostis, directora de Programas y Promoción de Forus, destacó tres reflexiones. 

 

En primer lugar, la revisión quinquenal oficial del CAD de la OCDE y los datos independientes de la sociedad civil se refuerzan mutuamente. Juntos, proporcionan una base más sólida para el diálogo y la acción coordinada. 

 

En segundo lugar, la aplicación debe ponerse en práctica. Como señaló Marie, debe ser visible en las condiciones cotidianas en las que trabaja la sociedad civil: 

 

«Un entorno propicio no es simplemente la existencia de una política de apoyo. Es poder registrarse sin obstáculos innecesarios, acceder a los recursos sin comprometer la independencia, expresarse y organizarse de forma segura y significativa, influir en las decisiones que afectan a las comunidades —y saber que, cuando surgen riesgos, hay instituciones y socios dispuestos y capaces de responder». 

 

Por último, existen canales para impulsar esta labor: la Comunidad de Práctica del CAD, el diálogo continuo entre el CAD y la sociedad civil, la colaboración a nivel nacional y el trabajo que ya se está llevando a cabo en las redes de la sociedad civil. Forus y sus miembros están dispuestos a aportar datos, fomentar el diálogo y apoyar el aprendizaje y la acción colectivos. 

 

 

Próximos pasos: llevar adelante el debate 

 

Forus seguirá aportando las conclusiones del informe y las perspectivas de nuestros miembros al diálogo con los miembros del CAD y otros socios para el desarrollo, entre otras cosas a través de las próximas reuniones de la Comunidad de Práctica del CAD, que tendrán lugar del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2026. 

 

De cara al futuro, las Jornadas de la Sociedad Civil de la OCDE, que se celebrarán en junio de 2027, ofrecerán otra oportunidad para avanzar en las reflexiones conjuntas sobre la aplicación e incorporar a un abanico más amplio de partes interesadas al debate. 

 

Se anima a los colegas de la sociedad civil interesados en contribuir a que participen en el Grupo de Trabajo sobre el Entorno Propicio del Grupo de Referencia del CAD-OSC. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si deseas obtener más información. 

 

Forus también está elaborando una guía práctica dirigida a los bancos públicos de desarrollo sobre cómo pueden contribuir a crear un entorno propicio para la sociedad civil. La próxima publicación se basará en el mensaje general del informe: la protección del espacio cívico requiere la acción de todo el ecosistema de la cooperación al desarrollo. 

 

¡Nos encantaría ampliar este trabajo con vosotros! No dudéis en poneros en contacto con nosotros si queréis explorar cómo las recomendaciones del informe podrían servir de base para vuestro trabajo, compartir recursos relevantes o debatir oportunidades de colaboración. 

 

 

Recursos clave 

 

Informe de Forus: Fortalecimiento del entorno propicio para la sociedad civil 

 

• Informe completo: inglés | francés | español 

• Resumen ejecutivo: inglés | francés | español 

• Revisión oficial quinquenal de la implementación del CAD de la OCDE y versión resumida elaborada por el Grupo de Trabajo sobre el Entorno Propicio para la Sociedad Civil del CAD de la OCDE. 

• EU SEE – Seguimiento e investigación sobre el entorno favorable para la sociedad civil