A medida que los derechos de género se ven sometidos a una presión cada vez mayor en todo el mundo, las defensoras de los derechos de las mujeres y las activistas feministas se están adaptando, resistiendo y construyendo nuevas formas de poder colectivo. En el evento paralelo «Mujeres que defienden los derechos de género en entornos propicios en deterioro», organizado por el Consorcio del Sistema de la Unión Europea para un Entorno Propicio para la sociedad civil (EU SEE) y Forus como parte de la campaña Marcha Con Nosotras por la justicia de género, ponentes de todas las regiones compartieron un mensaje claro: el espacio para la justicia de género se está reduciendo, pero está lejos de callarse.

En todos los contextos, las amenazas convergen. Las leyes restrictivas, la retirada de fondos a las organizaciones de derechos de las mujeres, el auge de las narrativas antigénero y la intimidación directa están reconfigurando las condiciones en las que operan las activistas. Las mujeres y las defensoras de la diversidad de género se ven afectadas de manera desproporcionada, enfrentándose tanto a la exclusión sistémica como a reacciones hostiles dirigidas contra ellas.

Sin embargo, la respuesta es igualmente global. Desde Argentina hasta Afganistán, desde Somalia hasta Malasia y Colombia, los movimientos feministas no están retrocediendo. Se están reorganizando.

Un espacio cada vez más reducido, un impacto desigual

Al presentar los resultados del seguimiento de la UE en Europa Sudoriental, la investigadora Lena Muhs identificó tres patrones recurrentes.

En primer lugar, la intimidación directa y la violencia contra las activistas de género. «Las organizaciones son atacadas bien por su trabajo en materia de género, bien por quiénes son», explicó.

En segundo lugar, el retroceso legal, que incluye la reducción de las protecciones y la introducción de leyes restrictivas. En algunos contextos, las instituciones dedicadas a los derechos de las mujeres han sido desmanteladas o absorbidas por estructuras más débiles.

En tercer lugar, la exclusión estructural, con la eliminación de las perspectivas de género de la educación, las políticas y el discurso público.

Estas dinámicas se refuerzan entre sí. Como señaló Lena: «Vemos más autocensura, más miedo a organizarse». El entorno propicio para la sociedad civil no se está reduciendo por igual: se está reduciendo más rápido y con mayor intensidad para los grupos liderados por mujeres y los grupos LGBTQIA+.

Los recortes de financiación intensifican aún más esta presión. Con los gobiernos retirando su apoyo y la financiación internacional en declive, muchas organizaciones se enfrentan a una incertidumbre existencial.

Argentina: Rápido retroceso de las políticas

Marita González, de CGTRA Argentina, describió la situación en Argentina como un «cambio de paradigma a la inversa». Desde finales de 2023, el Gobierno ha desmantelado instituciones clave en materia de género, incluido el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y ha recortado la financiación destinada a la educación sexual y a los programas sociales.

Las protecciones legales también se han visto amenazadas, junto con discursos públicos que presentan el feminismo como una «ideología destructiva».

El resultado es una doble presión: el retroceso institucional combinado con la estigmatización política. Las organizaciones de mujeres operan ahora en un entorno en el que tanto las políticas como el discurso socavan su legitimidad.

Afganistán: Denunciar el apartheid de género

Horia Mosadiq, defensora de los derechos humanos de Afganistán, realizó una de las intervenciones más urgentes. Desde 2021, el régimen talibán ha borrado sistemáticamente a las mujeres de la vida pública: prohibiendo la educación, restringiendo la libertad de movimiento y excluyendo a las mujeres de la mayoría de los trabajos.

Describió la situación con claridad: «Esto es apartheid de género: discriminación y persecución sistemáticas de las mujeres y las niñas por nuestro género».

A pesar de ello, las mujeres afganas siguen organizándose, a través de la educación clandestina, la defensa de sus derechos y las iniciativas legales internacionales.

Su llamamiento fue directo: «Por favor, únanse a nosotros para reconocer y tipificar el apartheid de género como delito en virtud del derecho internacional».

También advirtió de que la inacción conlleva riesgos de consecuencias globales: «Otros grupos están observando. Este modelo puede extenderse».

Somalia: Violencia en capas e invisible

Iman Ahmed Abdikarin destacó cómo la desigualdad de género en Somalia se mantiene a través de presiones superpuestas: protecciones legales débiles, prácticas nocivas y un acoso digital creciente.

La igualdad de género se suele presentar como un concepto extranjero, lo que deslegitima la defensa de los derechos desde el principio. Las activistas se enfrentan tanto a ataques en línea como a presiones a nivel comunitario que desalientan su participación.

