NUEVA YORK, 7 de septiembre de 2026 (IPS) - La 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU 81) se inaugura mañana en un momento especialmente importante para el multilateralismo. La iniciativa de reforma «UN80» ha entrado en lo que el secretario general describe como una fase decisiva. Los Estados miembros están eligiendo al próximo secretario general. La Agenda 2030 entra en sus últimos cuatro años, mientras comienzan las conversaciones sobre cuál debería ser su sucesora.

 

Estos debates suelen tratarse por separado, pero están relacionados: ¿garantizará la próxima fase del multilateralismo que la ONU escuche a las comunidades y mejore la rendición de cuentas? ¿Reducirá la desigualdad, acercará las decisiones y los recursos a las comunidades y reforzará los derechos humanos?

 

Creemos que debe hacerlo. Por ello, la confianza, la transformación y la obtención de resultados constituyen el núcleo de las decisiones que nos esperan. Defender el multilateralismo, sin embargo, no significa oponerse a la reforma. Significa reforzar su capacidad para cumplir el propósito para el que existe: promover la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

 

«Mientras buscamos la reforma, somos plenamente conscientes de que el sistema se ha construido a lo largo de décadas y de que muchos de nosotros podemos seguir reproduciéndolo sin querer. Por ello, proponemos utilizar un sencillo marco de tres mundos: el mundo que tenemos, el mundo con el que soñamos y el mundo que podemos cambiar. De este modo, nuestro mensaje es: el cambio en el equilibrio de poder no es un ajuste técnico opcional; es una necesidad política e institucional absoluta», afirma el Dr. Moses Isooba, director ejecutivo del Uganda National NGO Forum (UNNGOF) y copresidente de Forus.

 

 

La reforma puede acercar a la ONU a la gente

 

UN80 representa una oportunidad genuina: no para reducir la ambición de las Naciones Unidas, sino para reforzar su capacidad de obtener resultados. Existen bases alentadoras sobre las que construir. Los Estados miembros han acordado que la reforma de los mandatos debe centrarse en el impacto, preservar el equilibrio entre la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo, reforzar la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos empíricos, y garantizar que los mandatos sean oportunos, coherentes y cuenten con los recursos adecuados.

 

Será especialmente importante lo que la reforma signifique a nivel nacional y regional. Para muchas organizaciones de la sociedad civil, especialmente en lugares donde las libertades cívicas se ven amenazadas, las Naciones Unidas distan mucho de ser algo abstracto. Las normas internacionales pueden proporcionar protección y legitimidad. Los mecanismos de la ONU pueden crear vías para la rendición de cuentas. Los espacios multilaterales pueden permitir que las preocupaciones locales y nacionales lleguen a los responsables de la toma de decisiones cuando otros canales están cerrados.

 

Las propuestas actuales prevén una presencia de las Naciones Unidas en los países más coherente, receptiva y contextualizada, así como una coordinación más sólida a través del sistema de coordinadores residentes. Esto podría mejorar el acceso a los conocimientos especializados de toda la ONU en materia de desarrollo, derechos humanos, acción humanitaria, paz y prevención. El objetivo es que el apoyo se adapte mejor a las prioridades y necesidades nacionales, en lugar de permitir que sean únicamente las estructuras institucionales las que determinen el funcionamiento del sistema.

 

 

Pero «centrado en el país» no debería significar «solo en el Gobierno».

 

Para comprender las prioridades nacionales también es necesario escuchar a las personas que viven en la práctica las políticas y los programas. Las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades locales y los movimientos sociales suelen detectar los retos emergentes antes que las instituciones. Además, poseen conocimientos sobre lo que funciona, lo que no y en qué ámbitos los compromisos internacionales no llegan a la población.

 

Las plataformas nacionales de ONG y las coaliciones regionales pueden desempeñar un papel especialmente útil y estratégico. Al reunir a diversas organizaciones de la sociedad civil, ayudan a conectar la experiencia de las comunidades con los debates políticos nacionales y a vincular las perspectivas nacionales y regionales con las instituciones globales —un enfoque que debería fomentarse en el marco de la reforma—.

