En la región de los Grandes Lagos, expresarse con libertad se está convirtiendo en un ejercicio de equilibrio, a veces entre la libertad de expresión y la seguridad personal. Ante las restricciones administrativas, la presión política y una tensa situación de seguridad, los periodistas y los actores de la sociedad civil operan en un entorno cada vez más limitado.

Según CIVICUS Monitor, varios países de la región se encuentran entre aquellos en los que el espacio cívico se clasifica como «reprimido» o «cerrado», lo que indica restricciones significativas a las libertades fundamentales.

En la República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, el espacio cívico se describe como «reprimido» en el informe de marzo de 2025 CIVICUS Watchlist – RDC.

Restricciones múltiples y estructurales

Para los entrevistados, las limitaciones adoptan diversas formas: restricciones administrativas, intimidación, detenciones arbitrarias o restricciones de financiación. «Existen numerosas restricciones, especialmente en lo que respecta al acceso a la información, la libertad de mantener una opinión contraria a la del poder gobernante y el libre intercambio de opiniones en un debate televisado», explica un observador.

En Burundi, las actividades de ciertas organizaciones de la sociedad civil han sido suspendidas o estrictamente reguladas. Si bien organizaciones como PARCEM u OLUCOME han intentado reanudar sus actividades desde 2020, sus iniciativas se ven obstaculizadas regularmente por la denegación de autorizaciones o por interrupciones en sus operaciones.

Hoy en día, las organizaciones pueden trabajar en temas relacionados con el desarrollo local o el emprendimiento, pero se enfrentan a grandes obstáculos cuando se trata de gobernanza, corrupción o derechos humanos.

Un entorno regional tenso

Esta tendencia no se limita a un solo país. En toda la región de los Grandes Lagos, las preocupaciones en materia de seguridad nacional se citan con frecuencia para justificar las restricciones a las libertades civiles.

Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), varios países de la región se sitúan entre los últimos puestos en materia de libertad de prensa, lo que refleja un entorno difícil para los periodistas.

Al mismo tiempo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan regularmente casos de intimidación, detención arbitraria o acoso contra actores de la sociedad civil.

Los mecanismos de apoyo siguen siendo limitados

Ante estos retos, existen mecanismos de alerta y apoyo, pero siguen siendo insuficientes. Las redes regionales están estableciendo sistemas de alerta temprana y apoyo jurídico, mientras que algunas organizaciones locales ofrecen apoyo a los periodistas que han sido detenidos o amenazados.

Sin embargo, como señala un activista de la sociedad civil, «estos mecanismos siguen siendo limitados dada la magnitud de las necesidades».

La autocensura como reflejo de supervivencia

En este contexto, la autocensura se está convirtiendo gradualmente en una estrategia de supervivencia.

«Hay que saber cuándo contenerse y alinearse con la narrativa dictada por quienes están en el poder cuando es necesario alzar la voz», explica Jessé Busomoke. Según él, esta dinámica se extiende ahora más allá de los periodistas: «Esta autocensura se ha convertido en un reflejo de supervivencia en la sociedad».

Este fenómeno se observa ampliamente en toda la región. En Burundi, algunos actores prefieren foros de debate informales para abordar temas delicados, evitando plataformas públicas más expuestas. En la RDC y Ruanda, los medios de comunicación suelen eludir los temas políticamente delicados o adaptar su cobertura.

Contextos nacionales contrastantes

A pesar de este panorama preocupante, están surgiendo tendencias contrastantes.

En la República Democrática del Congo se han observado algunos avances tras las recientes transiciones políticas, con una relativa apertura del panorama mediático, aunque estos logros siguen siendo frágiles, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto en el este.

En Burundi también se han observado signos de apertura, en particular con el regreso gradual de ciertos actores de la sociedad civil. Sin embargo, el espacio sigue siendo limitado y está fuertemente vigilado, tal y como destaca el CIVICUS Monitor – Burundi.

Sociedad civil: entre la resiliencia y las limitaciones

A pesar de las restricciones, la sociedad civil sigue reorganizándose. «La sociedad civil burundesa está intentando recuperar su lugar en el debate público, aunque aún queda un largo camino por recorrer», afirma un actor local.

Para muchos observadores, es esencial que las organizaciones de la sociedad civil sean reconocidas como socios para el desarrollo en lugar de como oponentes.

«Allí donde las OSC no pueden trabajar libremente, el riesgo de fragilidad social es real», subraya un analista.

Un equilibrio frágil

La evolución del espacio cívico en la región dependerá en gran medida de la capacidad de los Estados para conciliar los imperativos de seguridad con el respeto de las libertades fundamentales.

Pero en un contexto en el que expresarse abiertamente puede exponer a las personas a riesgos reales, una pregunta sigue sin respuesta:

¿quién puede seguir hablando libremente —y a qué precio?

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