mié. 18 nov. 2026

Se suponía que la diversificación de la financiación protegería a la sociedad civil: pero no fue así.

El coste social de los recortes presupuestarios


Este informe se basa en las respuestas a una encuesta realizada a 195 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de al menos 68 países, recabadas a través de EU SEE y CIVICUS entre agosto y septiembre de 2026, con el fin de mostrar qué implicaciones tienen, en la práctica, los recortes de financiación y los cambios en las prácticas de los donantes para la labor, la independencia y la voz de la sociedad civil.

Por Clarisse Sih, Bibbi Abruzzini y Jake Wieczorek

 

 

«Todas nuestras subvenciones son anuales y están vinculadas a proyectos concretos. No contamos con reservas ni con financiación básica, lo que significa que la estabilidad, cuando existe, solo dura doce meses».

 

Así es como una organización de la sociedad civil de Argelia nos describió su situación financiera en una encuesta reciente. Es una frase que muchos donantes reconocerían de sus propios expedientes de subvenciones, y que refleja una realidad familiar para muchas organizaciones: años de lidiar con subvenciones a corto plazo, presupuestos restringidos y renovaciones inciertas, con poco margen para planificar más allá del próximo ciclo de financiación.

 

Durante años, se ha animado a las organizaciones de la sociedad civil a diversificar sus ingresos, desarrollar nuevas alianzas y reforzar su resiliencia financiera y de capacidades. Pero la última crisis de financiación —y muchos dirían que crónica— está poniendo de manifiesto el retroceso sistémico de la financiación para el desarrollo. Las fuentes alternativas son escasas, el espacio cívico está bajo presión y el entorno político se está volviendo cada vez más hostil.

 

 

Un golpe más que se suma a una situación ya de por sí difícil

 

La ayuda oficial al desarrollo se redujo en más de un 23 % en 2025, la mayor caída anual jamás registrada, y se prevé que disminuya aún más en 2026. Veintiséis de los 34 miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE recortaron su ayuda, y la congelación de la ayuda estadounidense que acaparó los titulares resultó ser solo una parte de un retroceso más amplio.

 

Para comprender lo que esto significa en la práctica, los socios del consorcio del Sistema de la Unión Europea para un Entorno Favorable para la sociedad civil (EU SEE) —Hivos, Forus, Democracy Reporting International, European Partnership for Democracy, Transparency International y Civicus— realizaron una encuesta entre las organizaciones de sus redes entre agosto y septiembre, y recibieron 195 respuestas de más de 68 países.

 

Los resultados revelan la magnitud de la crisis: tres cuartas partes de los encuestados afirman que su financiación es más baja que en cualquier otro momento de la última década. Un tercio señala que más de la mitad de su presupuesto se ha visto afectado desde enero de 2025, y el 86 % informa de condiciones más estrictas, como la no renovación, la reducción o la cancelación de subvenciones, o incluso requisitos de cumplimiento más complicados.

 

«Los resultados muestran una tormenta perfecta para la sociedad civil. La financiación está desapareciendo justo en el momento en que muchas organizaciones se enfrentan a una mayor presión política. Lo que se está perdiendo no son solo programas y puestos de trabajo, sino las voces independientes que defienden los derechos, dan voz a las comunidades vulnerables y exigen responsabilidades al poder», explica David Kode, director de programas de EU SEE.

 

Las más afectadas fueron las organizaciones de tamaño medio y con arraigo local, a pesar de contar con la financiación más diversificada. Entre ellas, el 90 % informó de recortes en la financiación, el 77 % perdió personal o redujo programas, dos tercios redujeron sus actividades de defensa y de acercamiento a la comunidad, y el 59 % se volvió menos activo públicamente.

 

Se trata de organizaciones que conectan a las comunidades con los servicios, los donantes y los gobiernos locales.

