Por Comlan Julien AGBESSI, Coordinador Regional de REPAOC  

Las restricciones al espacio de las organizaciones de la sociedad africana se han agudizado en el doble contexto de la COVID-19 y de la inseguridad que azota a los países. Las medidas e intimidaciones sobre los organizadores comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil han sido y son de diversa índole: retirada o suspensión de la acreditación, amenazas de disolución o liquidación, multas, penas privativas de libertad, declaración de persona non grata y un largo etcétera.  

En el caso de las crisis de seguridad, sin embargo, no ignoramos los medios de que disponen los Estados para verificar la colaboración con el enemigo o los intentos de desestabilización. A veces, se trata de una coartada preparada para controlar las fuentes de financiación y las acciones de ONG y asociaciones que se confunden con sensibilidades políticas o a las que se acusa de tener "agendas ocultas" o de beneficiarse de importantes fondos procedentes de "redes ocultas".   

Algunas entidades u organizaciones paraguas son consideradas por el gobierno como contrapoderes o afines a la oposición por su legítimo papel de alerta, cuestionamiento, sensibilización y denuncia de abusos y violaciones de los derechos humanos.  

Otra forma de restricción consiste en que los gobiernos crean sus propias ONG que apoyan sus ideologías y con el fin de ahogar a la verdadera sociedad civil que lleva la voz y las aspiraciones del pueblo, para frustrar los informes alternativos y arrebatarles la financiación disponible en el marco de la ayuda oficial al desarrollo o las subvenciones que los donantes destinan a las OSC.   

Es evidente que en los más de sesenta años transcurridos desde que la mayoría de los países obtuvieron la soberanía internacional, los programas nacionales de desarrollo no han logrado abarcar todos los sectores y espacios. Prueba de ello es el número y la calidad de los servicios sociales básicos que se han puesto en marcha. 

Algunas aldeas, o incluso suburbios de las capitales, no habrían recibido un mínimo de instalaciones escolares, agua-higiene-saneamiento, servicios sanitarios o carreteras de acceso si las OSC no hubieran estado allí.   

Es esta importancia la que algunos países han comprendido al reconocer a las OSC como verdaderos socios en el desarrollo. En este sentido, es una suerte constatar que algunos gobiernos llegan a conceder terrenos para albergar las sedes de estas organizaciones o reservan partidas en los presupuestos nacionales para apoyarlas.  

La distribución desequilibrada de las infraestructuras en los territorios crea sin duda sentimientos de frustración, de indiferencia ante los asuntos públicos e incluso de sensibilidad ante las acciones rebeldes. La mayoría de las organizaciones terroristas aprovechan estas carencias, la precariedad que sufren los jóvenes y la falta de justicia social para convencer a la población de sus intenciones.  

Es a través de los resultados de los estudios específicos realizados por las ONG sobre las variables del desarrollo como se informa a los Estados de los retos que hay que abordar urgentemente en los territorios.  

Aunque no sea su objetivo, las OSC también contribuyen a la reducción del desempleo a través de su personal en los proyectos que llevan a cabo sobre el terreno. Miles de ciudadanos han hecho carrera únicamente en el seno de las ONG.  

En cuanto a la gestión de emergencias o emergencias complejas, algunas ONG nacionales e internacionales están especializadas en la respuesta humanitaria. A ellas suelen dirigirse naturalmente los llamamientos gubernamentales de ayuda internacional cuando el impacto de las catástrofes desborda las capacidades nacionales de respuesta. Su contribución en términos de recursos humanos, técnicos y financieros se manifiesta en el despliegue de misiones de evaluación rápida, evaluaciones en profundidad para determinar la magnitud cuantitativa y cualitativa de las catástrofes, la elaboración o actualización de planes de contingencia y respuesta, la movilización de socios internacionales, la sensibilización y comunicación en situaciones de epidemia o crisis, la creación y gestión de campos o emplazamientos de catástrofes o refugiados, las evaluaciones posteriores a las catástrofes, las acciones de recuperación o reanudación, etc. 

Tampoco pueden ignorarse las contribuciones de las OSC en el establecimiento y gestión de mecanismos de cohesión social y consolidación de la paz en localidades asoladas por conflictos.  

Para que no se vean hara-kiri por el uso excesivo de medidas restrictivas, los poderes públicos tendrán el mérito, aunque sólo sea por el bien de la población, de aceptar la colaboración con las OSC que siguen siendo para ellos fuerzas de propuesta y cuyas acciones complementan las suyas.  

Fuentes :   

• Decreto nº 2022-002/PR de 5 de enero de 2022 del Gobierno de la República Togolesa por el que se establecen las condiciones de cooperación entre las ONG y el Gobierno.
• Nota del Gobierno de la República Togolesa de 6 de abril de 2022, dirigida a los prefectos, alcaldes y directores regionales de ordenación del territorio y planificación del desarrollo, en la que se solicita que se tomen todas las medidas apropiadas para garantizar que cualquier acción que vaya a emprender una ONG sea de interés general y coherente con los objetivos y principios de la política de desarrollo económico y social definida por el Gobierno.  
• Publicación de Lassaad Ben Ahmed del 31 de agosto de 2021 titulada: "CAMERÚN: "El Gobierno llama al orden a las ONG". Las asociaciones y ONG internacionales que operan en Camerún tienen de plazo hasta el 26 de septiembre para regularizar su situación.