jue. 22 oct. 2026
Más allá de las salas de reuniones: quienes se preguntan a quién beneficia realmente la financiación para el desarrollo en las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial de 2026
Desde la deuda y la justicia climática hasta las alternativas feministas y el futuro de los jóvenes, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de Bangkok están instando a las instituciones financieras mundiales a mirar más allá de las cifras económicas y a escuchar a las personas que sufren las consecuencias de sus decisiones. A través de una serie de entrevistas e impresiones en directo desde Bangkok, este artículo analiza la participación de Forus en las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial de 2026 y cómo las cuestiones planteadas fuera de las salas de reuniones guardaban relación con los debates que tenían lugar en su interior.
¿Quién tiene la capacidad de dar forma a la economía mundial? ¿Y qué significan las decisiones tomadas por las instituciones financieras internacionales para las personas que tendrán que vivir con sus consecuencias?
En las Reuniones Anuales de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial, celebradas en Bangkok del 12 al 18 de octubre, estas preguntas resonaron mucho más allá de las salas de conferencias. Por toda la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, movimientos feministas, agricultores, representantes de las comunidades y jóvenes activistas organizaron asambleas, debates públicos y manifestaciones para cuestionar las políticas económicas que determinan sus vidas.
Mientras los responsables gubernamentales y los líderes financieros se reunían para debatir sobre el crecimiento mundial, la inversión y el desarrollo, los movimientos aportaron una perspectiva diferente: una centrada en la carga de la deuda, la reducción de los recursos públicos, la destrucción del medio ambiente, la desigualdad de género y el derecho de las comunidades a forjar su propio futuro.
Varios miembros y socios de la red Forus también participaron y organizaron sesiones en el Foro Oficial de Políticas de la Sociedad Civil (CSPF), vinculando las experiencias locales y regionales con los debates globales sobre la financiación del desarrollo.
Cuando la deuda priva a las personas de recursos
Para la sociedad civil, el impacto de las instituciones financieras internacionales no es un debate abstracto sobre indicadores económicos. Las políticas fiscales, los pagos de la deuda y las prioridades de gasto público afectan directamente a los recursos disponibles para la sanidad, la educación, la protección social y la justicia de género.
Como explica Zahra Bazzi, directora de programas de la Arab NGO Network for Development (ANND), miembro de Forus, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de derechos sociales y participación juvenil se topan una y otra vez con el mismo obstáculo: los gobiernos afirman que carecen de recursos para actuar.
«Aquí entra en juego el papel de las instituciones financieras internacionales, que imponen e influyen en las decisiones políticas de nuestros gobiernos y, con ello, limitan el margen de maniobra fiscal para la protección social y los derechos sociales».
Las organizaciones de la sociedad civil de la región árabe están trabajando para involucrar al FMI y al Banco Mundial en un diálogo sobre políticas, reconociendo cómo sus decisiones influyen en las prioridades nacionales.
La cuestión de la deuda se vuelve aún más urgente cuando se analiza desde la perspectiva de los países que luchan por financiar los servicios esenciales.
Juliet Nangamba, en representación de Akina Mama wa Afrika, hace un llamamiento directo a las instituciones financieras internacionales:
«Mi mensaje principal al FMI y al Banco Mundial es que deberían condonar la deuda colonial que nuestros países africanos llevan tanto tiempo pagando, ya que está restando recursos a sectores fundamentales como la salud, la educación y la agricultura, y está privando de recursos a la inversión en las necesidades de la población».
Estas preocupaciones encontraron eco en toda Bangkok durante la Asamblea Popular Internacional. La Asamblea, que reunió a más de 120 organizaciones, redes y movimientos populares nacionales, regionales y mundiales, conectó las luchas locales con estrategias colectivas en favor de la justicia económica, social y climática.
Coordinada por el Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre la Deuda y el Desarrollo (APMDD), con la Llamada Global a la Acción contra la Pobreza (GCAP) y Janic (Japón), miembro de Forus, entre los integrantes de su grupo directivo internacional, la Asamblea proporcionó un espacio para cuestionar la arquitectura financiera internacional y promover alternativas que antepongan a las personas y al planeta al beneficio económico.
Los debates abordaron la financiación climática, la deuda, la fiscalidad, los impactos de la militarización, la justicia fiscal y las finanzas internacionales, incluida la necesidad de cuestionar las relaciones de poder desiguales y reforzar la participación democrática en la toma de decisiones económicas.
