Por Clarisse Sih y Bibbi Abruzzini, miembros de EU SEE (Forus)

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo se encuentran en un punto de ruptura. El ritmo y la intensidad de las restricciones a su entorno se están acelerando, desde la criminalización de la protesta pacífica hasta los sistemas legales utilizados para silenciar la disidencia. Desde su puesta en marcha en enero de 2025, el Sistema de la UE para un Entorno Propicio para la Sociedad Civil (EU SEE) ha supervisado y documentado esta tendencia mundial a través de su Mecanismo de Alerta Temprana y Seguimiento.

Basada en seis principios interdependientes, desde la protección de las libertades fundamentales hasta el acceso a los recursos financieros, la metodología EUSEE ayuda a captar no solo acontecimientos aislados, sino también la arquitectura más amplia que influye y da forma al entorno en el que opera la sociedad civil. Y es esta misma arquitectura la que está amenazada.

El panorama general: restricciones a los activistas y a la sociedad civil

En todo el mundo, activistas y organizaciones de la sociedad civil son objeto de herramientas legales, políticas y judiciales para restringir su trabajo. Desde los cargos de sedición en Hong Kong hasta la detención arbitraria en Sierra Leona, pasando por los cargos legales contra los defensores del medio ambiente en Bolivia, las recientes alertas recogidas por EU SEE ilustran una tendencia creciente a criminalizar la disidencia, limitar la libertad de expresión y silenciar a quienes desafían el statu quo. Puedes encontrar la lista completa de alertas aquí.

"Proteger las libertades fundamentales es solo el comienzo: la sociedad civil también necesita apoyo legal, financiación, reconocimiento y espacios seguros para prosperar. Sin un entorno propicio, no solo silenciamos las voces, sino que debilitamos la democracia misma. Ahora es el momento de que los gobiernos, los donantes y los ciudadanos vayan más allá de la preocupación y tomen medidas", explica Elisa López, Coordinadora de Proyectos para el Entorno Propicio de Forus .

Cuando los gobiernos imponen sanciones legales por las críticas, restringen las reuniones públicas o crean barreras a la información, desmantelan en la práctica los mecanismos de rendición de cuentas que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil. Este efecto amedrentador no solo desalienta a los ciudadanos a participar en el discurso público, sino que también impide identificar la corrupción, los abusos de los derechos humanos y los fracasos de las políticas. Sin un entorno propicio para que la sociedad civil funcione, los actores de la sociedad civil no pueden aprovechar todo su potencial para impulsar la innovación social, fomentar la participación comunitaria o abogar por las poblaciones marginadas. Las limitaciones resultantes impiden que la sociedad civil canalice eficazmente las preocupaciones de los ciudadanos hacia los responsables de la formulación de políticas y haga que las instituciones rindan cuentas, lo que debilita los procesos participativos fundamentales que sustentan la gobernanza democrática y la formulación de políticas receptivas.

"Los recortes de fondos están obligando a la sociedad civil a sobrevivir, lo que ha provocado la suspensión de proyectos, despidos y la erosión de la confianza con las comunidades. Esta tendencia pone de relieve la urgente necesidad de contar con recursos previsibles para sostener el trabajo de la sociedad civil", afirma Mandeep Tiwana, Cosecretario General de CIVICUS.  

Desde Hong Kong hasta El Salvador, las recientes alertas recogidas por EU SEE confirman que la represión de la sociedad civil se está intensificando y evolucionando. La sentencia de marzo de 2025 del Tribunal de Apelación de Hong Kong contra el activista prodemocracia Tam Tak-chi sentó un precedente escalofriante: los cargos de sedición ya no requieren pruebas de la intención de incitar a la violencia. Esta sentencia abre las compuertas para castigar la protesta pacífica como un crimen contra el Estado, que viola directamente el principio de respeto y protección de las libertades fundamentales y refuerza un marco legal diseñado para desalentar la disidencia. 

En El Salvador, las detenciones masivas de líderes comunitarios que se resisten al desalojo —muchas de ellas vinculadas a una larga lucha por el derecho a la tierra— se han visto agravadas por la detención y el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos y representantes de ONG. Estas acciones reflejan un patrón creciente de criminalización de los actores de la sociedad civil en virtud de marcos legales favorables que a menudo se utilizan como pretexto para silenciar a quienes critican al gobierno

Mientras tanto, en Indonesia, la apresurada revisión de la Ley de las Fuerzas Armadas amplía la autoridad militar a la gobernanza civil, una regresión que recuerda a las épocas autoritarias. Señala no solo un retroceso de la apertura estatal, sino también una militarización de la esfera pública, que pone en peligro cualquier forma de participación cívica independiente.

En Bolivia, el guardaparques Marcos Uzquiano fue destituido de sus funciones por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y se inició un proceso administrativo en su contra por su labor ambiental como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), organización que agrupa a todos los agentes que protegen las áreas protegidas de Bolivia. El caso de Uzquiano pone de relieve el uso del aparato judicial como herramienta para deslegitimar y silenciar a activistas, especialmente en el ámbito ambiental, y subraya las deficiencias estructurales en la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Bolivia. Este contexto más amplio de criminalización y falta de protección institucional crea un clima de incertidumbre e intimidación, lo que limita la capacidad de las personas defensoras para actuar libremente en nombre de sus comunidades y el medio ambiente. 

Cuando las leyes se convierten en herramientas de intimidación

El uso del sistema legal para sobrecargar o llevar a la bancarrota a los activistas también va en aumento. En Hong Kong, una decisión judicial que obliga a la activista Ma Chun-man a pagar costas legales punitivas pone de manifiesto cómo los procedimientos judiciales se utilizan cada vez más como armas contra quienes desafían a la autoridad.

