A lo largo de mi trayectoria en la sociedad civil, he aprendido que influir en las políticas públicas no consiste únicamente en ocupar puestos de toma de decisiones. También se consigue mediante la movilización ciudadana, a través del conocimiento generado sobre el terreno, mediante la creación de alianzas y gracias a la capacidad de hacer oír las voces de aquellos grupos cuyas realidades suelen estar ausentes de los espacios de toma de decisiones. Ese es el espíritu que ha guiado mi compromiso con el movimiento por los derechos de las mujeres en Marruecos y, en un sentido más amplio, con la sociedad civil africana. Empecé como activista en una organización feminista antes de ocupar el cargo de presidenta durante varios años, una experiencia que me permitió participar en diversas iniciativas de defensa que contribuyeron a orientar el debate público y determinadas políticas a favor de los derechos de las mujeres.

Una de las experiencias más significativas fue mi participación en la Coalición «Primavera de la Dignidad». Juntas, redactamos memorandos de políticas, formulamos propuestas de reforma legislativa, organizamos reuniones con responsables públicos y lideramos campañas de movilización ciudadana a nivel nacional, incluyendo acciones simbólicas como la cadena humana de solidaridad con las sobrevivientes de la violencia, la Marcha Blanca y la Marcha Naranja —iniciativas que contribuyeron a reforzar la visibilidad de las reivindicaciones de las mujeres y a situar de forma duradera la lucha contra la violencia de género en la agenda pública. También contribuí a las iniciativas de defensa en torno a la reforma del Código de Familia: a través del trabajo en el seno de IPDF (Iniciativas para la Protección de los Derechos de la Mujer) y de coaliciones nacionales, impulsamos propuestas sobre el matrimonio infantil, la tutela legal, la división de bienes entre cónyuges, los derechos de las madres solteras y el acceso de las mujeres a la justicia. Y, en el marco del programa «Ciudades y espacios públicos seguros» de ONU Mujeres, llevamos a cabo procesos participativos con las mujeres residentes en la medina de Fez para identificar los obstáculos a su movilidad y seguridad en el espacio público; estas recomendaciones contribuyeron a incorporar una perspectiva de género más sólida en determinadas políticas territoriales.

Desde 2009, a través de mi compromiso con el Movimiento por una Democracia con Paridad de Género (MPDP), he contribuido al diseño y la puesta en marcha de estrategias de incidencia en favor de la igualdad de género y del fortalecimiento de la participación política de las mujeres en Marruecos, colaborando en la redacción de memorandos, documentos de posición y propuestas de reforma que alimentaron el diálogo con los responsables públicos y contribuyeron a la evolución del marco legislativo sobre la paridad y la representación política. Mi trabajo se ha centrado en desarrollar enfoques que involucren a múltiples partes interesadas, reuniendo a instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, con el fin de promover un entorno más favorable al liderazgo de las mujeres y a una gobernanza inclusiva; esfuerzos que han contribuido a mejorar el acceso de las mujeres a cargos electos y a puestos de responsabilidad dentro de las instituciones representativas. Entre las iniciativas emblemáticas en las que he colaborado se encuentra una caravana nacional de sensibilización, que recorrió todo el Reino para reforzar la movilización ciudadana en torno a los principios de la democracia con paridad de género, un compromiso que, junto con el de otras mujeres líderes, ayudó a crear un terreno fértil para la fundación de la Academia de Mujeres Líderes de Marruecos.

Por último, quiero destacar mi experiencia en Espace Associatif, donde actualmente cumplo mi segundo mandato como presidenta. A través de un proyecto apoyado por Forus, lideré un proceso de defensa del derecho a la educación en la provincia de Al Haouz, gravemente afectada por el terremoto de 2023, movilizando a organizaciones de la sociedad civil, cargos electos municipales y provinciales, y administraciones territoriales en torno al acceso equitativo a la educación. La labor de defensa se basó en las necesidades expresadas por los residentes de las aldeas más aisladas —muchas de las cuales siguen siendo de difícil acceso debido a la falta de una infraestructura viaria adecuada— y, a través del diálogo, la consulta y las recomendaciones basadas en la realidad sobre el terreno, contribuyó a sensibilizar a las autoridades territoriales y a definir sus prioridades de intervención en favor de un mejor acceso a la educación en las zonas más marginadas. Estas experiencias me han convencido de que una defensa eficaz se basa en la combinación de un sólido conocimiento de las realidades locales, la creación de coaliciones sólidas y un diálogo sostenido con las instituciones públicas.

