La falta de compromiso y de acción concertada por parte de la mayoría de los gobiernos plantea amenazas perjudiciales para las personas y el planeta atrapados en medio de crisis multidimensionales agravadas por el COVID-19 en Asia. El informe de la CESPAP sobre los progresos de los ODS en 2022 indica que los ODS no se alcanzarán en Asia y el Pacífico hasta 2065, dado el ritmo actual de progreso. 

Desde Japón hasta Pakistán, la región es una de las más complejas, con innumerables identidades culturales y disparidades financieras. Pero la "ola de crisis" sigue aplastando a la región. El golpe militar en Myanmar, seguido de la toma del poder por los talibanes en Afganistán, la aguda crisis de la deuda de Sri Lanka a principios de este año, y ahora los "monzones monstruosos" en Pakistán están alterando radicalmente la participación social y cívica en toda Asia. 

Las voces de los jóvenes en la Asamblea Mundial de los Pueblos de este año, que se celebra en paralelo a la Asamblea Mundial de la ONU, compartieron sus opiniones sobre la región. Rahi, de Afganistán, habla de una "crisis sin precedentes" con "las mujeres borradas del escenario". Mohamed Nasreen, de Sri Lanka, criticó los actuales modelos de desarrollo diciendo que los "ODS siguen siendo teóricos sin mucha aplicación". Desde Myanmar, May compartió múltiples ejemplos de brutalidad policial contra estudiantes y profesores.  

Décadas de liberalización generalizada de los mercados nacionales, de desregulación de los bienes y servicios básicos y de privatización de los servicios sociales han convertido a la región en una bomba de relojería económica, y países como Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh y Nepal son los ejemplos más candentes. Sri Lanka, una nación de ingresos medios según los estándares del Banco Mundial, ha caído en una crisis tan grave que no puede permitirse alimentar a sus ciudadanos, proporcionar el combustible necesario para la producción o mantener sus instituciones. En cuestión de meses, estalló una crisis política que culminó con la dramática dimisión del ahora ex presidente Rajapaksa Gotabaya. A continuación, el presidente Wickremesinghe, el detestable sucesor, emprendió una violenta represión estatal contra los activistas, y ahora el mundo espera en vilo lo que podría ser el punto de inflexión de un efecto dominó de crisis profundamente arraigadas en toda la región. 

En la India, "las agencias financieras y de investigación del Gobierno están siendo utilizadas como armas para acosar, intimidar, silenciar y criminalizar las voces críticas independientes del país". A lo largo de los años, el Departamento de Impuestos sobre la Renta de la India ha hecho redadas en múltiples lugares, incluidas ONG y grupos de reflexión sobre políticas públicas, en el marco de una investigación sobre presuntas infracciones de la Ley de Contribuciones Extranjeras. Pero no se trata de un caso aislado; la sociedad civil de toda la región siente que se están violando los derechos de asociación y a la intimidad protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. 

Sugat Bhattarai, de la Alianza de Asia Meridional para la Erradicación de la Pobreza, explica que, por ejemplo, Asia Meridional es la única agrupación regional del mundo que carece de un organismo intergubernamental sobre derechos humanos. 

"Las medidas antiterroristas que se siguen adoptando en algunos países del sur de Asia aumentan los incidentes de violación de los derechos humanos". Un reciente informe de Forus lo confirma, mostrando cómo el espacio cívico se está transformando en la región y fuera de ella, por un lado, por la pandemia sanitaria mundial COVID 19 y, por otro, por el acelerado proceso global de digitalización, que a menudo repercute negativamente en los derechos y libertades de los activistas y profesionales de la sociedad civil y en sus entornos de actuación.  

De la India pasamos a Pakistán, donde además de la inmensa destrucción causada por el "cambio climático provocado por el ser humano", entran en juego otros ingredientes, como el elemento feudal, con sospechas y rumores que vuelven a surgir, de que los poderosos terratenientes están utilizando su influencia para desviar el agua de sus propiedades e inundar las aldeas y los campos de millones de paquistaníes pobres a lo largo del campo anegado. 

En la Asamblea Mundial de los Pueblos de este año, la activista de Viernes por el Futuro, Disha Ravi, volvió a compartir la urgencia de actuar: "La crisis climática está ocurriendo ahora. Hay millones de desplazados y muertos, que luchan cada día por vivir con dignidad. Esto no debería ser así para nadie". 

La crisis humanitaria en toda Asia se ve agravada por el hecho de que la comunidad internacional no se compromete a reducir las emisiones de CO2 ni a proponer ninguna solución real a la emergencia climática. Las acciones para proteger y construir la resiliencia de las comunidades vulnerables no están recibiendo suficiente apoyo. La ayuda humanitaria debe ir de la mano de esfuerzos concertados en materia de gobernanza centrada en las personas y de esfuerzos políticos que propongan soluciones tempranas y duraderas para mitigar la crisis agravada a la que se enfrenta la región. 

Los pueblos de Asia luchan al verse relegados en el camino hacia una recuperación justa y equitativa de la pandemia del COVID-19. Se encuentran en medio de una emergencia climática, de una creciente crisis de la deuda soberana y de unas normas comerciales y de inversión injustas que limitan el espacio político y fiscal. La región también es testigo de la inequidad de las vacunas, mientras que la riqueza y el poder de las empresas crece con un nuevo multimillonario cada 26 horas desde que comenzó la pandemia. 

La planificación del desarrollo nacional se está volviendo más inclusiva, sí, pero se necesita un compromiso sistemático y significativo de las diversas partes interesadas. Tenemos que construir a partir de las propias instituciones de la gente y empezar a experimentar con nuevos modelos de gobernanza global. La "vecinocracia", por ejemplo, propone parlamentos vecinales inclusivos de unas 30 familias cada uno, guiados por principios que garanticen que el "poder se queda con la gente".  O el concepto de "sociocracia" que se centra en la toma de decisiones no divisiva, la colaboración y el consentimiento. 

La libertad de ejercer los derechos civiles y políticos es extremadamente importante para el cumplimiento de la Agenda 2030. El modelo de implementación, seguimiento y revisión de múltiples partes interesadas, que es fundamental para esta agenda, requiere que la sociedad civil tenga acceso a un espacio cívico adecuado, y a un entorno propicio en el que operar. Es urgente que la comunidad internacional amplíe el alcance de los indicadores del espacio cívico, actualmente limitados, que miden en gran medida cuántos activistas, defensores de los derechos humanos y otros han sido secuestrados, encarcelados o asesinados. Deben desarrollarse indicadores globales adicionales en términos de espacio cívico, pero también cuando se trata de supervisar los sistemas de gobernanza -considerando la participación cívica, el estado de derecho, el acceso a la información y mucho más- para que se centren realmente en las personas. 

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