La justicia climática no puede separarse de la justicia en materia de deuda
La crisis climática añade otra dimensión a estas preocupaciones. Los países que se enfrentan a impactos climáticos cada vez más graves suelen disponer de recursos limitados para responder, mientras que los pagos de la deuda pueden limitar aún más la inversión en adaptación, infraestructuras resilientes y protección social. Nepal ofrece un ejemplo claro: las devastadoras inundaciones de los ríos Bhotekoshi y Trishuli de agosto de 2026, y las que les siguieron en todo el país, destruyeron viviendas, carreteras, puentes y medios de subsistencia, dejando a las comunidades ante una recuperación larga y difícil.
La red Forus, junto con sus socios, instó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar oficialmente una Emergencia Climática Global con el objetivo de sensibilizar a la comunidad internacional sobre los efectos climáticos cada vez más graves y movilizar una acción unificada e inmediata para intensificar los esfuerzos de mitigación y adaptación frente a los futuros riesgos climáticos, ampliar rápidamente el acceso a los fondos para pérdidas y daños, y mostrar solidaridad con las comunidades vulnerables más afectadas, incluso mediante indemnizaciones. Además, hicimos hincapié en que las respuestas climáticas eficaces deben basarse en las experiencias y el liderazgo de las comunidades afectadas y contar con el apoyo de las organizaciones locales de la sociedad civil, que desempeñan un papel fundamental en la preparación, la respuesta a emergencias, la recuperación y el fomento de la resiliencia
Tal y como destacó Arjun Bhattarai, presidente de la NGO Federation of Nepal (NFN), miembro de Forus, la recuperación requiere mucho más que ayuda de emergencia. La NFN, en su calidad de plataforma nacional de la sociedad civil, ha reunido a las organizaciones de la sociedad civil para movilizarse y debatir sobre la ayuda humanitaria, la rendición de cuentas y la coordinación, al tiempo que reclama una financiación climática más sólida, la preparación ante desastres y una acción liderada a nivel local. Tal y como señaló Bhattarai, las comunidades vulnerables al cambio climático necesitan una inversión sostenida en prevención y recuperación, así como un papel significativo en las decisiones que afectan a su futuro.
El mensaje clave de Arjun es que el desarrollo debe partir de las personas y prestar mayor atención a las realidades locales. Afirma: «Tenemos que garantizar que se prioricen las necesidades de la población, como la agenda de desarrollo social y la agenda humanitaria. Para ello, creo que es muy importante invertir ahora sobre el terreno. Localizar la agenda».
Para las organizaciones de la sociedad civil, la localización significa algo más que ejecutar programas más cerca de las comunidades. Significa garantizar que las personas afectadas por las políticas de desarrollo puedan influir en las prioridades, las decisiones de financiación y los resultados.
Tal y como han argumentado los activistas de «Debt for Climate»: «La deuda es también uno de los principales motores de la crisis ecológica y climática».
La relación entre la financiación del desarrollo y el daño medioambiental también quedó patente en los debates sobre proyectos concretos. Tal y como han señalado activistas comunitarios, en Tailandia, la presa hidroeléctrica de Pak Mun, respaldada por el Banco Mundial, lleva mucho tiempo asociada al deterioro de los ecosistemas fluviales y a la pérdida de los medios de vida relacionados con la pesca. Los habitantes de las aldeas afectadas por el proyecto han reclamado una indemnización por los impactos en sus comunidades. Más de cien organizaciones de la sociedad civil de Bangkok instan al Banco Mundial a detener las inversiones hidroeléctricas de alto riesgo, como la presa hidroeléctrica de Pak Mun.
La justicia climática y medioambiental exige transparencia, rendición de cuentas y salvaguardias que protejan a las comunidades y los ecosistemas, junto con mecanismos de reparación accesibles cuando los proyectos causen daños, como los puestos en marcha por la Red de Pueblos Indígenas de Asia sobre Industrias Extractivas y Energía (AIPNEE). La AIPNEE es una red regional que apoya a las comunidades indígenas afectadas por proyectos extractivos y energéticos. Documenta los impactos sobre los derechos humanos, respalda la defensa de los intereses de las comunidades y ayuda a las comunidades afectadas a presentar denuncias a través de mecanismos nacionales e internacionales, como los que intervienen en el proyecto del teleférico de Pathivara, en Nepal. Las organizaciones indígenas limbu (yakthung) han impugnado el proyecto en la zona sagrada de la montaña Mukkumlung, planteando preocupaciones sobre el consentimiento indígena, el patrimonio cultural, los bosques y la fauna silvestre. El proyecto cuenta con la participación, en calidad de asesor, de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial, y se presentó una denuncia ante su mecanismo de rendición de cuentas.
Estas luchas ponen de relieve una cuestión más amplia relacionada con la justicia intergeneracional: las decisiones sobre el desarrollo, el gasto público y los recursos naturales tienen consecuencias que van mucho más allá del presente. ¿Cómo pueden las decisiones económicas que se toman hoy rendir cuentas ante los jóvenes que heredarán sus consecuencias?
