Un nuevo informe de Forus muestra cómo las leyes, las normas gubernamentales, la presión digital, las narrativas hostiles y las prácticas de los donantes pueden reforzar las restricciones, y qué se necesitaría para convertir los compromisos internacionales en una protección y una participación significativas. 

 

 

Si le preguntas a un líder de la sociedad civil en África qué es lo que le dificulta el trabajo, rara vez obtendrás una única respuesta: una nueva ley de registro, un donante que se ha retirado, una campaña de desprestigio en las redes sociales o una nueva norma de vigilancia. Cada uno de estos factores puede abordarse por separado, pero, en conjunto, suponen algo muy distinto.  

 

En Marruecos, la falta de un recibo de registro puede dejar a las organizaciones de la sociedad civil sin financiación y excluidas de los procesos de gobierno abierto. Los participantes en un nuevo informe de Forus describieron cómo la falta de emisión de documentos definitivos por parte de las autoridades excluía a grupos activos de oportunidades vitales para su labor. 

 

Latifa Soufiani, de Espace Associatif, la plataforma nacional marroquí, describe una brecha entre la ley y la práctica. La legislación marroquí exige a las autoridades que expidan un recibo provisional de inmediato y uno definitivo en un plazo de 60 días; sin embargo, algunas autoridades locales rechazan las solicitudes o nunca expiden los documentos. «La falta de emisión de un recibo definitivo puede convertir el reconocimiento legal en un obstáculo efectivo para la acción asociativa», afirmó. 

 

En la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana, los documentos de registro provisionales pueden caducar antes de que se complete la aprobación oficial. Las normas de diligencia debida de los donantes pueden agravar entonces el problema al rechazar a las organizaciones que carecen de documentos que sus gobiernos no les han facilitado.  

 

 

Restricciones que se refuerzan entre sí 

 

Estos casos se recogen en el informe de Forus  Fortalecimiento del entorno favorable para la sociedad civil: hallazgos y prioridades de acción, un informe global de Forus que se basa en la experiencia de su red, la cual agrupa a 76 plataformas nacionales de ONG y 8 coaliciones regionales de la sociedad civil que representan a más de 24 000 organizaciones de todo el mundo, junto con datos del Sistema de la Unión Europea para un Entorno Propicio para la Sociedad Civil (EU SEE), en 86 países.  

 

La reducción acumulada del entorno propicio para la sociedad civil, incluso en lugares donde siguen vigentes los derechos formales, influye en cómo interpretamos la situación del continente. Un país puede proteger la libertad de asociación y de expresión sobre el papel y, aun así, dificultar que las organizaciones se registren, reciban financiación extranjera, rindan cuentas ante los organismos reguladores o se expresen públicamente sin verse sometidas a ataques contra su legitimidad.  

 

Estas presiones no recaen por igual. Las organizaciones de base, dirigidas por mujeres, por jóvenes y centradas en los derechos pueden enfrentarse a barreras especialmente elevadas en materia de protección, recursos y participación. 

 

Con el tiempo, las restricciones administrativas pueden llegar a estar tan arraigadas en los procedimientos cotidianos que ya ni siquiera se reconocen como tales. Como señaló un participante en las consultas de Forus: «La restricción administrativa se normaliza». Esto está estrechamente relacionado con la financiación: «La financiación forma parte de la infraestructura de un entorno propicio y la actual crisis de financiación es tanto financiera como política». 

 

 

La «zona gris» de las normas técnicas 

 

Esta erosión gradual suele producirse a través de lo que puede describirse como medidas de la zona gris: requisitos de registro, controles de la financiación extranjera, normas antiterroristas y contra el blanqueo de capitales, obligaciones fiscales y de presentación de informes, y normativas de gobernanza digital. A menudo presentadas como cuestiones técnicas o administrativas, estas medidas atraen menos atención y escrutinio públicos que las prohibiciones directas. Sin embargo, su impacto acumulativo puede ser considerable, ya que reducen progresivamente el espacio en el que las organizaciones de la sociedad civil pueden operar, acceder a recursos y participar en la vida pública. Estas experiencias ponen de manifiesto una desconexión cada vez mayor entre los compromisos adquiridos por los gobiernos y los donantes para proteger el espacio cívico y las realidades a las que se enfrentan las organizaciones sobre el terreno. 

 

 

La brecha entre las promesas y la práctica 

 

En 2021, los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE adoptaron una Recomendación sobre el fomento de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Cinco años después, esta norma sigue siendo muy relevante, pero los gobiernos y los donantes no han sabido adaptarse a las realidades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Se han logrado avances: espacios de diálogo, iniciativas de financiación flexibles y herramientas de seguimiento, incluido el Sistema de la UE para un Entorno Favorable para la Sociedad Civil (EU SEE). Sin embargo, los compromisos suelen ser más visibles en las políticas y las reuniones que en una protección fiable, una financiación de calidad o una influencia real. En última instancia, lo que importa es si las organizaciones pueden organizarse, expresarse, acceder a los recursos y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder. 

