BELÉM, Brasil, 10 de noviembre de 2025 (IPS) - Mientras el mundo se prepara para la próxima cumbre COP30, se libra una batalla más silenciosa en los tribunales. Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) son la nueva arma favorita de la industria de los combustibles fósiles, que convierte los sistemas judiciales en instrumentos de intimidación.

«Si hablas, lo pagarás»

En una húmeda mañana de agosto de 2025, dos pequeñas organizaciones ecologistas de Panamá —Centro de Incidencia Ambiental y Adopta Bosque Panamá— se enteraron a través de las redes sociales de que habían sido demandadas por «difamación» y «delitos contra la economía nacional». ¿Su delito? Criticar un proyecto portuario en la costa pacífica del país.

Unos días más tarde, al otro lado de la frontera, en Costa Rica, dos creadores de contenido medioambiental se despertaron y descubrieron que sus cuentas bancarias habían sido congeladas y sus salarios retenidos. Su «delito» fue publicar vídeos sobre un proyecto turístico que, según ellos, estaba dañando la frágil costa de Playa Panamá.

En ambos casos, el mensaje era claro: si hablas, lo pagarás.

Esto forma parte de una tendencia mundial cada vez más extendida que resulta especialmente preocupante ahora que los activistas climáticos, los defensores indígenas y los periodistas plantean sus reivindicaciones de cara a las próximas negociaciones de la COP30. La lucha por proteger el planeta conlleva cada vez más un coste adicional: defenderse ante los tribunales.

SLAPP: demandas diseñadas para intimidar, no para ganar

La sigla suena casi trivial —SLAPP—, pero su impacto no lo es en absoluto. SLAPP son las siglas de Strategic Lawsuits Against Public Participation (demandas estratégicas contra la participación pública), un término acuñado hace décadas para describir las acciones legales que no pretenden ganar por méritos propios, sino intimidar, agotar y silenciar a quienes se pronuncian sobre asuntos de interés público.

Según Transparency International, «las SLAPP también se conocen como demandas frívolas o demandas mordaza, ya que silencian a periodistas, activistas, denunciantes, ONG y cualquier persona que saque a la luz hechos de interés público».

No se trata solo de demandas, sino de una estrategia. No necesitan ganar, solo agotar tu tiempo, tu dinero y tu esperanza.

Los demandantes suelen ser poderosos, desde empresas hasta políticos o inversores.

En el caso de Costa Rica, la empresa vinculada al proyecto turístico Playa Panamá ni siquiera alegó daños materiales. Sin embargo, el tribunal impuso «embargos cautelares», bloqueando tarjetas de crédito, congelando salarios e incluso restringiendo los derechos de propiedad, castigando a través del proceso.

En Panamá, los promotores del proyecto portuario de Puerto Barú presentaron una denuncia penal contra las ONG medioambientales que habían impugnado la evaluación de impacto ambiental del proyecto ante la Corte Suprema. Esas impugnaciones siguen pendientes. En lugar de esperar la decisión del poder judicial, la empresa lanzó un ataque legal por separado, acusando a esas ONG de perjudicar la economía nacional.

Los observadores lo denominan «intimidación judicial». El caso desencadenó varias alertas en todo el Mecanismo de Alerta Temprana de la UE, advirtiendo de un «efecto disuasorio sobre la participación ciudadana».

«Lamentablemente, en Panamá, el acoso judicial a periodistas y activistas por parte de políticos y empresarios ya es una práctica habitual, ya que el derecho penal lo permite. Es necesaria una reforma en relación con los llamados delitos contra el honor y los motivos para la incautación de bienes. Organizaciones internacionales como la Asociación Interamericana de Prensa han advertido sobre esto», afirma Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional – Capítulo Panamá, miembro nacional de la red EU SEE.

En Costa Rica, los embargos impuestos a los creadores de contenidos Juan Bautista Alfaro y Javier Adelfang provocaron indignación. En cuestión de días, 72 organizaciones y más de 3000 personas —desde académicos hasta líderes indígenas— firmaron una carta abierta en la que condenaban la medida como «un ataque a la defensa del interés público».

La reacción fue eficaz: los miembros del partido Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para restringir el uso de embargos preventivos en casos relacionados con discursos de interés público.

Pero para aquellos que ya han sido objeto de estas medidas, el daño —emocional, financiero y reputacional— ya está hecho.

Las SLAPP no solo se utilizan en América Latina. Desde hace mucho tiempo, existen ejemplos de SLAPP como medio de guerra jurídica por parte de los ricos y poderosos en todo el mundo.