La carga que recae sobre las generaciones más jóvenes
En Pakistán, el servicio de la deuda y la vulnerabilidad climática chocan con las necesidades de una población joven.
«Casi la mitad de nuestro presupuesto anual se destina al servicio de la deuda. Somos uno de los países más vulnerables al cambio climático y nuestra contribución es inferior al 1 %», afirma Mahnoor Rashid, en representación de Youth and Environment Europe.
A continuación, Rashid se dirige a las personas que tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy:
«El 67 % de nuestra población, menor de 30 años, va a sufrir durante décadas las consecuencias de las decisiones que se están tomando en estas reuniones por parte de personas que quizá ya no estén vivas cuando se produzcan los graves problemas climáticos que, de todos modos, ya estamos viendo».
Para los jóvenes activistas, la financiación climática, la deuda pública y el acceso a los servicios esenciales no pueden tratarse como cuestiones políticas independientes. Se trata de cuestiones interrelacionadas que tienen que ver con a quién se da prioridad en el futuro, quién asume los costes de las decisiones económicas y quién tiene voz a la hora de dar forma a las alternativas.
Alternativas feministas al sistema económico mundial
Junto a la Asamblea Popular Internacional, el Festival Feminista de Resistencia y Alternativas reunió a movimientos feministas, activistas de base, investigadoras, artistas, sindicatos y defensoras de la justicia social.
Coorganizado por el Movimiento MENAFem, IBON International, la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO), la Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ESCR-Net) y otros socios, el Festival hizo un llamamiento a «cambiar el poder» y analizó cómo la deuda, la fiscalidad, el poder corporativo, la extracción de recursos y la gobernanza económica mundial afectan a las mujeres y a las comunidades marginadas.
En las sesiones se analizó por qué las instituciones financieras internacionales son una cuestión feminista, los costes reales de la deuda, la relación entre el clima y la deuda, y las alternativas a los modelos económicos que concentran la riqueza y el poder.
Las políticas económicas no son neutras en materia de género. El pago de la deuda y las medidas de austeridad pueden ejercer una presión adicional sobre los servicios públicos y los sistemas de cuidados, mientras que las mujeres y las comunidades marginadas suelen asumir una responsabilidad desproporcionada a la hora de cubrir las carencias que deja la reducción de la inversión pública.
El Festival creó un espacio no solo para criticar los sistemas existentes, sino también para desarrollar visiones feministas de la justicia económica basadas en el cuidado, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica y la toma de decisiones colectiva.
El programa más amplio de actividades impulsadas por los movimientos también incluyó espacios de aprendizaje feministas e iniciativas que documentaban las experiencias de las comunidades con las instituciones financieras internacionales.
Llevando las reivindicaciones a la calle
La movilización pública se hizo patente en las calles de Bangkok, donde las comunidades y los movimientos sociales trataron de hacer visibles las consecuencias de las políticas de las instituciones financieras internacionales más allá de las salas de reuniones oficiales. Las organizaciones de la sociedad civil tailandesas, incluida la red Thai NGOs-COD, junto con redes populares más amplias y movimientos internacionales como La Vía Campesina, llevaron las reivindicaciones de justicia económica y social a los espacios públicos de toda la ciudad.
La Semana Mundial de Acción, celebrada del 12 al 16 de octubre bajo el lema «¡El pueblo se levanta por la justicia y la liberación! Recuperemos nuestros derechos y nuestro futuro del FMI y del Banco Mundial», conectó las luchas locales con una movilización internacional más amplia.
La Vía Campesina, un movimiento mundial que representa a millones de campesinos y pequeños productores de alimentos, cuestionó al FMI y al Banco Mundial por su papel en las políticas económicas que afectan a los agricultores y a las comunidades rurales. Entre sus reivindicaciones figuraban la condonación de las deudas de los agricultores y la gente corriente, el aumento de los ingresos públicos mediante impuestos a las empresas y al patrimonio, y la democratización de las instituciones financieras.
En una rueda de prensa celebrada en Bangkok, los representantes también destacaron los efectos de las políticas agrícolas que, según afirmaron, habían contribuido al endeudamiento de los agricultores y a la pérdida de tierras. Los habitantes de las aldeas afectadas por la presa de Pak Mun, mencionada anteriormente, expresaron su preocupación por la destrucción de los medios de vida relacionados con la pesca y exigieron una indemnización.