Como se señaló en una reflexión durante la sesión, la violencia no es solo física: «Es sistemática, cultural, digital... y se ve reforzada por leyes que no protegen».

Malasia: Ganar en los tribunales, perder en la práctica

Jernell Tan Chia Eu compartió el caso de Sisters in Islam (SIS Forum Malaysia), que logró una sentencia judicial histórica que invalidaba una fatwa que tildaba a la organización de «desviada».

Sin embargo, la victoria fue parcial. Las autoridades obligaron al grupo a cambiar de nombre y siguen estigmatizando su labor.

«Esto es una guerra de narrativas», explicó Jernell.

«El Estado presenta la defensa basada en los derechos como un ataque a la religión».

Incluso tras el éxito legal, las activistas se enfrentan a la exclusión, al daño a su reputación y a riesgos personales. El caso ilustra una tendencia más amplia: las victorias legales no amplían automáticamente el entorno propicio para la sociedad civil.

Colombia: Más participación, más violencia

Marcela Restrepo Hung, presidenta ejecutiva de la Fundación Foro Nacional por Colombia, destacó una paradoja preocupante: a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también lo hace la violencia contra ellas.

Los casos de violencia electoral contra las mujeres han aumentado drásticamente en los últimos años, incluyendo amenazas, campañas de desprestigio y agresiones físicas.

«A medida que aumenta la participación, aumenta la violencia», señaló.

Las mujeres líderes —especialmente en comunidades rurales y marginadas— se enfrentan a los mayores riesgos. Ni siquiera los espacios políticos progresistas son inmunes. Las narrativas discriminatorias persisten en todo el espectro político.

Estrategias de resistencia

A pesar de estos retos, las ponentes hicieron hincapié en que los movimientos feministas se están adaptando de manera estratégica.

1. Crear alianzas entre sectores: la fragmentación de la sociedad civil debilita el poder colectivo. «Tendemos a trabajar de forma aislada», señaló Jernell. «Pero las amenazas al espacio cívico nos afectan a todos».

La colaboración intersectorial —entre grupos feministas, de derechos humanos y LGBTQI+— es cada vez más esencial.

2. Recuperar el espacio político: Marcela cuestionó la idea de que la sociedad civil deba permanecer al margen de la política. «La política es donde se produce la transformación», afirmó. «Debemos verla como un espacio natural, no como algo que hay que evitar».

3. Reforzar la seguridad digital y física: Desde Somalia hasta Malasia, las activistas están invirtiendo en seguridad digital y en estrategias de organización más seguras, adaptándose tanto a las amenazas en línea como fuera de línea.

4. Utilizar los datos para la incidencia política: Las herramientas de monitorización de la UE para Europa Sudoriental ayudan a las organizaciones a anticipar riesgos y reforzar la incidencia política.

«La presentación de informes nos permite anticipar retos y proteger a las comunidades», explicó Iman.

Para otros, los datos aportan legitimidad y visibilidad, lo que ayuda a traducir las luchas locales en conciencia global.

La crisis de financiación

En todas las intervenciones, destacó un tema: los recursos.

Sin una financiación sostenible, los movimientos feministas no pueden funcionar, organizarse ni influir en las políticas. Como dijo Marcela:

«Sin sostenibilidad financiera, no hay sostenibilidad política».

Las participantes hicieron hincapié en que la financiación no es una cuestión técnica, sino estructural. Los Estados deben asumir la responsabilidad de apoyar la participación ciudadana, en lugar de depender únicamente de una ayuda internacional cada vez más escasa.

La solidaridad sigue siendo esencial, pero ya no es suficiente.

Lo que se necesita ahora es actuar:

Proteger el espacio cívico mediante salvaguardias legales e institucionales

Invertir en el liderazgo feminista y juvenil

Garantizar una financiación sostenible para la sociedad civil

Reconocer y responder a las amenazas emergentes, incluida la violencia digital y las narrativas antigénero

Las experiencias compartidas apuntan a una verdad más amplia: los ataques a los derechos de género no son incidentes aislados. Forman parte de un patrón global y son una señal de alerta temprana del declive democrático.

En todas las regiones, las activistas feministas no solo defienden derechos, sino que sostienen el propio espacio democrático.

Están documentando abusos, organizando comunidades, cuestionando narrativas y presionando a las instituciones para que respondan.

Como recordó una ponente a la audiencia, lo que está en juego es claro:

Cuando se silencia a las mujeres, la democracia se debilita.

Cuando se apoyan los movimientos feministas, la democracia se consolida.

La cuestión ya no es si las mujeres están liderando el cambio. Lo están haciendo.

La cuestión es si las instituciones responderán a su valentía con protección, recursos y medidas concretas.