El principal reto hoy en día ya no es simplemente aumentar el número de mujeres presentes en las instituciones, sino reforzar su capacidad para influir de verdad en las decisiones y en las políticas públicas. La persistencia de normas sociales y culturales que siguen asociando el poder político con los hombres sigue siendo un obstáculo importante: las mujeres suelen disponer de menos recursos económicos, de redes de influencia más limitadas y de un acceso más difícil a los espacios donde realmente se toman las decisiones. Otro reto radica en la brecha entre la representación y el poder real: incluso allí donde la presencia de las mujeres en las instituciones está aumentando, siguen estando infrarrepresentadas en los puestos ejecutivos y en los espacios de toma de decisiones estratégicas. La violencia política y digital también es una preocupación creciente, y las mujeres rurales, las jóvenes y las mujeres de grupos marginados siguen enfrentándose a obstáculos específicos que limitan su participación efectiva.

La experiencia demuestra que los avances más significativos en la influencia de las mujeres en las políticas públicas rara vez son el resultado de una única medida: las estrategias más eficaces suelen combinar la reforma institucional, el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, la movilización ciudadana, la acción colectiva y el diálogo con los responsables de la toma de decisiones. Uno de los enfoques más eficaces ha sido la puesta en marcha de mecanismos que faciliten el acceso de las mujeres a las instituciones de toma de decisiones. Ruanda destaca como un referente importante en este sentido: gracias a mecanismos que garantizan una sólida representación de las mujeres en las instituciones políticas, el país cuenta hoy con una de las tasas más altas de mujeres parlamentarias del mundo, una presencia que ha contribuido a impulsar políticas sobre la violencia de género, la salud materna y los derechos económicos de las mujeres. Sudáfrica ofrece otro ejemplo: las reformas internas de varios partidos políticos a favor de la paridad de género en las candidaturas han incrementado de forma duradera la presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, mientras que en Nigeria los programas de tutoría y formación han permitido a las mujeres desarrollar habilidades en materia de negociación, gobernanza local y liderazgo político, lo que ha facilitado su acceso a responsabilidades a nivel comunitario.

Otra estrategia especialmente eficaz se basa en la creación de coaliciones y la formación de alianzas. En Uganda, las colaboraciones entre organizaciones de la sociedad civil y mujeres parlamentarias han impulsado con éxito varias reformas a favor de la igualdad de género —una experiencia que demuestra que la influencia de las mujeres suele ser mayor cuando se ejerce de forma colectiva y organizada—. En Marruecos, varias experiencias demuestran también la eficacia de este enfoque: la reforma del Código de Familia probablemente no habría sido posible sin años de movilización por parte de asociaciones de mujeres, consultas ciudadanas y propuestas de reforma basadas en la experiencia sobre el terreno, lo que demuestra que una sociedad civil estructurada, capaz de elaborar análisis sólidos y de entablar un diálogo con las instituciones, puede contribuir directamente a la evolución de las políticas públicas.

Mi propia trayectoria me ha convencido de la fuerza de la acción colectiva. En el seno de la Coalición «Primavera de la Dignidad», combinamos varias formas de defensa de los derechos —la redacción de memorandos de reforma, el diálogo con las autoridades públicas, las campañas nacionales de sensibilización y la movilización ciudadana, incluida la cadena humana de solidaridad con las supervivientes de la violencia, la Marcha Blanca y la Marcha Naranja—, que dieron visibilidad a las reivindicaciones de las mujeres, sensibilizaron ampliamente a la opinión pública y contribuyeron a integrar de forma duradera la lucha contra la violencia de género en la agenda política nacional. También he sido testigo de primera mano de la importancia de generar conocimiento basado en el terreno: a través del Centro Batha y de nuestra participación en la red nacional Anaruz, los datos recopilados de las mujeres supervivientes de la violencia se han incorporado directamente al trabajo de defensa de derechos y han reforzado el diálogo con las instituciones públicas en torno a la mejora de los mecanismos de protección y el acceso a la justicia. Y a través del programa «Ciudades seguras y espacios públicos seguros» de ONU Mujeres, la movilización conjunta de las residentes, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil ayudó a identificar los obstáculos a la movilidad y la seguridad de las mujeres en el espacio público, con recomendaciones que se incorporaron directamente al Plan de Acción Comunal de Fez —lo que ilustra de manera concreta cómo la participación de las mujeres puede dar forma a la política territorial—. En conjunto, estas experiencias demuestran que las estrategias más eficaces son aquellas que combinan la representación política, el liderazgo de las mujeres, la acción colectiva, datos sólidos, la movilización ciudadana y el diálogo constructivo con las instituciones; es esta combinación la que permite a las mujeres no solo acceder a los espacios de toma de decisiones, sino, sobre todo, ejercer una influencia real y duradera en su seno.