Red Encuentro moviliza conversaciones alrededor de un tema controversial para las OSC de América Latina 

Por Julieta Villar, responsable de Comunicación de Red Encuentro. 

En el marco del proyecto que Red Encuentro lleva adelante en conjunto con la red paraguaya POJOAJU, apoyado por Forus con la cooperación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y el foco en el vínculo entre Sociedad Civil y Estado, y el ambiente habilitante para las Organizaciones de la Sociedad Civil en la región y en el mundo, durante 2022 se llevan a cabo actividades que apuntan al diálogo y la reflexión. 

En esa línea, ambas redes organizaron en mayo el taller temático El entorno favorable para las OSC, con la participación de Raúl Campos Domecq, miembro del Comité Ejecutivo de la Red POJOAJU. Fue un espacio propicio para el intercambio de experiencias sobre las realidades que viven las organizaciones en cada país, con las similitudes y diferencias que aporta cada contexto, y los desafíos que tiene por delante la región, sobre todo en lo referente a la co-construcción –junto con organismos del Estado– de políticas que contribuyan a garantizar derechos. 

En el mismo sentido, y con el título ¿Cómo prepararse para generar entornos favorables en nuestras organizaciones? en  julio se llevó a cabo un taller-debate con modalidad virtual, organizado por la Red Encuentro. 

En esta oportunidad, la actividad contó con la presencia de dos disertantes: Alberto Croce, director de Articulación con la Sociedad Civil en el Ministerio de Educación de la Nación; y Néstor Borri, director ejecutivo del Centro Nueva Tierra, que compartieron sus exposiciones con miembros de organizaciones de numerosas provincias argentinas y de hermanos del Paraguay. 

En esta segunda actividad, el tema del entorno favorable o ambiente habilitante para las organizaciones estuvo contextualizado en la realidad de América Latina y de la Argentina. Una advertencia que surgió al respecto tuvo que ver con la utilización del tema que se ha hecho para posicionarse en contra de los gobierno populares, conllevando así a un “boicot” sobre los intentos de los Estados más débiles por instalar agendas de carácter más popular. 

El diálogo giró en torno a la necesidad de reflexionar sobre la participación de la ciudadanía organizada, y cuáles son los desafíos que esa participación plantea, puntualmente en la Argentina. 

Entre los interrogantes surgidos, uno central fue: “¿Qué participación habilitamos como organizaciones nosotros mismos, desde nuestras organizaciones? ¿Quiénes pueden participar dentro de nuestras organizaciones, a quiénes escuchamos y a quiénes no escuchamos, a quiénes quisiéramos escuchar y a quienes no queremos escuchar?”. 

Por otra parte, se destacó el carácter promotor y defensor de derechos de las organizaciones, abriendo el juego a nuevas perspectivas de ampliación de derechos, a partir de una agenda más diversa, con nuevos temas en el debate social relacionados con la cuestión política. 

Cuando se vuelve más preocupante la propia organización que la causa que se defiende, alertó Alberto Croce, “la organización se transforma en un kiosco, con intereses propios, con necesidades propias”. Al respecto, señaló: “Las causas son de todos y todas, el kiosco es de los dueños del kiosco”. Cuando las organizaciones se acercan al estado con la idea del kiosco, agregó, “está generando un mecanismo de privatización”. 

En referencia a la actualidad en la Argentina, la advertencia se situó sobre el momento de peligro que vive la humanidad y que impacta en las sociedades de cada país. Ante esto, surge  la necesidad de “un pensamiento situado en tiempo y espacio”. 

Otro interrogante que se pone sobre la mesa tiene que ver con el “para qué” del entorno favorable. La advertencia que surge es que habilitar a la sociedad civil puede ser por un lado “fortalecer la democracia” pero también una manera de “disolver a los pueblos”. 

Por ese motivo, existe el riesgo de habilitar a las organizaciones sociales, incluso a las promotoras de derechos, cuando no promueven justicia social; y asimismo, promover derechos sin distribución de la riqueza. 

“Habilitar a la ciudadanía puede ser coartar la misión del Estado”, alertó Néstor Borri. En ese sentido, el llamado es a asumir los  desafíos de que “un entorno favorable no sea un favorable al crecimiento de la organización social como mercancía de microderechos, organizados sólo por la lógica de la diferencia” y  de “salir del riesgo de que nuestras organizaciones populares, sobre todo las grandes, los movimientos populares, no se transformen en organizaciones ‘policiales’, en el sentido de contención, de control de los pobres”. 

Existen tres campos que pueden fortalecer a las organizaciones: “Proveer ciudadanía, proveer subjetividad, y proveer emancipación”. Sobre esto, insistió, hay que trabajar, pero “sobre todo volver a hacernos la pregunta sobre: de qué estamos hablando;  con las palabras de quién; en nombre de qué proyectos y qué perspectivas de derechos, de justicia social, de país y de democracia”. 

Dentro del proyecto se encuentra previsto realizar un encuentro binacional con participación de organizaciones de la región, y un relevamiento de experiencias de articulación con el Estado y co-construcción de políticas públicas.