 

Lo mismo se aplica a la rendición de cuentas. Una revisión más rigurosa de los mandatos y un mejor uso de los datos pueden ayudar a trazar una línea más clara entre lo que acuerdan los Estados miembros, lo que aplican las instituciones, los recursos que se utilizan y los cambios que se producen como resultado. Esto es positivo. Pero la medición del impacto también debería basarse en la experiencia de aquellos a quienes las políticas y los programas pretenden servir.

 

Antes de la última Asamblea General de las Naciones Unidas, Forus propuso tres preguntas sencillas para evaluar la reforma de las Naciones Unidas:

 

1. ¿Reduce las desigualdades en cuanto a quién se beneficia y quién está protegido?
2. ¿Acerca las decisiones, los recursos y la rendición de cuentas a las comunidades?
3. ¿Y refuerza los derechos, incluidos los derechos humanos, la igualdad de género y la protección?

«La reforma de la ONU solo tendrá sentido si acorta la distancia entre las instituciones globales y las personas a las que deben servir. Para las comunidades de toda Asia, esto significa un espacio cívico más sólido, una participación genuina en la toma de decisiones y un sistema multilateral que rinda cuentas no solo ante los gobiernos, sino también ante las personas cuyos derechos, medios de vida y futuro se ven determinados por sus decisiones. A medida que nos acercamos a los últimos años de la Agenda 2030, la sociedad civil debe ser reconocida como un socio en pie de igualdad a la hora de configurar tanto la ejecución actual como el marco de desarrollo global que vendrá a continuación», afirma Zia ur Rehman, secretario general de la Asia Development Alliance (ADA).

 

 

La Agenda 2030 y más allá

 

Se necesita el mismo enfoque centrado en las personas ahora que la comunidad internacional entra en los últimos años de la Agenda 2030.

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han impulsado avances importantes, han contribuido a establecer un lenguaje global común para el desarrollo sostenible y han creado un marco a través del cual los gobiernos, la sociedad civil y otros actores pueden compartir una visión ambiciosa.

 

Sin embargo, la implementación sigue estando lejos del nivel requerido. De las 139 metas para las que se dispone de datos de tendencias suficientes, solo el 15 % va por buen camino, según el Informe de las Naciones Unidas sobre los ODS de 2026.

 

La respuesta no debería ser concluir que los propios ODS han fracasado. Debería consistir en preguntarnos, con mayor honestidad y urgencia, cómo podemos acelerar lo que queda por hacer y utilizar lo que hemos aprendido para dar forma a lo que vendrá después.

 

Las carencias de financiación, los conflictos, la creciente carga de la deuda, las desigualdades cada vez mayores, el debilitamiento de la cooperación internacional y la reducción del espacio cívico afectan a la capacidad de los países y las comunidades para lograr un desarrollo sostenible.

 

A principios de este año, Forus presentó su Visión Post-2030, centrada en revertir esta tendencia: proteger la promesa universal y basada en los derechos de los ODS, al tiempo que se abordan las deficiencias que han limitado su aplicación; en particular, en lo que respecta a la financiación, la rendición de cuentas, la localización y la participación significativa de la sociedad civil.

 

El reto consiste en comprender qué hay que defender, qué hay que exigir y qué hay que rechazar a medida que evoluciona la cooperación internacional.

 

Esto implica hacer coincidir la ambición con las condiciones necesarias para convertir los compromisos en realidad: una financiación adecuada y predecible, una rendición de cuentas más sólida, una toma de decisiones inclusiva y vínculos más estrechos entre los compromisos globales y la aplicación a nivel nacional y comunitario.

 

También implica reconocer el espacio cívico y el liderazgo local como parte del entorno propicio para el desarrollo sostenible. Las comunidades y los actores locales necesitan los recursos, el reconocimiento y la oportunidad de contribuir a las decisiones que configuran la aplicación, mientras que la sociedad civil debe poder organizarse, participar y exigir rendición de cuentas a las instituciones de forma segura.