 

«Hemos tenido que sacrificar incluso nuestros propios salarios procedentes de otras fuentes privadas para mantener abierta la ONG, y quienes recibían un salario mensual ahora trabajan a título honorífico», afirmó un encuestado de Honduras.

 

En Indonesia, algunas organizaciones concedieron a su personal permisos sin sueldo, mientras que otras solo pudieron pagar la mitad de los salarios de sus empleados.

 

 

Lo que se pierde más allá de los puestos de trabajo

 

Sin embargo, el daño no es solo económico: casi la mitad de los encuestados señala una reducción de su capacidad de defensa de causas y alrededor del 40 % afirma que se ha vuelto menos activo públicamente o ha reducido su alcance. Un tercio de los encuestados afirma tener menos control sobre sus propias prioridades, y algunos se han alejado de áreas de trabajo controvertidas para mantener su financiación.

 

Al mismo tiempo, casi dos tercios afirman que el trabajo de la sociedad civil se ha vuelto menos seguro desde principios de 2025; más de la mitad señala un mayor escrutinio, acoso o restricciones legales y administrativas, y la mitad apunta a narrativas que presentan a la sociedad civil como influenciada por fuerzas extranjeras.

 

Esto refleja un deterioro más generalizado del entorno en el que opera la sociedad civil. Como señaló un encuestado de Zimbabue: «La actual crisis de financiación no debe considerarse únicamente como un reto financiero; se trata, fundamentalmente, de un reto para el espacio cívico y la gobernanza democrática».

 

«Un entorno propicio no es simplemente la existencia de una política de apoyo. Es poder registrarse sin obstáculos innecesarios, acceder a recursos sin comprometer la independencia, expresarse y organizarse de forma segura y significativa, influir en las decisiones que afectan a las comunidades —y saber que, cuando surgen riesgos, hay instituciones y socios dispuestos y capaces de responder—», afirma Marie L’Hostis, directora de programas y defensa de Forus.

 

Estas afirmaciones no se quedan en mera retórica por mucho tiempo. La relación entre la financiación y el espacio cívico se hace especialmente patente cuando los gobiernos introducen o aplican restricciones a las organizaciones que reciben recursos del extranjero.

 

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele acusó a periodistas y organizaciones de la sociedad civil de hacer un uso indebido de los fondos de USAID como parte de una operación global de blanqueo de capitales, justo cuando se produjo la congelación de la ayuda estadounidense. Unos meses más tarde, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que exige a cualquier persona que reciba fondos del extranjero registrarse y pagar un impuesto del 30 % sobre dichas contribuciones.

 

En septiembre de 2025, organizaciones de larga trayectoria habían comenzado a cerrar: FESPAD, fundada en 1988, y FUDECSO, tras 33 años de labor, anunciaron su disolución, alegando incertidumbre jurídica y una carga financiera insostenible.

 

En Uganda, el proyecto de ley de Protección de la Soberanía de 2026 obligaría a cualquier persona u organización que reciba dinero del extranjero, incluso de ugandeses que vivan en el extranjero, a registrarse como «agente extranjero» y a solicitar la autorización ministerial. En un país donde la mayoría de las ONG dependen de la financiación extranjera, esto convierte la pérdida de fondos de los donantes en una cuestión de supervivencia jurídica. Las leyes sobre agentes extranjeros se están extendiendo, estigmatizando a la sociedad civil y asfixiando la financiación que aún queda.

 

 

El panorama general

 

Las consecuencias van más allá de la pérdida de proyectos concretos. David Kode advirtió de que la crisis actual también implica «una erosión de las relaciones» y una ruptura de la confianza entre los donantes y la sociedad civil.

 

Otro informe de Forus, titulado «Fortalecimiento del entorno favorable para la sociedad civil: hallazgos y prioridades de actuación», llega a una conclusión similar: las crisis repentinas de financiación no son meros reveses financieros, sino amenazas estructurales para la independencia y la capacidad de actuación de la sociedad civil.

