Maputo, 6 de enero de 2025 - Mozambique lleva más de dos meses sumido en una crisis postelectoral tras las elecciones generales de octubre. Lo que debería haber sido un momento positivo para la democracia ha puesto de manifiesto graves deficiencias en los sistemas electorales y de gobernanza del país, cuando miles de personas se echaron a la calle por un supuesto fraude electoral.   

A ello siguieron alarmantes patrones de represión y violaciones de los derechos humanos, documentados por JOINT, la Liga de ONG de Mozambique, una coalición de organizaciones de la sociedad civil.  

En respuesta a estas irregularidades electorales, millones de mozambiqueños se movilizaron en manifestaciones pacíficas, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Ejerciendo su derecho constitucional de reunión, consagrado en el artículo 51, aproximadamente dos millones de ciudadanos participaron en protestas en todo el país, con una notable representación de jóvenes y mujeres.  

Sin embargo, lo que comenzó como una reivindicación pacífica de los derechos democráticos se topó con una respuesta violenta y desproporcionada por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad, como han demostrado los vídeos, imágenes e informes de testigos. Las fuerzas de defensa y seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y munición real contra manifestantes desarmados, lo que causó numerosas víctimas.  

Los informes de las organizaciones de derechos humanos dibujan un panorama desolador: al menos 110 muertes (hasta el 11 de diciembre de 2024), más de 1.700 heridos y 3.000 detenciones durante los últimos meses de protestas. Sólo en la última semana han muerto más de 30 manifestantes. Se han documentado incidentes especialmente inquietantes, como el atropello deliberado de civiles por vehículos militares, como la muerte de un manifestante en la avenida Eduardo Mondlane de Maputo. 

La violencia no terminó en las calles. Las autoridades mozambiqueñas impusieron severas restricciones a Internet -incluidos cierres- para acallar la disidencia e interrumpir la comunicación, aislando a los mozambiqueños e «invisibilizando» la crisis. Estas acciones reflejan pautas más amplias de represión estatal que han restringido cada vez más los derechos colectivos en Mozambique. 

«Los recientes apagones en el país siguen una tendencia preocupante que las autoridades de Mozambique iniciaron en octubre de 2023, cuando impusieron por primera vez un apagón total de Internet durante al menos tres horas durante las elecciones locales. No debe permitirse que continúe la práctica habitual de las autoridades mozambiqueñas de apagar Internet con motivo de las elecciones y en tiempos de agitación política», afirma la coalición #KeepItOn contra los cortes de Internet. 

A lo largo de los años, el espacio cívico de Mozambique -actualmente considerado «reprimido»- se ha enfrentado a crecientes desafíos a pesar de sus garantías constitucionales de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.  

Las organizaciones de la sociedad civil, que surgieron rápidamente en la década de 1990 como socios en el desarrollo social, han sido etiquetadas más recientemente como «agentes de intereses extranjeros», una narrativa a menudo propagada por los actores políticos a través de los medios de comunicación tradicionales y sociales.  

Desde la década de 2000, las organizaciones de la sociedad civil se han centrado en la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza. Sin embargo, sus crecientes esfuerzos y su legitimidad se han topado con reacciones contrarias, como restricciones de las libertades, amenazas e intimidación judicial. Las agresiones más sonadas a periodistas y activistas ponen de manifiesto un clima peligroso en el que la disidencia se responde con violencia o represión.  

«Los reporteros son blanco constante de la policía y los manifestantes durante las protestas que sacuden el país. En lugar de garantizar la protección de los periodistas, las autoridades encubren las agresiones contra los reporteros y la terrible represión de los manifestantes cortando el acceso a Internet», ha declarado Sadibou Marong, Director de la Oficina de África Subsahariana de Reporteros sin Fronteras. 

Las estrictas y represivas leyes de concesión de licencias para los medios de comunicación introducidas en 2018 han sido criticadas como intentos de sofocar el periodismo independiente. En 2022, el gobierno mozambiqueño presentó una nueva propuesta para unificar y racionalizar el régimen jurídico de las asociaciones y las ONG en un marco único, lo que suscitó el debate entre los actores de la sociedad civil ante el temor de que condujera a un mayor control estatal sobre la sociedad civil, lo que podría sofocar la disidencia y limitar la independencia operativa de las organizaciones. 

La crisis de Mozambique no es un caso aislado. La comunidad internacional tiene las herramientas y la responsabilidad de actuar. Mozambique es miembro de organizaciones regionales e internacionales clave, como la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), la Unión Africana y las Naciones Unidas. El equipo de observación electoral de la UE condenó los resultados de las elecciones, pero la crisis sigue desarrollándose ante nuestros propios ojos. Estos organismos deben intervenir para exigir responsabilidades al gobierno, proteger los derechos de los ciudadanos y evitar una nueva escalada.  

«Las ONG de Mozambique trabajan en algunas de las condiciones más restrictivas e incluso peligrosas de la región, y han sido efectivamente silenciadas», afirma Freedom House. “Varios dirigentes de ONG fueron acosados, detenidos, secuestrados o asesinados”. 

La sociedad civil exige que se rindan cuentas mediante investigaciones independientes de los abusos contra los derechos humanos para garantizar que los responsables rinden cuentas. Hay que presionar para que se restablezcan las libertades, lo que incluye levantar las restricciones a Internet y salvaguardar la libertad de expresión y reunión. Los actores regionales e internacionales deben facilitar el diálogo inclusivo entre los líderes políticos, la sociedad civil y los partidos de la oposición para resolver las irregularidades electorales y restablecer la confianza. Además, la comunidad internacional debe apoyar las reformas democráticas para fortalecer las instituciones de Mozambique y prevenir futuras crisis. 

Este silencio tiene un coste. El pueblo de Mozambique ha demostrado un valor extraordinario al defender sus derechos. Ahora corresponde a la comunidad internacional asegurarse de que sus voces se escuchan en lugar de hacer la vista gorda. 

Contenido gráfico.  Imágenes compartidas por grupos de la sociedad civil con Forus tras el ataque a manifestantes en Maputo, Mozambique.