En Tailandia, Thammakaset demandó a varios miembros de la ONG Fortify Rights y a otros activistas por denunciar condiciones laborales abusivas. Aún hoy, los contenidos publicados por comunidades u ONG, o incluso los comentarios bajo las publicaciones de los gobiernos locales, a menudo son recogidos y convertidos en casos penales por difamación.

A pesar de la existencia de disposiciones contra las SLAPP en el Código de Procedimiento Penal, la experiencia indica que son en gran medida ineficaces. La amenaza constante de enfrentarse a litigios basados en contenidos en línea perturba el trabajo de las OSC y coarta la libertad de expresión.

El activismo climático bajo presión

Mientras el mundo se encamina hacia otra cumbre mundial sobre el clima en Brasil —donde la periodista Amanda Miranda se enfrenta a una SLAPP por parte de funcionarios del Gobierno por destapar casos de corrupción—, nos encontramos ante una paradoja: mientras los Gobiernos hacen promesas sobre la protección del medio ambiente, los defensores del medio ambiente son procesados por exigirles responsabilidades.

La instantánea de referencia de Brasil sobre un entorno propicio también destaca una tendencia relacionada: los defensores del medio ambiente son frecuentemente tachados de «antidesarrollo», una narrativa utilizada para deslegitimar su trabajo y socavar el apoyo público. Las SLAPP refuerzan esta estrategia. Además de consumir tiempo y recursos, estas demandas causan daños a la reputación y sirven como herramientas en campañas más amplias para desacreditar y silenciar a los críticos.

Según una investigación del Business & Human Rights Resource Centre, el mayor número de SLAPP —casi la mitad de ellas— tuvo lugar en América Latina, seguida de Asia y el Pacífico (25 %), Europa y Asia Central (18 %), África (8,5 %) y América del Norte (9 %). Casi tres cuartas partes de los casos se presentaron en países del Sur Global y el 63 % de los casos implicaban acusaciones penales. Además, la mayoría de las personas y grupos que se enfrentaban a SLAPP expresaron su preocupación por proyectos en cuatro sectores: minería, agricultura y ganadería, tala y madera, y finalmente aceite de palma.

En un estudio del Centro Internacional para la Ley sin Ánimo de Lucro (ICNL) sobre más de 80 casos de SLAPP en el Sur Global, «el 91 % fueron presentados por empresas privadas o directivos de empresas (...) el 41 % por empresas mineras y (...) el 34 % por empresas relacionadas con la agricultura».

Según datos de la CASE Coalition, los casos de SLAPP han aumentado considerablemente en los últimos años: de 570 casos en 2022 a más de 820 en 2023 solo en Europa. Aproximadamente la mitad de ellos tenían como objetivo a defensores del clima, la tierra y los derechos laborales. Las industrias de combustibles fósiles y extractivas siguen siendo las que más frecuentemente inician estas demandas.

Es importante recordar que esas cifras no reflejan el alcance real del uso de las SLAPP, ya que se basan en los casos judiciales denunciados y no pueden incluir los numerosos casos en los que la mera amenaza de una demanda fue suficiente para silenciar antes de presentar una denuncia.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha documentado que las empresas vinculadas a la minería, el turismo y los grandes proyectos de infraestructura utilizan cada vez más las SLAPP para paralizar a los críticos antes de eventos internacionales como la COP, cuando se intensifica el escrutinio.

El peligro de las SLAPP radica en su discreción. Se producen a puerta cerrada, en lenguaje jurídico, lejos de las marchas y los hashtags. A menudo, los juicios ni siquiera terminan en demandas. Sin embargo, su efecto es profundo. Cada cuenta bancaria congelada, cada honorario legal impagado, cada disculpa pública obtenida bajo coacción debilita el valor colectivo necesario para exigir responsabilidades al poder.

En todas las regiones, las SLAPP siguen el mismo guion: identificar a los defensores más activos, demandarlos por cargos vagos como «difamación» o «daño económico», alargar el proceso durante años y ganar por agotamiento, no por convicción.

Por supuesto, las tácticas específicas varían según el contexto jurídico. En algunos países, ciertos cargos conllevan ventajas estratégicas. Por ejemplo, en Filipinas, las autoridades suelen recurrir a acusaciones graves y sin fianza, como la posesión ilegal de armas de fuego, para mantener a los activistas detenidos durante largos periodos.