En Sierra Leona, las autoridades liberaron a Hawa Hunt, una influencer de las redes sociales, tras casi tres meses de detención arbitraria por criticar al presidente Bio y a la primera dama Fatima Bio. Hawa Hunt fue liberada después de que medios de comunicación internacionales, grupos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil locales, incluidos sus representantes legales, presionaran a las autoridades. Sin embargo, Hunt no fue absuelto, y leyes como la Ley de Seguridad Cibernética y Delincuencia de 2021 y la Ley de Orden Público de 1965 siguen siendo herramientas para perseguir a los críticos del gobierno. 

En Pakistán, las represalias del gobierno contra el grupo de la sociedad civil Pattan por denunciar el fraude electoral —al sellar sus oficinas y la casa de su Coordinador Nacional— demuestran cómo se castiga a los organismos de control del gobierno en lugar de protegerlos.

En Myanmar, el régimen militar ha  incluido en la lista negra y ha retenido los certificados de grado de aproximadamente 800 médicos que debían recibir la certificación en 2025, impidiéndoles ejercer. Esta ha sido una tendencia creciente dirigida contra los trabajadores de la salud asociados con el Movimiento de Desobediencia Civil (MDL), una protesta pacífica liderada por funcionarios públicos contra el golpe militar que llevó al régimen al poder.  

"Es cierto que a muchos grupos/organizaciones se les ha recortado toda su financiación, ya que muchos grupos humanitarios dependían exclusivamente de la financiación estadounidense, y esto está causando una enorme escasez y el cierre de proyectos que proporcionan apoyo médico y de subsistencia a las comunidades más vulnerables dentro del país y a lo largo de la frontera", explica un miembro de la Red EUSEE en Myanmar.

Estos acontecimientos amenazan no solo las libertades individuales, sino también la propia infraestructura de la acción cívica, violando múltiples principios de la UE SEE, desde la libertad de asociación y expresión hasta los recursos accesibles y sostenibles.

En el lado positivo

La iniciativa EUSEE también hace un seguimiento de las oportunidades y las tendencias positivas en el entorno propicio para la sociedad civil. A continuación, analizamos las sentencias judiciales, los giros narrativos y las victorias que están configurando el panorama para la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, ofreciéndoles oportunidades.

A pesar de las amenazas, las alertas también capturan momentos de coraje cívico. Las protestas pacíficas en Paraguay reunieron a miles de personas para exigir transparencia y justicia. Antes de las protestas, los grupos de derechos humanos reafirmaron la libertad de expresión. A pesar de algunos informes de intimidación, las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente. En Sierra Leona, la presión internacional ayudó a lograr la liberación de Hawa Hunt, crítico con el gobierno, aunque no se retiraron los cargos y persiste el riesgo de que vuelvan a ser detenidos. En Uganda, una sentencia del Tribunal Supremo detuvo el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, una victoria para las salvaguardias democráticas. En Perú, el defensor del medio ambiente Sergio Huamaní fue absuelto de los cargos de difamación presentados por una empresa minera, sentando un importante precedente legal para la protección de la libertad de expresión. El fallo del tribunal, que anuló su condena anterior, refuerza la capacidad de los líderes sociales para denunciar las prácticas corporativas y la corrupción sin temor a represalias legales.

El entorno propicio de la sociedad civil sigue siendo defendido, a menudo a un gran costo, y debe ir acompañado de la solidaridad internacional y el apoyo sistémico.

Lo que tiene que suceder ahora

Las alertas documentadas a través de EUSEE no son eventos aislados. Son las primeras señales de alerta de una crisis mundial para el entorno propicio de la sociedad civil, que exige una respuesta urgente y estratégica. Los gobiernos y los donantes deben tratar a la sociedad civil no como un socio transaccional, sino como un actor esencial para la paz, la justicia y el desarrollo.

Eso comienza con un liderazgo político decisivo. Hay que reformar los sistemas jurídicos para proteger, no penalizar, el activismo. El hostigamiento judicial, la criminalización de la protesta y el uso indebido de las leyes de seguridad para silenciar la disidencia deben ser condenados y revertidos. Los gobiernos deben reafirmar su compromiso con los derechos de asociación, expresión y participación, y armonizar la legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos.

Los donantes, por su parte, deben responder a este retroceso mundial con un apoyo reforzado y a largo plazo. Esto significa financiar no solo proyectos, sino también instituciones, apoyando la resiliencia de la sociedad civil, no solo sus actividades. Los mecanismos de financiación de emergencia, el apoyo a la defensa jurídica y las inversiones en estrategias de protección y defensa son más urgentes que nunca. Y cuando los Estados cierran sus puertas a los actores cívicos, los donantes deben mantener las suyas abiertas.

Sobre todo, este es un momento para la visibilidad. Los gobiernos y los donantes deben amplificar, no dejar de lado, las voces de quienes defienden la democracia y los derechos en primera línea. Apoyar a la sociedad civil significa rechazar el silencio y utilizar todas las plataformas para denunciar la represión y defender el principio de que el cambio comienza con el coraje cívico. Como hemos visto, el panorama de la sociedad civil está en constante evolución, y tanto los desafíos como las oportunidades dan forma a su futuro. Si bien persisten las restricciones y las presiones, las victorias legales, las narrativas cambiantes y la creciente atención internacional ofrecen esperanza y potencial para un cambio positivo. Mantenerse informado y comprometido es crucial a medida que se desarrollan estos desarrollos.  

EU SEE es una nueva iniciativa diseñada para reforzar el seguimiento y la respuesta mundiales a las amenazas cambiantes a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil. El EU SEE es un consorcio de organizaciones internacionales y miembros nacionales de la red que trabajan juntos para aplicar y mantener un mecanismo de alerta temprana y seguimiento.

 
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