por Alejandro Aguirre Batres, Director Ejecutivo, CONGCOOP
CONGCOOP con el apoyo de Forus, en cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo, elaboró un informe alternativo de la sociedad civil sobre el estado de implementación de los ODS en Guatemala. Este informe apoyado por varias organizaciones sociales aliadas, servirá como insumo para la incidencia a nivel de los órganos ejecutivos y legislativos de todo el país. Pero, ¿qué resultados se obtuvieron?  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS están en la agenda de país, el Estado de Guatemala ha presentado informes voluntarios en los que “destaca avances”. La Coordinación de ONG y Cooperativas – CONGCOOP - ha realizado un informe alterno en el que se puede evidenciar el mínimo avance de los ODS, sobre todo retrocesos, frente a una necesidad del impulso y cumplimiento de la agenda 2030. 

Los hallazgos del informe alterno demuestran que no se han podido superar los graves problemas del país, que son históricos y estructurales, como lo demuestra la mortalidad materna. El país “Ocupa en la región de las Américas el tercer lugar en razón de mortalidad materna”. “La Razón de Muerte Materna llegó a ser de 108 en 2015; 113 en 2018; de 97 en 2020 y de 129.2 en 2021. La tendencia de la razón de muerte materna entre los años 2015 y 2021 presentó incremento de 3.3 % promedio anual. 

En cuanto a los servicios de información educación y comunicación sobre la importancia en el uso de los métodos de planificación familiar, de la meta física vigente del Plan Operativo Anual 2021 del Ministerio de Salud, de 2,907,302 personas dejó de atender a 434,683 (15 %). En el acceso a métodos de planificación familiar, que inició el año 2021 con una meta de 1,422,973, dejó fuera a 166,699 personas, que no tuvieron acceso a dichos métodos (representa el 14 %).

Al 31/12/2021, el Ministerio de Salud reporta 98,972 niñas y adolescentes embarazadas, entre 10 y 19 años de edad. La cantidad de niñas embarazadas de 10 a 14 años sigue siendo alto, 2.15 % (2,124). Para el año 2020 fueron 4,769 embarazos en niñas de este rango de edad, representando el 4.6 % de los 103,970 embarazos en edades de 10 a 19 años. 

Es innegable que existe un aproximado de 5,207,365 guatemaltecas y guatemaltecos (30 % de la población según proyección del INE para el año 2021) que no tiene ningún tipo de cobertura en salud, ya sea pública o privada. Por lo que son pocos los avances para cumplir la meta de acceso universal a la salud y cobertura universal de la salud.

En cuanto a desnutrición crónica el país continua con información basada en los resultados obtenidos en la VI Encuesta de Salud Materno Infantil 2014-2015, donde se indicó que, el promedio nacional de desnutrición crónica es del 49.8 %, mientras que el porcentaje de niñas y niños indígenas viviendo con desnutrición corresponde al 65.9 %. Alrededor de un millón trescientos mil niños. La desnutrición tiene un impacto negativo en el desarrollo infantil, lo que representa una cadena perpetua no solo para este segmento poblacional, sino para todo el país.

La pandemia por COVID-19 demostró la desprotección que tiene la población frente a una diversidad de problemas, pero en especial la de inseguridad alimentaria y el hambre. Como lo advierte la FAO “Debemos decirlo fuerte y claro: América Latina y el Caribe enfrenta una situación crítica en términos de su seguridad alimentaria. Ha habido un aumento de casi el 79 por ciento en el número de personas con hambre entre 2014 y 2020”, dijo Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO. 

Fortalecer la Agricultura Familiar a través de una serie de actividades productivas como el resguardo de alimentos, implantación de sistemas de riego y mini riego, así como el regreso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala a los territorios fue una apuesta política que nace en el 2016 con el programa Apoyo a la agricultura familiar, misma que desaparece en el 2022. Las constantes lluvias y el paso de las tormentas Eta e Iota, afectaron severamente a 204,500 familias que perdieron parcial o totalmente la producción de alimentos, sin tener una respuesta contundente para las y los campesinos afectados. 

El país ha avanzado en la construcción de política pública, planes, programas, institucionalidad para abordar el problema de inseguridad alimentaria y el hambre estructural. Sin embargo, los resultados concretos en la disminución del problema en poblaciones vulnerables, aún son poco visibles, a la vez como un efecto de las consecuencias del COVID-19, se estima que el problema puede ser aún más grave para los siguientes años.

Como colofón, el Estado guatemalteco no realiza los esfuerzos necesarios para el impulso y cumplimiento de la Agenda 2030, por lo que el compromiso y voluntad política no es evidente. Guatemala es signatario de una serie de convenios internacionales que promueven el desarrollo de los diferentes segmentos que conforman la sociedad. Para cumplir con la agenda 2030 es necesario que el Estado impulso políticas públicas que se plasmen en presupuestos nacionales robustos y con calidad del gasto, que garanticen el cumplimiento de la misma.