Las mujeres son la historia 

Una mujer entrevistada durante reuniones comunitarias en Mokhotlong describió haber recibido una oferta de compensación por cincuenta años de ingresos perdidos, una suma que calificó como muy insuficiente para reconstruir un medio de vida. Su historia no es una excepción. En todas las dimensiones del LHWP, los impactos no son neutros en cuanto al género; las mujeres soportan una carga desproporcionada y poco reportada del daño, debido a barreras estructurales que se acumulan. 

En todas las dimensiones del LHWP, los impactos no son neutros en cuanto al género; las mujeres soportan una carga desproporcionada y poco reportada del daño, debido a barreras estructurales que se acumulan. 

Comunidades de Ha Mohale fueron reasentadas en Thuathe entre 2002 y 2004 — con promesas de compensación, agua, electricidad y un camino para reconstruir sus vidas. Muchas de esas promesas, según los residentes, nunca se cumplieron. 

El conflicto legal central se ha centrado en la compensación: las comunidades buscaban pagos individuales, mientras que la política de la LHDA exigía que la compensación comunitaria se compartiera con la comunidad receptora. Un tribunal falló a favor de la posición de la LHDA. El Centro Legal Seinoli — que brinda apoyo jurídico a las comunidades afectadas — sostiene que el tribunal no consideró adecuadamente las pruebas y priorizó la política institucional por encima de los derechos constitucionales. La comunidad desea apelar. 

Con un acceso financiero limitado, la comunidad depende de la asistencia legal y del financiamiento de ONG para continuar el caso. Como señaló el periodista que cubre este tema, el financiamiento de donantes nunca es suficiente. Es limitado. Y no existe un mecanismo sostenido que garantice que estas organizaciones puedan seguir defendiendo a las personas que no tienen a nadie más. 

Las políticas de compensación implementadas por la Autoridad de Desarrollo de las Tierras Altas de Lesoto (LHDA) también generan desventajas para las mujeres, ya que consideran al jefe de hogar masculino como el receptor predeterminado de los pagos. El resultado, en la práctica, es que las mujeres, incluso cuando tienen derechos legales sobre la tierra, quedan sistemáticamente excluidas de recibir beneficios directos. Los hallazgos del Centro Legal Seinoli, que apoya a 17 comunidades directamente afectadas, confirman este patrón: las mujeres están perdiendo acceso a tierras de las que dependen para su alimentación e ingresos, mientras que los sitios de reasentamiento carecen de agua potable y suelos fértiles, lo que profundiza su vulnerabilidad. Además, la LHDA continúa operando sin una política de género ni un marco sensible a estas cuestiones, incluso mientras los financiadores del proyecto siguen desembolsando fondos. Lea el análisis completo aquí. 

Esto contradice directamente la propia Ley de Tierras de Lesoto de 2010, que otorga a ambos cónyuges derechos iguales sobre la tierra y la propiedad. Como informaron los periodistas que participaron en la visita de campo, las consecuencias se extienden a las familias. En las comunidades afectadas por la Fase II, los pagos de compensación se han convertido en una fuente de conflicto intrafamiliar: tíos y padres que desplazan a las mujeres de tierras que pertenecían a sus familias; esposos que reciben pagos por tierras pertenecientes a esposas de las que se han separado; hombres que utilizan el dinero de la compensación de formas que excluyen completamente a sus parejas e hijos. 

Más allá de la compensación, el tejido social de las comunidades afectadas se ha visto alterado por la llegada de un gran número de trabajadores de la construcción. La documentación de campo señala un aumento de la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, incluyendo informes de relaciones transaccionales con contratistas con poder económico, mayor exposición a enfermedades de transmisión sexual y un incremento de la violencia doméstica. Los trabajadores alojados en campamentos lejos de sus familias han contribuido a cambios en las normas comunitarias en torno al alcohol y las relaciones. 

Por qué las OSC y los BPD deben trabajar juntos 

Las instituciones que financian la Fase II del LHWP — el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB) y el Banco de Desarrollo de África Austral (DBSA) — tienen la responsabilidad de exigir que se apliquen salvaguardas sociales y de género. Dado que los mecanismos efectivos de rendición de cuentas siguen siendo limitados, la sociedad civil está abogando por respuestas institucionales más rápidas y adecuadas, así como por alianzas significativas. 

El acuerdo de préstamo del NDB por 3.200 millones de rand para la Fase II, firmado durante la Cumbre de los BRICS de 2023, planteó serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien se prevé que el proyecto aumente el suministro de agua para aproximadamente 15 millones de personas en Gauteng, estos beneficios no están garantizados para las miles de comunidades directamente afectadas en Lesoto. Las organizaciones de la sociedad civil han instado al NDB a adoptar urgentemente una política de género y garantizar una consulta comunitaria significativa, en particular para las mujeres que históricamente han sido excluidas. Lea más aquí. 

“Las OSC están en la primera línea tratando de promover los derechos de las personas marginadas — pero deben ser empoderadas para acceder al sistema judicial, para presentar casos ante los tribunales y hablar en nombre de las comunidades marginadas. Es necesario que todos defiendan al más vulnerable”, señaló un participante del Centro Eminente de Periodismo de Investigación.

El entorno para la sociedad civil en Lesoto está bajo una presión creciente, como lo destacan recientes alertas del EU SEE. Estas alertas reflejan un deterioro del entorno habilitante, marcado por restricciones gubernamentales a los sindicatos y la detención arbitraria del editor de The Lesotho Times y Sunday Express, así como de un activista en redes sociales tras reportajes sobre corrupción, acciones que evidencian un esfuerzo deliberado por silenciar la crítica. Además, el proyecto de Ley de Delitos Informáticos y Ciberseguridad sigue siendo una amenaza significativa; si se aprueba sin enmiendas compatibles con los derechos humanos, podría criminalizar precisamente el tipo de periodismo de investigación que sacó a la luz los abusos del LHWP. 

Este escenario resalta la necesidad de fortalecer las relaciones entre los BPD y las OSC para cerrar la brecha de rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura a gran escala. Mientras que los BPD proporcionan el marco financiero y las salvaguardas a alto nivel, las OSC cuentan con la confianza local y los datos a nivel territorial necesarios para identificar cuándo estas salvaguardas fallan en la práctica. Al fomentar relaciones de colaboración con las OSC, los BPD pueden ayudar a garantizar que los proyectos sean sensibles al género y estén basados en derechos, evitando así la exclusión sistemática de los grupos marginados de los beneficios del desarrollo. 

A pesar de las barreras, en Lesoto el cambio es posible — y la sociedad civil lo ha demostrado. La aprobación de la Ley de Herencia, que otorgó a las mujeres el derecho a heredar y poseer tierras, se logró en gran parte gracias a la incidencia sostenida de organizaciones como Moafrika. En agosto de 2025, Lesoto adoptó una Décima Enmienda Constitucional que fortalece la capacidad de las OSC para presentar casos en nombre de comunidades marginadas. El Proyecto de Ley de Participación Pública, aprobado por la Asamblea Nacional en mayo de 2025, con el apoyo del Centro de Recursos para la Transformación, podría proporcionar un marco legal formal para la participación de las OSC en el tipo de políticas de desarrollo que rigen proyectos como el LHWP. 

A medida que las OSC acompañan a las comunidades afectadas, los periodistas locales recogen testimonios que cuestionan las narrativas oficiales, y la distancia entre una decisión tomada en una sala de juntas y una mujer que pierde su tierra se vuelve imposible de ignorar, se fortalecen los llamados a una mayor rendición de cuentas y a cambios significativos en las políticas.