 

Esto requiere un esfuerzo renovado ahora, al tiempo que comienzan a surgir los debates sobre lo que vendrá después de 2030. Este período ofrece una oportunidad importante para aprender de la experiencia en la aplicación antes de que las posiciones se consoliden y para involucrar a la sociedad civil, a las comunidades y a los actores nacionales y regionales desde el principio. Como siempre, el proceso es tan importante como el marco final. Las decisiones sobre la participación, la rendición de cuentas y la financiación no deben zanjarse primero para luego abrirse a la sociedad civil.

 

 

Liderazgo para unas Naciones Unidas en evolución

 

La elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas es otro aspecto importante de este momento. El próximo secretario general heredará una institución sometida a una intensa presión política y financiera. Supervisará la siguiente fase de «UN80», los últimos años de la Agenda 2030 y un período en el que la futura arquitectura del desarrollo será objeto de un debate cada vez más intenso. El próximo secretario general debe tener la independencia, la integridad y el coraje político necesarios para defender el propósito de las Naciones Unidas cuando los actores poderosos prefieran lo contrario.

 

Por lo tanto, los Estados miembros deberían plantearse una pregunta más trascendental: ¿Quién está preparado para dirigir la ONU de acuerdo con su Carta cuando hacerlo resulte políticamente difícil?

 

Eso significa un liderazgo capaz de defender el derecho internacional de forma coherente, sin doble rasero. Un liderazgo dispuesto a utilizar las herramientas políticas y preventivas de la ONU en lugar de limitarse a reaccionar una vez que las crisis se agravan. Un liderazgo que comprenda que la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible no pueden sacrificarse unos en detrimento de otros.

 

También implica un secretario general dispuesto a defender el espacio cívico y a involucrar a la sociedad civil no como un público pasivo, sino como una fuente independiente de pruebas, rendición de cuentas y legitimidad política.

 

El propio proceso de selección debe reflejar esos principios. Forus ha pedido una mayor transparencia e inclusión, y que los Estados miembros consideren seriamente a las candidatas cualificadas. Ocho décadas sin una mujer como secretaria general deberían, por sí mismas, suscitar preguntas sobre la representación dentro de una institución comprometida con la igualdad de género.

 

 

De los compromisos globales al cambio en la vida de las personas

 

A medida que se acerca la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, una participación significativa requiere un acceso temprano a la información, canales inclusivos y multilingües, y oportunidades de participación que vayan más allá de la capacidad de viajar o de desenvolverse en procesos complejos. También debe ser segura, sobre todo teniendo en cuenta que los actores de la sociedad civil se enfrentan a crecientes restricciones, intimidaciones y represalias en muchos países. Y la participación debe tener un propósito: las instituciones deben demostrar cómo los datos, la experiencia y las propuestas de la sociedad civil han influido en sus decisiones.

 

La Carta de las Naciones Unidas comienza con tres palabras perdurables: «Nosotros, los pueblos». Mientras las Naciones Unidas se reforman, eligen a sus próximos dirigentes y miran hacia el futuro del desarrollo sostenible, deberíamos volver a esas palabras.

 

¿Llega la cooperación internacional a las personas allí donde viven? ¿Escucha la ONU y empodera a quienes están más cerca de los retos que pretende abordar? ¿Protege sus derechos y su dignidad? ¿Pueden las comunidades y la sociedad civil contribuir de manera significativa a las decisiones que les afectan? ¿Y se traducen los compromisos globales en mejoras tangibles en la vida de las personas?

 

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ofrece una oportunidad para acercar a las Naciones Unidas a esa promesa: más cerca de las comunidades, más conectadas con la sociedad civil y mejor preparadas para cumplir con las personas a las que se comprometió a servir.

 

 

Justina Kaluinaitė es presidenta de Forus

 

 

 

 

 

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