Filipinas sigue siendo el país más peligroso de Asia para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con frecuentes ataques relacionados con la minería, la agroindustria y los proyectos hidráulicos.

La represión política persiste y los grupos de la sociedad civil siguen enfrentándose al «etiquetado rojo» y a las SLAPP, lo que se ve facilitado por la aprobación de la Ley Antiterrorista, la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2001 y la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo de 2012.

Las autoridades también han utilizado acusaciones falsas relacionadas con armas de fuego y explosivos para perseguir a activistas, periodistas y líderes comunitarios, a menudo acompañadas de congelación de activos, vigilancia y detenciones prolongadas. En estos contextos, las SLAPP pueden «utilizar como arma» el propio sistema de justicia penal para eliminar por completo a los críticos de la vida pública.

Las SLAPP se han convertido en el frente invisible de la lucha climática, una campaña de represión a cámara lenta que rara vez aparece en los titulares.

Tácticas para contraatacar

A principios de 2024, la Unión Europea adoptó su primera Directiva contra las SLAPP, un hito tras años de campaña por parte de periodistas y la sociedad civil. Establece unas normas mínimas para prevenir las demandas abusivas y proteger la participación pública.

Sin embargo, su aplicación sigue siendo incierta. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, denominó la Directiva «ley Daphne», en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 mientras era víctima de numerosos procedimientos judiciales en su contra, y cuya trágica historia contribuyó a sensibilizar sobre el tema.

Más allá del contexto europeo, han surgido iniciativas similares para contrarrestar las SLAPP en otros lugares, por ejemplo, en Colombia, con el caso Guerra contra Ruiz-Navarro. Este caso ilustra la importancia de investigar la violencia sexual y el abuso de poder, reconociéndolos como cuestiones de interés público que merecen protección. Esta sentencia sienta un sólido precedente contra el uso indebido de los tribunales para silenciar a la prensa por parte de figuras influyentes y subraya que defender a las víctimas e informar al público son actos de defensa de los derechos humanos.

En Indonesia, otro país en el que se están utilizando las SLAPP, los grupos de la sociedad civil siguen abogando por una mayor protección jurídica, incluida la legislación para proteger contra las SLAPP. En septiembre de 2024 se dio un pequeño paso adelante cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques publicó el Reglamento n.º 10/2024 sobre la protección jurídica de los defensores del medio ambiente.

«Si bien el Reglamento n.º 10/2024 del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura representa un primer paso hacia la protección de los defensores del medio ambiente, las organizaciones de la sociedad civil esperan que su aplicación efectiva, junto con una legislación más amplia contra las SLAPP, garantice una protección integral contra las demandas por represalia y fomente un entorno seguro para la participación pública en la gobernanza medioambiental», afirma Intan Kusumaning Tiyas, de INFID, plataforma nacional de la sociedad civil en Indonesia.

Los grupos de la sociedad civil piden que se tomen medidas sobre las prioridades inmediatas.

Entre ellas se incluyen garantías jurídicas más sólidas mediante la promulgación de leyes nacionales robustas contra las SLAPP que permitan la desestimación temprana de los casos, garanticen que los demandados puedan recuperar las costas judiciales y sancionen a quienes presenten demandas abusivas.

El establecimiento de la solidaridad y el apoyo a través de redes regionales y mundiales puede movilizar rápidamente la asistencia jurídica, el apoyo a la salud mental y la financiación de emergencia para las personas afectadas.

Por último, se necesitan medidas en materia de visibilidad y rendición de cuentas para dar a conocer las SLAPP al público y sensibilizarlo. Las SLAPP no deben considerarse como conflictos jurídicos ordinarios, sino como violaciones de los derechos humanos que debilitan un entorno propicio para la sociedad civil y la participación democrática y obstaculizan la justicia climática.

En la COP30, los negociadores debatirán los créditos de carbono y los fondos de transición. Pero la verdadera prueba del compromiso climático puede residir en si los Estados protegen a las personas que defienden los ríos, los bosques y las costas de los poderosos intereses.

La sociedad civil espera transmitir un mensaje audaz en los debates de la COP30: defender el medio ambiente requiere defender a quienes lo defienden y apoyar un entorno propicio para la sociedad civil.

Este artículo ha sido redactado con el apoyo del equipo de Forus, en particular de Lena Muhs, y de los miembros de la red EU SEE.

Oficina de IPS en la ONU

Este artículo se publicó por primera vez en el sitio web de IPS News.