 

Como destaca el análisis, «la principal laguna en la aplicación radica en si esas medidas son lo suficientemente sólidas, oportunas, coherentes y cercanas a las realidades de la sociedad civil». 

 

 

Las decisiones de los donantes son parte del problema… y de la solución 

 

Esta brecha no se debe únicamente a los gobiernos restrictivos. Las decisiones de los donantes contribuyen a determinar qué organizaciones sobreviven y qué cuestiones siguen siendo financiables. Los recortes bruscos de la ayuda, las subvenciones a corto plazo y los requisitos de cumplimiento rígidos pueden obligar a los grupos a reducir sus actividades de defensa de derechos y a trasladar los riesgos a los actores locales. 

 

Los recortes bruscos de financiación suponen un riesgo estructural para el entorno propicio de la sociedad civil. Tras la congelación de la ayuda estadounidense en 2025, el 67 % de las organizaciones encuestadas informó de un impacto directo y el 40 % perdió entre una cuarta parte y la mitad de sus presupuestos. Las organizaciones de derechos humanos y democracia fueron las más afectadas. Estas crisis transfieren el riesgo a los actores locales y debilitan su capacidad institucional.  

 

El desarrollo liderado a nivel local no es simplemente una cuestión de quién recibe el contrato. La sociedad civil independiente debe poder establecer prioridades, criticar las decisiones y trabajar de forma colectiva. Las plataformas nacionales de ONG y las coaliciones regionales son fundamentales para ello, pero los sistemas de financiación suelen pasar por alto su papel a la hora de conectar las voces locales con los responsables políticos. 

 

Chris Nkwatsibwe, del Uganda National NGO Forum (UNNGOF), advierte de que no se debe tratar la crisis como una mera cuestión de reemplazar la financiación perdida. La cuestión, argumentó, es qué tipo de financiación permite a la sociedad civil mantener su independencia en entornos restrictivos, incluyendo reservas, recursos nacionales y redes de titularidad local que son más difíciles de descartar como influenciadas por el extranjero. «Tenemos que empezar a analizar qué tipo de sociedad civil surgirá de esta crisis», afirmó. 

 

Moses Isooba, copresidente de Forus y director ejecutivo del Uganda National NGO Forum, señaló en la conferencia «Aid Matters 2026» celebrada en Viena: «El poder cambia cuando cambian tres cosas: quién decide, quién controla los recursos y quién define el éxito». 

 

Sus palabras apuntan a un reto fundamental: el cambio de poder también implica reconocer a tiempo las amenazas al espacio cívico y actuar antes de que se consoliden en leyes, políticas y prácticas administrativas. 

 

 

De las alertas tempranas a la acción real 

 

Los sistemas de alerta temprana ofrecen una forma de hacerlo. Pueden ayudar a las organizaciones a identificar proyectos de restricciones y, en ocasiones, a lograr cambios antes de que las leyes entren en vigor. Sin embargo, el informe de Forus sostiene que las alertas deben desencadenar la acción de los miembros del CAD y del ecosistema más amplio de apoyo a la sociedad civil: diálogo oportuno, diplomacia coordinada, protección jurídica y digital, y apoyo rápido y flexible, antes de que las restricciones se consoliden. 

 

Esto también exige coherencia en todo el Gobierno. Los compromisos en materia de desarrollo pierden fuerza cuando las normas de seguridad, contra el blanqueo de capitales o digitales de otras áreas de la misma administración dificultan la organización independiente. 

 

 

Del compromiso a la capacidad  

 

Para los gobiernos donantes, el reto consiste en pasar de compromisos generales a acciones prácticas: actuar antes cuando se deteriore el entorno propicio para la sociedad civil, proporcionar una financiación más predecible y flexible, reducir los onerosos requisitos de cumplimiento, proteger el espacio digital y garantizar que la participación de la sociedad civil influya realmente en las decisiones.  

 

Para Latifa Soufiani, lo que está en juego va más allá de las organizaciones individuales: «No solo defendemos los intereses de nuestra propia organización. Defendemos un principio más amplio: una administración que respete la ley y unos ciudadanos que disfruten de igualdad de derechos a la hora de acceder a los servicios públicos». 

 

La sociedad civil africana no pide que se le exima del escrutinio, sino que se le proporcionen las condiciones necesarias para planificar, actuar de forma independiente y ser escuchada, así como para influir en las decisiones que afectan a sus comunidades. Los datos de este informe muestran qué pueden hacer los miembros del CAD para contribuir a ello. 

 

 

 

Lea el informe: Fortalecimiento del entorno favorable para la sociedad civil: hallazgos y prioridades de acción  

 

 

Aviso legal: Este artículo se publicó por primera vez en la página web de la Agencia de Noticias de Camerún aquí