 

Como señaló la investigadora del informe, Nicole Walshe, durante la presentación: «Sin recursos, no hay sociedad civil».

 

El informe señala que «estas crisis transfieren el riesgo a los actores locales y debilitan la capacidad institucional». La duración de la financiación, el grado de restricción de sus condiciones y quién decide las prioridades determinan en gran medida si la sociedad civil puede defender sus causas, organizarse colectivamente y exigir responsabilidades a los responsables de la toma de decisiones.

 

 

Entonces, ¿qué marcaría la diferencia?

 

Los donantes deberían garantizar la continuidad antes de que la interrupción se vuelva irreversible: financiación puente, aviso precoz de recortes y retiradas responsables. Deberían hacer que el cumplimiento de las normas sea proporcional al contexto y al riesgo, y financiar la protección jurídica, física y digital. Los encuestados instan a los gobiernos nacionales a proteger el acceso a la financiación nacional y extranjera, así como la libertad de expresión.

 

Los gobiernos pueden agravar la crisis o atenuarla. En Botsuana, cuando los donantes internacionales —entre ellos USAID— se retiraron, el gobierno redujo su propia financiación a la sociedad civil, lo que incluyó la supresión de toda la financiación destinada al Botswana Council of Non-Governmental Organizations (BOCONGO), el organismo nacional que agrupa a estas organizaciones. Las organizaciones que apoyan a algunas de las comunidades más vulnerables del país se quedaron sin apoyo ni internacional ni nacional precisamente en el momento en que más lo necesitaban.

 

Para Chris Nkwatsibwe, del Uganda National NGO Forum (UNNGOF), la sociedad civil necesita una financiación predecible y multiinstitucional, junto con reservas que permitan a las organizaciones resistir la presión política y las crisis financieras. Los recursos nacionales y las formas alternativas de financiación son igualmente importantes para reducir la dependencia de la financiación extranjera y las acusaciones de influencia extranjera.

 

«¿Qué tipo de financiación puede permitir ahora a la sociedad civil mantener una independencia auténtica, pero también seguir prosperando en condiciones de restricciones cívicas?», se pregunta Nkwatsibwe.

 

La oportunidad radica en pasar de financiar a la sociedad civil a compartir el poder con ella: en las decisiones, los recursos y la definición del éxito.

 

Como afirmó el copresidente de Forus, Moses Isooba, en la conferencia Aid Matters 2026 celebrada en Viena: «El poder cambia cuando cambian tres cosas: quién decide, quién controla los recursos y quién define el éxito».

 

En Marruecos, Latifa Soufiani, de Espace Associatif, instó a los donantes internacionales y a las instituciones financieras a que hagan del respeto a la libertad de asociación un elemento central de su cooperación con los gobiernos. «Debemos estar presentes para hacer oír nuestras voces» en la cooperación internacional, argumentó.

 

Luisa Rodríguez Táriba, de la organización venezolana Sinergia, destacó cómo la reducción del apoyo internacional está socavando la capacidad de las organizaciones para mantener sus equipos y proseguir con su labor tanto humanitaria como en defensa del espacio cívico. Tal y como señaló, «la reducción del espacio cívico no se produce de la noche a la mañana. Es un fenómeno multifactorial que se desarrolla a lo largo del tiempo».

 

A pesar de las presiones, recordó un aspecto que debe seguir ocupando un lugar central en las decisiones de financiación: «Lo más importante son las personas», y las comunidades a las que pertenecen deben tener prioridad sobre las instituciones, las prioridades y las agendas de financiación.

 
 
 
 
El informe completo de la encuesta está disponible aquí. Este artículo también se basa en el informe de Forus «Fortalecimiento del entorno favorable para la sociedad civil: hallazgos y prioridades de actuación», disponible aquí. Escucha aquí un podcast con David Kode, coordinador del programa de la UE para Europa Sudoriental, para obtener más información sobre esta encuesta  
 
 
 
Este artículo fue publicado originalmente por Global Voices aquí