El 15 de octubre, decenas de manifestantes marcharon hacia la sede de las Reuniones Anuales, el Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit, con una carroza simbólica en forma de cerdo rosa y máscaras que representaban a líderes políticos y financieros. En la rueda de prensa a la que asistió Forus, los manifestantes pusieron de relieve la pobreza, la deuda de los hogares, la degradación medioambiental y las dificultades relacionadas con el clima.
Al día siguiente, La Vía Campesina y los movimientos aliados habían planeado otra marcha desde el Parque Lumpini hasta el centro de convenciones. Su intención declarada no era impedir las reuniones, sino hacer oír las quejas de las comunidades afectadas.
Incorporar las perspectivas de la sociedad civil a los debates oficiales
Además de estos espacios independientes y movilizaciones públicas, el Foro de Política de la Sociedad Civil ofreció a las organizaciones la oportunidad de interactuar con representantes del FMI y del Grupo del Banco Mundial y plantear sus preocupaciones directamente.
Varios miembros y socios de Forus participaron y organizaron sesiones en las que se abordaron las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de la financiación del desarrollo.
ANND contribuyó a los debates sobre el empleo, los proyectos de desarrollo y la protección social en la región árabe. El Foro África-Japón, miembro de Janic, aportó perspectivas sobre «Health Works», la financiación sostenible de la salud, la cobertura sanitaria universal y los sistemas nacionales de salud.
Forus también ayudó a poner en común las perspectivas de toda su red, entre otras cosas mediante una entrevista exclusiva con Amina J. Mohammed, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, realizada por Aoi Horiuchi, responsable sénior de promoción del Japan NGO center for International Cooperation (JANIC) y subdirectora de THINK Lobby, junto con Zahra Bazzi, de ANND, y el equipo de Forus.
Mohammed destacó la importancia de las voces de la sociedad civil a la hora de impulsar el progreso en cuestiones en las que los países y las regiones se están quedando atrás. También hizo hincapié en la magnitud de los recursos necesarios para avanzar en el desarrollo sostenible, así como en la necesidad de abordar la deuda y el coste de los préstamos.
«No habrá desarrollo sin paz», afirmó, relacionando los conflictos con sus consecuencias para las comunidades, la seguridad energética y la seguridad alimentaria.
Su intervención reforzó la importancia de considerar la financiación del desarrollo dentro de un panorama más amplio de crisis interrelacionadas, en el que la política económica, la paz, la resiliencia climática y el bienestar humano son aspectos inseparables.
Sin embargo, para las organizaciones que colaboran con las instituciones financieras internacionales, la participación en estos debates es solo una parte del trabajo.
Como recuerda Zahra Bazzi a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de las instituciones: «Lo más importante en este tipo de defensa es la coherencia».
Esa coherencia implica seguir supervisando las políticas, dar seguimiento a las recomendaciones y colaborar con el FMI y el Banco Mundial a nivel nacional y regional mucho después de que hayan concluido las Reuniones Anuales.
Más allá de Bangkok: mantener el micrófono encendido
Puede que las reuniones hayan terminado, pero las preguntas planteadas en Bangkok siguen vigentes.
¿Quién se beneficia de la financiación para el desarrollo? ¿Quién asume el coste de la deuda y del ajuste económico? ¿Cómo se puede avanzar en materia de justicia climática y social cuando los recursos públicos son limitados? ¿Y cómo pueden las comunidades ejercer una influencia real sobre las decisiones que afectan a sus vidas?
Para la red Forus, esta labor es fundamental para conectar las plataformas nacionales de la sociedad civil y las coaliciones regionales con los debates políticos globales. Su función consiste en llevar las experiencias de las comunidades a los espacios donde se definen las prioridades económicas y de desarrollo, al tiempo que apoya a sus miembros y socios para que influyan en las decisiones de sus propios países y regiones.
Los debates en Bangkok son solo una parte de un esfuerzo más amplio por reformar la financiación del desarrollo. De cara al futuro, la sexta Cumbre «Finance in Common», que tendrá lugar en Bangkok del 31 de marzo al 2 de abril de 2027, reunirá a bancos públicos de desarrollo de todo el mundo, junto con gobiernos y la sociedad civil, para debatir su papel en la financiación del desarrollo sostenible. Al ser la primera edición celebrada en Asia, ofrecerá una nueva oportunidad para impulsar una mayor transparencia, rendición de cuentas y una participación significativa de la sociedad civil en las decisiones de inversión. Forus, que copreside la nueva Coalición «Finance in Common» entre bancos públicos de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, seguirá abogando por vínculos más sólidos entre los bancos públicos de desarrollo y las plataformas nacionales de la sociedad civil, garantizando que las prioridades de las comunidades contribuyan a dar forma a los proyectos y políticas que afectan a sus vidas. Estos debates seguirán siendo fundamentales en los próximos foros internacionales sobre economía y desarrollo.
